Cuba abre empresas estatales al capital privado y elimina subsidios universales en histórica reforma

Cuba ha decidido cruzar una frontera que durante décadas parecía infranqueable. Acorralado por la peor crisis económica y social de su historia reciente, el Gobierno presentó un paquete de 176 medidas que incorpora mecanismos de mercado, permite la entrada de accionistas particulares en empresas públicas, abre espacio a instituciones financieras privadas y pone fin al sistema de subsidios universales.

El programa fue aprobado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular bajo la premisa oficial de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”. Sin embargo, detrás de esa formulación se encuentra una transformación profunda del modelo cubano: las empresas estatales que acumulen pérdidas podrán ser reestructuradas, declaradas en quiebra o liquidadas, mientras la moneda nacional quedará expuesta a devaluaciones sucesivas.

“Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”, advirtió el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la presentación de la nueva hoja de ruta.

El anuncio se realizó durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana. El presidente Miguel Díaz-Canel estuvo presente en el recinto, mientras el expresidente Raúl Castro siguió la sesión mediante una pantalla, en una señal de respaldo del sector histórico del régimen a unas reformas que habrían resultado impensables años atrás.

El plan representa el cambio económico más ambicioso desde las reformas impulsadas por Raúl Castro en 2011. Uno de sus principales componentes será la conversión de corporaciones públicas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.

Aunque el Estado conservará el control mayoritario en las actividades consideradas estratégicas, las formas de gestión no estatal y las personas naturales podrán adquirir participaciones en determinadas empresas públicas.

La medida rompe con el principio de propiedad estatal exclusiva que ha definido buena parte del sistema productivo cubano desde el triunfo de la revolución.

También se establecerán procedimientos formales para atender a las compañías que registren pérdidas prolongadas. Estas entidades podrán atravesar procesos de reorganización, reducción de operaciones, quiebra o liquidación.

El Gobierno pretende eliminar así la práctica de sostener indefinidamente empresas ineficientes mediante recursos públicos, incluso cuando su producción no cubra los costos de funcionamiento.

La reforma también alcanza al sistema financiero, uno de los sectores más controlados por el Estado cubano.

El paquete contempla la participación de capital privado, cooperativo y extranjero en determinadas actividades bancarias y financieras, bajo la supervisión del Banco Central de Cuba.

Entre las propuestas figura el establecimiento de instituciones financieras no bancarias de capital nacional o extranjero, que podrán apoyar al sistema mediante servicios como el otorgamiento de microcréditos.

La apertura supone, en la práctica, una flexibilización del monopolio financiero estatal y busca ampliar las fuentes de financiamiento para los nuevos actores económicos.

El Ejecutivo también creará un mercado cambiario digital y en tiempo real, basado en mecanismos de subasta de divisas. Su implementación estará acompañada de devaluaciones sucesivas del peso cubano, una decisión que podría elevar el costo de los productos importados y ejercer una mayor presión sobre el poder adquisitivo de la población.

Las transformaciones se anuncian en medio de una intensa ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra La Habana, basada en restricciones financieras, energéticas y diplomáticas.

Washington ha limitado el acceso de la isla a fuentes de combustible, perseguido embarcaciones señaladas de evadir las sanciones y endurecido las operaciones internacionales vinculadas con instituciones cubanas.

Las restricciones también han dificultado la presencia de operadores financieros como Visa y Mastercard, reduciendo aún más la capacidad del país para procesar transacciones y acceder a divisas.

Uno de los principales objetivos estadounidenses es debilitar los ingresos del Grupo de Administración Empresarial, conocido como GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que concentra una parte significativa de los negocios más rentables de la isla.

Al mismo tiempo, Washington ha mantenido contactos de alto nivel encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio. La estrategia busca obtener concesiones políticas y la liberación de prisioneros a cambio de un eventual alivio de las medidas económicas.

“Hemos hablado con ellos y les hemos dicho lo que tienen que hacer para recuperar su economía”, afirmó Rubio.

Aunque las autoridades cubanas responsabilizan a las sanciones estadounidenses de buena parte de la crisis, también han comenzado a admitir errores internos.

“Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba”, declaró Díaz-Canel en enero, en una inusual aceptación de las fallas de la dirigencia.

Marrero describió la situación actual como una “combinación inédita” de sanciones, escasez de combustible, caída de los ingresos en divisas y deficiencias propias que durante años han afectado la productividad.

Para justificar el cambio, el Ejecutivo recurrió a una frase pronunciada por Fidel Castro durante el Periodo Especial de 1993: “La realidad nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca”.

La cita resume el carácter de unas reformas que no responden únicamente a una transformación ideológica, sino a la urgencia de evitar un colapso económico de mayores proporciones.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, que en los últimos años han ganado protagonismo en el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales, también recibirán nuevas facultades.

Las mipymes podrán contratar a más de 100 trabajadores. Cuando superen ese límite, pasarán a ser reconocidas legalmente como empresas privadas.

Además, una misma persona podrá ser propietaria de varias compañías o mantener participaciones accionarias en diferentes negocios. El Gobierno también reducirá la lista de actividades prohibidas para el sector no estatal.

Las reformas se extenderán al campo. Los productores particulares podrán recibir tierras en usufructo por tiempo indeterminado y se autorizará una mayor presencia de empresas privadas en el debilitado sector agropecuario.

La apertura pretende elevar la producción nacional, reducir la dependencia de las importaciones y contener una crisis de abastecimiento que ha provocado extensas filas, inflación y precios inaccesibles para buena parte de la población.

El cambio con mayor impacto sobre los hogares será la eliminación progresiva de los subsidios universales.

Productos y servicios como la electricidad, el combustible, el transporte y el agua comenzarán a incorporar sus costos reales en las tarifas mayoristas y minoristas.

En lugar de subvencionar los precios para toda la población, el Estado concentrará la asistencia en las personas clasificadas como vulnerables. Para ello se creará un Fondo de Protección Social y una plataforma digital que actualizará la información de los beneficiarios.

El nuevo sistema marca el abandono del igualitarismo que durante décadas fue presentado como uno de los principales logros de la revolución. La ayuda dejará de depender únicamente del producto o servicio y pasará a concederse según la condición económica de cada ciudadano.

Las relaciones laborales también serán modificadas. La escala salarial fija será eliminada y las remuneraciones podrán negociarse de acuerdo con la capacidad financiera de cada empresa.

Asimismo, los profesionales de la salud, la educación y la investigación podrán desempeñar más de un empleo sin requerir una autorización administrativa previa.

Las compañías tendrán facultades para despedir trabajadores por razones económicas, financieras o estructurales. Los afectados recibirán una indemnización equivalente a entre tres y seis meses de salario básico.

El Gobierno también anunció incentivos para retener a los trabajadores calificados, especialmente a los jóvenes, en momentos en que Cuba enfrenta una profunda crisis migratoria y una pérdida constante de profesionales.

Díaz-Canel ha insistido en que las medidas no representan una renuncia al socialismo. Según el mandatario, las decisiones surgieron del análisis de experiencias aplicadas por otros países socialistas y de propuestas formuladas por economistas cubanos.

“Hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión”, sostuvo el presidente, quien defendió la necesidad de preservar la justicia social mientras se transforma el sistema productivo.

“Lo primero que hay que hacer es producir”, sentenció.

El Gobierno cubano intenta presentar el paquete como una actualización del socialismo y no como su abandono. Sin embargo, la incorporación de bancos particulares, accionistas privados, quiebras empresariales, salarios negociados y subsidios focalizados revela un cambio estructural difícil de ocultar.

Presionada por la escasez, las sanciones, el descontento social y el éxodo de su población, la revolución cubana recurre ahora a herramientas del mercado para intentar sobrevivir.