Cayeron 100 obreros: redadas migratorias paralizan la construcción en Florida
- 04/06/2025 11:33
La detención de trabajadores indocumentados en obras de construcción agudiza la crisis de mano de obra y eleva los costos en un sector ya bajo presión. Cerca de 100 trabajadores de los 200 que se encontraban levantando una residencia estudiantil cerca de la Universidad Estatal de Florida el pasado jueves no regresaron a sus hogares. Fueron detenidos durante un operativo conjunto en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla de Autopistas de Florida y otras autoridades estatales y federales. No se trata de un hecho aislado: solo días antes, 31 obreros fueron arrestados en Laredo (Texas) y otros 33 en Wildwood (Florida). Más allá del impacto humano y familiar, estos operativos suponen un nuevo golpe a un sector ya tensionado: el de la construcción de viviendas.
Estas detenciones envían una advertencia contundente a los inmigrantes indocumentados que laboran en la construcción, una industria en la que, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), uno de cada cuatro empleados es inmigrante y alrededor del 31% son de origen latinoamericano. Muchos de los detenidos en Florida proceden de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Según el diario español, El País, la profesora de Políticas Públicas y Economía de la Universidad de Michigan, Betsey Stevenson, estima que cerca de la mitad podrían estar en el país sin documentación regular. Ese mismo cálculo lo respalda un informe del Urban Institute, que sugiere que aproximadamente el 54% de estos trabajadores son indocumentados.
“Cuando se ataca a una parte esencial de la fuerza laboral, se limita la capacidad del sector para mantener o expandir la oferta de viviendas”, explica Jorge González-Hermoso, investigador y coautor del estudio del Urban Institute. Según él, las redadas no solo eliminan trabajadores por los arrestos en sí, sino que también generan temor entre quienes permanecen en las obras, incluso entre quienes tienen papeles en regla.
Stevenson coincide en que la incertidumbre crece: “Muchos obreros, aunque estén legalmente en el país, pueden temer ser interceptados por ICE y acabar detenidos sin el debido proceso. La administración actual ha mostrado una política migratoria impredecible, lo que obliga a muchos a pensárselo dos veces antes de salir a trabajar”.
González-Hermoso advierte del “chill effect”, o efecto desalentador, que lleva a trabajadores —incluso legales— a evitar sectores expuestos a redadas, buscando empleos con menor visibilidad ante las autoridades.
Según el Urban Institute, más del 42% de los trabajadores de la construcción están enfocados en proyectos de vivienda. La escasez de mano de obra ya presiona a los mercados en estados clave como California, Texas, Nevada, Nueva York, Florida, Maryland y Nueva Jersey, donde la demanda supera ampliamente la oferta.
Las redadas en sitios de trabajo no son nuevas: se registraron durante los mandatos de George W. Bush, Barack Obama y el primer periodo de Donald Trump. Sin embargo, bajo el gobierno de Joe Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió en 2021 un memorando que suspendía estas acciones. Esa medida fue revocada apenas comenzó el segundo mandato de Trump.
Para González-Hermoso, el mayor problema no es que las obras se detengan por completo, sino que los tiempos de entrega se prolonguen. “Los contratistas tendrán que buscar reemplazos y, para atraerlos, probablemente deban ofrecer mejores salarios”. Este aumento de costos, sumado a factores como los aranceles a materiales, hará que las viviendas nuevas sean más caras, sin aliviar el precio final ni del alquiler ni de la compra.
El déficit de trabajadores no es nuevo. Michael Bellaman, presidente y CEO de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), señala en un comunicado que el sector arrastra una escasez estimada en 439.000 empleados en 2025. “Esto subraya la urgencia de una reforma migratoria profunda. Los trabajadores extranjeros que están aquí legalmente necesitan garantías de que pueden continuar laborando sin temor a represalias”, señala.
Arturo Castellanos, director de políticas públicas del National Immigration Forum, urge a los legisladores de ambos partidos a actuar ante el estancamiento demográfico interno que está dejando sin mano de obra a múltiples sectores. Explica que los visados laborales actuales —como los H-2B y EB-3— son insuficientes para cubrir la demanda: “Los cupos se agotan rápidamente. En el caso del H-2B, por ejemplo, solo se autorizan 66.000 al año”.
Castellanos recuerda que la última gran reforma migratoria fue en 1986: “Era otra época, otro contexto económico y político. Hoy Estados Unidos necesita ajustar sus políticas a una nueva realidad”.
Además, subraya el papel crucial que los inmigrantes han jugado en momentos de crisis. “Después del paso de huracanes como Helene o Milton en Florida, fueron ellos quienes regresaron a las obras para reconstruir. La pregunta es: ¿quién lo hará la próxima vez?”.
Cerca de 100 trabajadores de los 200 que se encontraban levantando una residencia estudiantil cerca de la Universidad Estatal de Florida el pasado jueves no regresaron a sus hogares. Fueron detenidos durante un operativo conjunto en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla de Autopistas de Florida y otras autoridades estatales y federales. No se trata de un hecho aislado: solo días antes, 31 obreros fueron arrestados en Laredo (Texas) y otros 33 en Wildwood (Florida). Más allá del impacto humano y familiar, estos operativos suponen un nuevo golpe a un sector ya tensionado: el de la construcción de viviendas.
Estas detenciones envían una advertencia contundente a los inmigrantes indocumentados que laboran en la construcción, una industria en la que, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), uno de cada cuatro empleados es inmigrante y alrededor del 31% son de origen latinoamericano. Muchos de los detenidos en Florida proceden de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Según el diario español, El País, la profesora de Políticas Públicas y Economía de la Universidad de Michigan, Betsey Stevenson, estima que cerca de la mitad podrían estar en el país sin documentación regular. Ese mismo cálculo lo respalda un informe del Urban Institute, que sugiere que aproximadamente el 54% de estos trabajadores son indocumentados.
“Cuando se ataca a una parte esencial de la fuerza laboral, se limita la capacidad del sector para mantener o expandir la oferta de viviendas”, explica Jorge González-Hermoso, investigador y coautor del estudio del Urban Institute. Según él, las redadas no solo eliminan trabajadores por los arrestos en sí, sino que también generan temor entre quienes permanecen en las obras, incluso entre quienes tienen papeles en regla.
Stevenson coincide en que la incertidumbre crece: “Muchos obreros, aunque estén legalmente en el país, pueden temer ser interceptados por ICE y acabar detenidos sin el debido proceso. La administración actual ha mostrado una política migratoria impredecible, lo que obliga a muchos a pensárselo dos veces antes de salir a trabajar”.
González-Hermoso advierte del “chill effect”, o efecto desalentador, que lleva a trabajadores —incluso legales— a evitar sectores expuestos a redadas, buscando empleos con menor visibilidad ante las autoridades.
Según el Urban Institute, más del 42% de los trabajadores de la construcción están enfocados en proyectos de vivienda. La escasez de mano de obra ya presiona a los mercados en estados clave como California, Texas, Nevada, Nueva York, Florida, Maryland y Nueva Jersey, donde la demanda supera ampliamente la oferta.
Las redadas en sitios de trabajo no son nuevas: se registraron durante los mandatos de George W. Bush, Barack Obama y el primer periodo de Donald Trump. Sin embargo, bajo el gobierno de Joe Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió en 2021 un memorando que suspendía estas acciones. Esa medida fue revocada apenas comenzó el segundo mandato de Trump.
Para González-Hermoso, el mayor problema no es que las obras se detengan por completo, sino que los tiempos de entrega se prolonguen. “Los contratistas tendrán que buscar reemplazos y, para atraerlos, probablemente deban ofrecer mejores salarios”. Este aumento de costos, sumado a factores como los aranceles a materiales, hará que las viviendas nuevas sean más caras, sin aliviar el precio final ni del alquiler ni de la compra.
El déficit de trabajadores no es nuevo. Michael Bellaman, presidente y CEO de la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), señala en un comunicado que el sector arrastra una escasez estimada en 439.000 empleados en 2025. “Esto subraya la urgencia de una reforma migratoria profunda. Los trabajadores extranjeros que están aquí legalmente necesitan garantías de que pueden continuar laborando sin temor a represalias”, señala.
Arturo Castellanos, director de políticas públicas del National Immigration Forum, urge a los legisladores de ambos partidos a actuar ante el estancamiento demográfico interno que está dejando sin mano de obra a múltiples sectores. Explica que los visados laborales actuales —como los H-2B y EB-3— son insuficientes para cubrir la demanda: “Los cupos se agotan rápidamente. En el caso del H-2B, por ejemplo, solo se autorizan 66.000 al año”.
Castellanos recuerda que la última gran reforma migratoria fue en 1986: “Era otra época, otro contexto económico y político. Hoy Estados Unidos necesita ajustar sus políticas a una nueva realidad”.
Además, subraya el papel crucial que los inmigrantes han jugado en momentos de crisis. “Después del paso de huracanes como Helene o Milton en Florida, fueron ellos quienes regresaron a las obras para reconstruir. La pregunta es: ¿quién lo hará la próxima vez?”.