El Perú que heredará el próximo presidente

Mientras Perú concluye el conteo de una elección marcada por la polarización y la incertidumbre, el país ya sabe cuál será la verdadera herencia para su próximo presidente: una economía relativamente sólida, pero una sociedad cada vez más preocupada por la inseguridad, desconfiada de sus instituciones y agotada por años de crisis política.

Con Keiko Fujimori manteniendo una ventaja cercana a los 28,000 votos sobre Roberto Sánchez cuando se ha contabilizado más del 93% de las papeletas, la atención comienza a desplazarse del resultado electoral hacia los desafíos que enfrentará quien ocupe el Palacio de Gobierno.

La próxima administración tendrá la responsabilidad de responder al avance del crimen organizado, reducir la informalidad laboral, reconstruir la confianza ciudadana y gobernar un país que, pese a sus fortalezas económicas, sigue arrastrando profundas fracturas políticas y sociales.

A diferencia de otros países de la región, Perú llega a esta transición presidencial con fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos. El Fondo Monetario Internacional destacó que la economía peruana continuó expandiéndose durante 2025 y mantuvo una trayectoria de crecimiento favorable.

Sin embargo, las cifras económicas esconden problemas estructurales que persisten desde hace décadas. El Banco Mundial advierte que el estatus de ingreso medio alto de Perú contrasta con deficiencias importantes en servicios públicos, infraestructura y acceso a oportunidades, especialmente fuera de Lima. Las diferencias territoriales continúan siendo una de las principales fuentes de desigualdad del país.

La institución también señala que numerosas comunidades rurales siguen enfrentando dificultades para acceder a agua potable, conectividad digital y servicios básicos de calidad, factores que limitan la productividad y el crecimiento económico.

Otro de los grandes retos para el próximo gobierno será el mercado laboral.

La informalidad continúa dominando amplios sectores de la economía peruana. Organismos internacionales coinciden en que este fenómeno reduce la productividad, limita el acceso a la protección social y restringe la capacidad del Estado para recaudar recursos y financiar servicios públicos.

Aunque Perú ha mostrado capacidad de recuperación económica tras las crisis de los últimos años, los expertos consideran que la creación de empleo formal será determinante para mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos.

Si existe un tema que dominó la campaña electoral fue la seguridad ciudadana.

La violencia asociada al crimen organizado, las extorsiones, los homicidios y la expansión de economías ilegales han transformado la percepción de seguridad en el país. Analistas coinciden en que la inseguridad se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar social y uno de los factores que más influyeron en el comportamiento electoral.

La preocupación es particularmente visible en Lima y Callao, donde las autoridades han recurrido en diversas ocasiones a estados de emergencia para enfrentar el incremento de la violencia y las actividades de organizaciones criminales.

Además, el crecimiento de la minería informal e ilegal representa un desafío adicional para el próximo mandatario. Reuters reportó que cientos de miles de mineros informales participan actualmente en una actividad económica que mueve miles de millones de dólares y que ha adquirido un peso político cada vez mayor en las regiones rurales.

Más allá de la economía y la seguridad, el principal desafío podría ser político.

Perú ha atravesado una de las etapas más turbulentas de su historia reciente. El país ha tenido múltiples presidentes en apenas una década, reflejo de una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Congreso que ha dificultado la gobernabilidad.

La fragmentación política continúa siendo una característica central del sistema peruano. Quien gane la presidencia deberá negociar con un Congreso dividido y con instituciones cuya credibilidad ha sido erosionada por años de enfrentamientos, destituciones, investigaciones de corrupción y conflictos entre poderes del Estado.

Diversos analistas han advertido que la desconfianza hacia la clase política sigue siendo elevada y que buena parte de los votantes percibe que las instituciones no han sido capaces de responder a sus necesidades más urgentes.

Sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez quien finalmente sea proclamado ganador, el próximo presidente enfrentará un desafío que va más allá de las cifras económicas o los índices de criminalidad.

La verdadera prueba consistirá en reconstruir la confianza de los ciudadanos en el Estado, fortalecer las instituciones democráticas y ofrecer estabilidad a un país que ha vivido años de incertidumbre política.

Los resultados finales de la elección definirán quién asumirá el mando. Pero el diagnóstico del país que recibirá el nuevo presidente ya parece estar claro: una economía con potencial de crecimiento, pero una democracia sometida a fuertes tensiones y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas a problemas que llevan años sin resolverse.