Elecciones en Colombia bajo amenaza: secuestros, alertas con drones y despliegue masivo de seguridad sacuden la campaña

Pasadas las once de la noche en Bogotá, cuando la mayoría de oficinas públicas ya han cerrado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, continúa su agenda con reuniones de emergencia. La jornada ha sido especialmente crítica: dos aspirantes al Congreso fueron secuestrados en distintas regiones del país, reavivando las alarmas sobre la seguridad electoral, la violencia política y la capacidad del Estado para garantizar comicios libres.

A menos de una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el panorama de orden público dejó de ser un asunto secundario para convertirse en el eje central de la campaña. El asesinato el año pasado del senador y dirigente opositor Miguel Uribe Turbay, sumado a recientes secuestros y amenazas, ha colocado al país en un estado de máxima alerta institucional.

La tensión se intensificó este lunes cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia cancelaron una visita a la principal hidroeléctrica del país tras denunciar información sobre un presunto plan de ataque con drones por parte de una facción de las disidencias de las FARC.

Aunque el Ejército reconoció que ese grupo armado tiene la capacidad operativa para ejecutar acciones de esa naturaleza, negó tener confirmación de una amenaza específica. La respuesta no convenció a las autoridades locales. “La información provino de la Fuerza Pública y de nuestro propio esquema de seguridad”, replicó el alcalde, crítico del presidente Gustavo Petro.

En paralelo, los secuestros de dos candidatos al Congreso en zonas apartadas encendieron nuevamente las alertas. Ambos fueron liberados horas después, pero el episodio se suma a la detención de otra senadora semanas atrás y alimenta la percepción de fragilidad institucional en regiones donde confluyen economías ilegales, disputas territoriales y estructuras armadas.

Fuentes de seguridad reconocen que no todos los incidentes tienen necesariamente una motivación electoral directa. En algunos territorios, la violencia responde a dinámicas criminales preexistentes que trascienden el calendario político. Incluso se investiga si ciertos episodios podrían haber sido exagerados o instrumentalizados por actores interesados en obtener visibilidad.

Lo que diferencia este ciclo electoral no es solo la acumulación de hechos recientes, sino el impacto del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el verano pasado. Su asesinato alteró profundamente el escenario político y reconfiguró las percepciones de riesgo en la contienda actual.

Desde entonces, cualquier advertencia —por leve que parezca— activa protocolos extraordinarios. El propio presidente Petro ha denunciado en repetidas ocasiones planes en su contra, generando un clima donde la alerta permanente se ha normalizado.

Para Javier Flórez, director del área de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el entorno actual difiere sustancialmente del proceso electoral de hace cuatro años. Según explica, el país enfrenta no solo violencia visible, sino una forma más sutil de coacción.

En numerosas zonas bajo influencia de grupos armados —cientos de municipios— existe lo que describe como una “ficción de libertad”: las campañas se desarrollan formalmente, pero el voto está condicionado por estructuras ilegales que ejercen control territorial. Se estima que entre 1,5 y dos millones de personas podrían estar expuestas a algún tipo de riesgo en el ejercicio de su derecho al sufragio.

“La violencia más preocupante es la que no siempre se ve: la que condiciona decisiones, limita libertades y define resultados sin necesidad de balas”, advierte Flórez.

Frente a este panorama, el Gobierno nacional ha anunciado un amplio operativo de seguridad. El ministro Pedro Sánchez detalló el despliegue de 246.000 uniformados para custodiar 12.264 puestos de votación, la mayoría ubicados en áreas rurales. También se reforzaron los esquemas de protección a candidatos y se implementaron sistemas para neutralizar posibles ataques con drones.

El mensaje oficial es que habrá garantías para el ejercicio democrático y que no se tolerarán alteraciones del orden público. Sin embargo, la complejidad del escenario obliga a mantener una vigilancia constante.

De cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y la eventual segunda vuelta el 22 de junio, el desafío será sostener la estabilidad en un entorno donde confluyen violencia política, criminalidad organizada y una polarización creciente.

Colombia se aproxima a las urnas en un contexto donde la seguridad no es solo un requisito operativo, sino el principal termómetro de la calidad democrática.