Guatemala bajo estado de sitio: ataques de pandillas desatan crisis de seguridad y muertes de policías

Guardias del Sistema Penitenciario caminan tras ser rescatados tras un motín en las afueras del penal de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, Guatemala, el 18 de enero de 2026. AFP
  • 19/01/2026 11:37

Medida extraordinaria entra en vigor tras motines carcelarios, toma de rehenes, ofensivas armadas coordinadas y suspensión preventiva de actividades públicas en todo el territorio centroamericano

Guatemala enfrenta una crisis de seguridad grave tras una ola de violencia criminal que incluyó motines en cárceles, ataques armados contra la policía y la toma de rehenes, lo que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio nacional de 30 días para restablecer el orden, reforzar el combate al crimen organizado y proteger a la población en todo el país.

Motines, rehenes y ofensiva contra las fuerzas de seguridad

La ola de violencia se desató tras operativos estatales dirigidos a retomar el control de centros penitenciarios, donde grupos vinculados a pandillas organizaron motines simultáneos y retuvieron a custodios como rehenes. Aunque las autoridades lograron recuperar las prisiones, la respuesta criminal se trasladó a las calles.

Un guardia del Sistema Penitenciario camina tras ser rescatado tras un motín en las afueras de la cárcel de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, Guatemala, el 18 de enero de 2026.

En distintos puntos del país se registraron emboscadas, ataques directos y asesinatos de agentes policiales, lo que elevó la tensión social y confirmó la capacidad de las estructuras delictivas para coordinar acciones fuera del sistema penitenciario.

Estado de sitio y medidas excepcionales

Ante la gravedad de los hechos, el Ejecutivo decretó el estado de sitio por un período inicial de 30 días, lo que habilita la restricción temporal de derechos constitucionales como la libre circulación y reunión, además del despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército.

Como parte de las acciones preventivas, el gobierno suspendió clases en todo el país, reforzó los controles de seguridad y anunció operativos focalizados en zonas consideradas de alto riesgo. El presidente reiteró que no habrá negociaciones con grupos criminales y defendió la medida como necesaria para recuperar la seguridad ciudadana.