Condenan a Álvaro Uribe por soborno vinculado a caso de paramilitarismo
- 28/07/2025 23:00
Tras 67 audiencias, la jueza Sandra Heredia emitió un veredicto inédito al exmandatario de ultraderecha, el primero en la historia del país en recibir una condena de este tipo tras ser considerado por años como un “intocable” en Colombia Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente de la República enfrenta una condena penal en el banquillo, hecho definido por los medios del país suramericano como “el juicio del siglo” al hombre “más poderoso de Colombia”. Este lunes 28 de julio, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952) entró en su recta final con una declaración contundente de la jueza Sandra Liliana Heredia: “El soborno en actuación penal ha quedado acreditado”. Tras casi ocho horas de audiencia, la magistrada dejó claro que el proceso concluye con una sentencia condenatoria, anticipando un desenlace histórico que sacude al país.
Heredia fue enfática al desmontar los principales argumentos de la defensa, a quien acusó de querer “instrumentalizar a la justicia” para cambiar la narrativa de victimario a víctima. “Estamos ante la mejor muestra del realismo mágico, donde se crean personajes, milagros, coincidencias”, ironizó desde el estrado del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El caso contra Uribe, de 73 años, se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda reveló posibles vínculos del exmandatario con grupos paramilitares, especialmente el Bloque Metro. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos, pero la Corte Suprema desestimó esa acusación y abrió una investigación en su contra. La Fiscalía lo acusó formalmente por soborno a testigos y fraude procesal, tras comprobar que su abogado, Diego Cadena, habría intentado convencer a reclusos de modificar sus declaraciones para favorecer a su cliente.
Un fallo cimentado en pruebas clave Durante la audiencia de este lunes, la jueza destacó la solidez del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que ha sostenido desde el inicio que fue presionado para cambiar su versión. Según Heredia, Monsalve se mantuvo firme pese a las ofertas de Cadena y su amigo alias Caliche, quienes le prometieron beneficios a cambio de retractarse. “No se logra acreditar que Monsalve tuviera beneficios diferenciados a los demás presos”, dijo Heredia, al descartar que el testigo haya actuado por favores obtenidos del senador Cepeda, señalado por la defensa como supuesto instigador.
Uno de los momentos clave del juicio fue la validación de las grabaciones hechas por Monsalve con un reloj espía, en las que se escucha al abogado Cadena ofrecerle acceso a programas de justicia transicional como Justicia y Paz, o incluso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algo que la jueza calificó como “imposible e irresponsable”.
Además, Heredia consideró válidas las interceptaciones telefónicas efectuadas en 2018 por la Corte Suprema, que captaron conversaciones entre Uribe y su abogado, pese a que fueron producto de un error técnico. Argumentó que Cadena aún no figuraba como defensor formal de Uribe en ese momento y que la justicia actuó con diligencia al cesar las escuchas una vez detectado el problema. “La inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero no es absoluto”, subrayó.
El poder, a prueba en el banquillo Más allá de lo jurídico, este caso ha puesto a prueba la fortaleza institucional de Colombia. La jueza Heredia inició la audiencia con un mensaje claro: “La justicia no se arrodilla al poder”. Álvaro Uribe, quien no asistió presencialmente, siguió la audiencia de manera virtual mientras desde el exterior del Complejo Judicial de Paloquemao se manifestaban tanto seguidores como detractores del exmandatario.
La jueza también evidenció su molestia con la estrategia legal de la defensa, que según ella intentó distorsionar los hechos con argumentos forzados y sin sustento. “Todo para transmutar el papel de victimario a víctima”, insistió.
Aunque la lectura del fallo continuará en las próximas horas, el sentido del veredicto es ya irreversible: el testimonio de Monsalve, las grabaciones secretas y las interceptaciones telefónicas son pruebas que, a juicio de Heredia, “se acreditan como veraces y contundentes”. La expectativa ahora gira en torno a la pena que podría recibir Uribe y el impacto político de una eventual condena.
Mientras tanto, figuras del uribismo, como el exvicepresidente Francisco Santos, y la precandidata María Fernanda Cabal, insisten en que el proceso responde a una “justicia politizada”, narrativa que choca de frente con la argumentación jurídica expuesta este lunes.
El mandatario actual del país colombiano, Gustavo Petro, habló de proteger a la jueza sin importar cuál sea su decisión final: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la jueza y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, escribió.
Figuras internacionales también se han pronunciado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó a través de su cuenta de X sobre el juicio a Uribe: “El único delito del expresidente colombiano ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
El país, expectante, observa cómo uno de sus líderes más influyentes ese enfrenta al rigor de un sistema judicial que, esta vez, no cede ante la figura del poder.
Uribe, ‘el intocable’ Uribe, primer expresidente colombiano en enfrentar una condena penal, fue durante décadas una figura intocable en un país marcado por la impunidad. A pesar de más de 180 denuncias en su contra, su carrera política prosperó en medio de señalamientos por vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos, que datan de su paso por Aeronáutica Civil en los 80 hasta su rol como gobernador y presidente.
Documentos desclasificados en EE. UU. y testimonios de exparamilitares han reforzado las sospechas, sin que la justicia avanzara. Hoy, esa impunidad parece haber llegado a su fin.
Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente de la República enfrenta una condena penal en el banquillo, hecho definido por los medios del país suramericano como “el juicio del siglo” al hombre “más poderoso de Colombia”. Este lunes 28 de julio, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952) entró en su recta final con una declaración contundente de la jueza Sandra Liliana Heredia: “El soborno en actuación penal ha quedado acreditado”. Tras casi ocho horas de audiencia, la magistrada dejó claro que el proceso concluye con una sentencia condenatoria, anticipando un desenlace histórico que sacude al país.
Heredia fue enfática al desmontar los principales argumentos de la defensa, a quien acusó de querer “instrumentalizar a la justicia” para cambiar la narrativa de victimario a víctima. “Estamos ante la mejor muestra del realismo mágico, donde se crean personajes, milagros, coincidencias”, ironizó desde el estrado del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El caso contra Uribe, de 73 años, se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda reveló posibles vínculos del exmandatario con grupos paramilitares, especialmente el Bloque Metro. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos, pero la Corte Suprema desestimó esa acusación y abrió una investigación en su contra. La Fiscalía lo acusó formalmente por soborno a testigos y fraude procesal, tras comprobar que su abogado, Diego Cadena, habría intentado convencer a reclusos de modificar sus declaraciones para favorecer a su cliente.
Durante la audiencia de este lunes, la jueza destacó la solidez del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que ha sostenido desde el inicio que fue presionado para cambiar su versión. Según Heredia, Monsalve se mantuvo firme pese a las ofertas de Cadena y su amigo alias Caliche, quienes le prometieron beneficios a cambio de retractarse. “No se logra acreditar que Monsalve tuviera beneficios diferenciados a los demás presos”, dijo Heredia, al descartar que el testigo haya actuado por favores obtenidos del senador Cepeda, señalado por la defensa como supuesto instigador.
Uno de los momentos clave del juicio fue la validación de las grabaciones hechas por Monsalve con un reloj espía, en las que se escucha al abogado Cadena ofrecerle acceso a programas de justicia transicional como Justicia y Paz, o incluso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algo que la jueza calificó como “imposible e irresponsable”.
Además, Heredia consideró válidas las interceptaciones telefónicas efectuadas en 2018 por la Corte Suprema, que captaron conversaciones entre Uribe y su abogado, pese a que fueron producto de un error técnico. Argumentó que Cadena aún no figuraba como defensor formal de Uribe en ese momento y que la justicia actuó con diligencia al cesar las escuchas una vez detectado el problema. “La inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero no es absoluto”, subrayó.
Más allá de lo jurídico, este caso ha puesto a prueba la fortaleza institucional de Colombia. La jueza Heredia inició la audiencia con un mensaje claro: “La justicia no se arrodilla al poder”. Álvaro Uribe, quien no asistió presencialmente, siguió la audiencia de manera virtual mientras desde el exterior del Complejo Judicial de Paloquemao se manifestaban tanto seguidores como detractores del exmandatario.
La jueza también evidenció su molestia con la estrategia legal de la defensa, que según ella intentó distorsionar los hechos con argumentos forzados y sin sustento. “Todo para transmutar el papel de victimario a víctima”, insistió.
Aunque la lectura del fallo continuará en las próximas horas, el sentido del veredicto es ya irreversible: el testimonio de Monsalve, las grabaciones secretas y las interceptaciones telefónicas son pruebas que, a juicio de Heredia, “se acreditan como veraces y contundentes”. La expectativa ahora gira en torno a la pena que podría recibir Uribe y el impacto político de una eventual condena.
Mientras tanto, figuras del uribismo, como el exvicepresidente Francisco Santos, y la precandidata María Fernanda Cabal, insisten en que el proceso responde a una “justicia politizada”, narrativa que choca de frente con la argumentación jurídica expuesta este lunes.
El mandatario actual del país colombiano, Gustavo Petro, habló de proteger a la jueza sin importar cuál sea su decisión final: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la jueza y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, escribió.
Figuras internacionales también se han pronunciado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó a través de su cuenta de X sobre el juicio a Uribe: “El único delito del expresidente colombiano ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
El país, expectante, observa cómo uno de sus líderes más influyentes ese enfrenta al rigor de un sistema judicial que, esta vez, no cede ante la figura del poder.
Uribe, primer expresidente colombiano en enfrentar una condena penal, fue durante décadas una figura intocable en un país marcado por la impunidad. A pesar de más de 180 denuncias en su contra, su carrera política prosperó en medio de señalamientos por vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos, que datan de su paso por Aeronáutica Civil en los 80 hasta su rol como gobernador y presidente.
Documentos desclasificados en EE. UU. y testimonios de exparamilitares han reforzado las sospechas, sin que la justicia avanzara. Hoy, esa impunidad parece haber llegado a su fin.