Crisis migratoria en Ceuta: miles de migrantes cruzan desde Marruecos hacia España

Miles de personas cruzaron sin control este jueves 30 de julio desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta, en un reflejo del agravamiento de la crisis migratoria que mantiene bajo tensión a las autoridades ceutíes y al Gobierno de España.

Los migrantes, procedentes de Marruecos y de otras regiones de África, cruzaron la frontera primero a pie desde Castillejos (Marruecos) y posteriormente a nado hacia el puesto de control migratorio de El Tarajal (Ceuta). Las imágenes difundidas por medios locales, como la Agencia EFE y Televisión Española, mostraron a numerosos migrantes celebrando su llegada con vítores de alegría.

Las entradas en territorio español —que continuaban al momento de redactar esta información— están aumentando la presión sobre las autoridades de Ceuta, cuyos centros de acogida temporal ya se encuentran saturados. La Policía de Ceuta confirmó a EFE que unas 800 personas están siendo atendidas en un centro con capacidad para 512 plazas.

Asimismo, la Policía Local informó de que la falta de espacio en estas instalaciones ha provocado que muchos migrantes permanezcan en distintas zonas de la ciudad, mientras que otros han sido acogidos por familiares residentes en Ceuta.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez la declaración de la emergencia nacional y la asunción del denominado “mando único” para ofrecer una respuesta “enérgica, decidida e inmediata” ante una crisis migratoria que ha dejado la llegada de al menos 2.000 migrantes durante la última semana.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un amplio dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la frontera de El Tarajal, donde ha sido necesario establecer medidas especiales para regular el tráfico y garantizar la seguridad en la zona.

Ante la situación, Sánchez aseguró que su Gobierno está “volcado en dar una respuesta inmediata” a la crisis. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará este viernes a Ceuta para evaluar sobre el terreno el alcance de la emergencia.

El Gobierno de Marruecos, por su parte, rompió su silencio este jueves y confirmó que, tal y como había adelantado previamente el Ejecutivo español, ambos países han alcanzado un acuerdo para acelerar la repatriación de las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta.

“Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”, señalaron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

En paralelo, el Ministerio del Interior español destacó en un comunicado la “ejemplar colaboración” entre España y Marruecos en distintos ámbitos, incluido el migratorio.

Esta situación representa uno de los mayores desafíos para Ceuta desde la grave crisis migratoria registrada en mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en apenas unas horas. Entre ellas se encontraban alrededor de 2.000 menores de edad.

Según un informe del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB), numerosos expertos atribuyeron aquella crisis a la pasividad de las fuerzas fronterizas marroquíes, interpretada como una respuesta de Rabat a la posición de España sobre el Sáhara Occidental y a la hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario.

Tras aquel episodio, las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos fueron recuperándose gradualmente. El acercamiento culminó en noviembre de 2025, cuando el Gobierno español respaldó la propuesta de autonomía planteada por Marruecos para el Sáhara Occidental, calificándola como la “base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

El plan, respaldado también por la Organización de las Naciones Unidas, contempla la transferencia de determinadas competencias a la población saharaui dentro del marco del Estado marroquí. Esta posición supuso un giro en la política exterior española y un distanciamiento de las tradicionales demandas de autodeterminación para el territorio del Sáhara Occidental.