Gustavo Petro ordena licitación del Canal Uno pese a contrato vigente hasta 2037
- 18/08/2025 11:09
La decisión del presidente colombiano desata un fuerte debate sobre libertad de prensa, seguridad jurídica y pluralismo informativo El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, a pesar de que la concesión vigente, en manos de Plural Comunicaciones, tiene validez hasta 2037.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, la instrucción presidencial, dada el pasado 15 de agosto, busca impulsar una “nueva forma de manejar la televisión” dirigida a “juventudes, artistas y gestores culturales”. Petro cuestionó además supuestas irregularidades contractuales, sin detallar una justificación jurídica clara.
La medida ha encendido alertas en los sectores políticos y mediáticos, que interpretan la decisión como un intento de expropiación, con posibles impactos sobre la libertad de prensa y la seguridad jurídica.
La concesión vigente del Canal Uno El Canal Uno fue adjudicado en 2017 a Plural Comunicaciones S.A.S. tras un proceso de licitación pública, en el que la empresa pagó más de 117.000 millones de pesos. Posteriormente, la Ley 1978 extendió todas las concesiones televisivas a 20 años, lo que garantiza su validez hasta mayo de 2037.
La decisión de Petro busca dejar sin efecto un contrato legalmente prorrogado, lo que según expertos podría acarrear demandas millonarias contra el Estado colombiano y afectar la confianza inversionista.
Los señalamientos del Gobierno El Ministerio TIC investiga a Plural Comunicaciones por una presunta modificación accionaria sin autorización previa, así como por un acuerdo comercial con el Grupo Prisa de España, calificado como irregular por el Ejecutivo.
Plural Comunicaciones rechaza los señalamientos y asegura que se trata de un “matoneo sistemático” contra un medio que defiende la pluralidad informativa. La empresa recordó que la Superintendencia de Sociedades verificó los cambios accionarios y descartó que existiera subordinación con el Grupo Prisa.
Respuesta del Canal Uno y advertencias jurídicas En entrevista con El Tiempo, Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, aseguró que no existe sustento jurídico para la orden presidencial:
“La concesión del canal está vigente hasta 2037. Este es un ataque sistemático contra un medio libre que defiende la democracia y la libertad de prensa”.
Avendaño denunció que el Ministerio contrató un bufete para buscar mecanismos que permitieran declarar la caducidad del contrato. Además, criticó el lenguaje utilizado contra los medios en un país marcado por la violencia contra periodistas como Diana Turbay y Jaime Garzón.
Juristas como Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, advierten que terminar abruptamente el contrato violaría el principio de legalidad. El exprocurador Carlos Arrieta agregó que el Estado tendría que indemnizar la inversión y utilidades hasta 2037 si se anula la concesión arbitrariamente.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, a pesar de que la concesión vigente, en manos de Plural Comunicaciones, tiene validez hasta 2037.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, la instrucción presidencial, dada el pasado 15 de agosto, busca impulsar una “nueva forma de manejar la televisión” dirigida a “juventudes, artistas y gestores culturales”. Petro cuestionó además supuestas irregularidades contractuales, sin detallar una justificación jurídica clara.
La medida ha encendido alertas en los sectores políticos y mediáticos, que interpretan la decisión como un intento de expropiación, con posibles impactos sobre la libertad de prensa y la seguridad jurídica.
El Canal Uno fue adjudicado en 2017 a Plural Comunicaciones S.A.S. tras un proceso de licitación pública, en el que la empresa pagó más de 117.000 millones de pesos. Posteriormente, la Ley 1978 extendió todas las concesiones televisivas a 20 años, lo que garantiza su validez hasta mayo de 2037.
La decisión de Petro busca dejar sin efecto un contrato legalmente prorrogado, lo que según expertos podría acarrear demandas millonarias contra el Estado colombiano y afectar la confianza inversionista.
El Ministerio TIC investiga a Plural Comunicaciones por una presunta modificación accionaria sin autorización previa, así como por un acuerdo comercial con el Grupo Prisa de España, calificado como irregular por el Ejecutivo.
Plural Comunicaciones rechaza los señalamientos y asegura que se trata de un “matoneo sistemático” contra un medio que defiende la pluralidad informativa. La empresa recordó que la Superintendencia de Sociedades verificó los cambios accionarios y descartó que existiera subordinación con el Grupo Prisa.
En entrevista con El Tiempo, Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, aseguró que no existe sustento jurídico para la orden presidencial:
“La concesión del canal está vigente hasta 2037. Este es un ataque sistemático contra un medio libre que defiende la democracia y la libertad de prensa”.
Avendaño denunció que el Ministerio contrató un bufete para buscar mecanismos que permitieran declarar la caducidad del contrato. Además, criticó el lenguaje utilizado contra los medios en un país marcado por la violencia contra periodistas como Diana Turbay y Jaime Garzón.
Juristas como Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, advierten que terminar abruptamente el contrato violaría el principio de legalidad. El exprocurador Carlos Arrieta agregó que el Estado tendría que indemnizar la inversión y utilidades hasta 2037 si se anula la concesión arbitrariamente.