Colombia supera los 11 millones de víctimas tras sumar más de un millón durante el gobierno de Gustavo Petro
- 29/06/2026 09:17
El recrudecimiento de la confrontación entre organizaciones ilegales disparó los desplazamientos, confinamientos y homicidios, mientras persiste una grave emergencia humanitaria
La promesa de convertir a las víctimas del conflicto armado en el eje de su administración terminó enfrentándose a una realidad marcada por el recrudecimiento de la violencia. En los casi cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia incorporó 1.074.190 nuevas víctimas al Registro Único de Víctimas, elevando el saldo histórico del conflicto armado a más de 11 millones de personas.
Las cifras, divulgadas por la propia Unidad para las Víctimas, reflejan que entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2026 el número de afectados por hechos relacionados con la guerra aumentó alrededor de un 10%, impulsado por la expansión y la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
Aunque desde el inicio de su mandato Petro aseguró que gobernaría “por y para las víctimas”, el deterioro de la seguridad en varias regiones del país terminó ampliando la brecha entre ese compromiso y la realidad que enfrentan miles de comunidades.
Durante este periodo presidencial, la Unidad para las Víctimas reconoció a 1.492.003 personas, independientemente de cuándo ocurrieron los hechos violentos que denunciaron. De ese total, más del 72% reportó afectaciones ocurridas entre 2022 y 2024.
El delito que más se repitió fue el desplazamiento forzado, con 1.259.885 registros, seguido por 308.085 amenazas, 171.066 casos de confinamiento, 65.942 homicidios, 19.690 pérdidas de bienes, 16.497 despojos o abandonos forzados de tierras, 15.527 víctimas de atentados o enfrentamientos armados y 15.331 desapariciones forzadas.
La entidad también documentó 14.831 delitos contra la libertad e integridad sexual, 5.425 secuestros, 4.475 lesiones físicas, 1.980 casos de reclutamiento de menores, 1.318 hechos de tortura, 882 lesiones psicológicas y 860 víctimas por minas antipersonal o explosivos improvisados.
Las autoridades aclaran que una misma persona pudo haber sufrido varios hechos victimizantes, por lo que el número de casos supera el total de víctimas registradas.
El impacto del conflicto continúa concentrándose en varias regiones del país.
Los departamentos con mayor número de víctimas durante la administración de Petro fueron Nariño, con 178.160 casos; Norte de Santander, con 177.674; y Antioquia, con 154.952. Les siguen Cauca, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba, Arauca, Sucre y Magdalena.
A nivel municipal, los mayores registros corresponden a Buenaventura, con 92.878 víctimas; Tibú, con 68.489; y Tumaco, con 42.020.
En contraste, los menores niveles de victimización fueron reportados en San Andrés, Amazonas y Vaupés.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo atribuyen el incremento de las víctimas a la transformación de las dinámicas del conflicto, impulsada por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, que en los últimos años habrían incrementado sus estructuras en más de 10.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo.
Solo entre enero y mayo de 2026, la Defensoría reportó 47.000 víctimas de desplazamiento y confinamiento, un promedio cercano a 500 personas afectadas cada día por la intensificación de la guerra en distintas regiones del país.
En ese periodo también se registraron 40 desplazamientos masivos, que afectaron a 7.668 personas, además de 26 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 39.807 habitantes mediante bloqueos armados, toques de queda y controles territoriales impuestos por organizaciones ilegales.
Según la Defensoría, estas acciones limitan el acceso a alimentos, salud y educación, al tiempo que incrementan la vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Uno de los episodios más graves ocurrió en la región del Catatumbo, donde más de 60.000 personas fueron desplazadas por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC lideradas por el frente de “Calarcá”, pese a que este último participa en procesos de negociación con el Gobierno.
Pese al aumento de la violencia, el Gobierno también destaca avances en materia de reparación.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 fueron indemnizadas administrativamente 673.004 personas, una cifra que superó en 112 % la meta inicialmente establecida.
En materia de restitución de tierras, la Unidad de Restitución informó la entrega de 424.813 hectáreas a víctimas de desplazamiento y despojo, mientras que los jueces ordenaron la devolución de 547.745 hectáreas mediante 3.748 sentencias favorables.
Sin embargo, estos avances conviven con un dato que resume la dimensión del desafío: durante la actual administración el número histórico de víctimas del conflicto armado colombiano superó ampliamente los 11 millones de personas, reflejando que la persistencia de la guerra continúa siendo uno de los mayores retos del país.