Periodistas salvadoreños bajo asedio: denuncian censura, acoso y exilio forzado
- 27/06/2025 14:45
Restricciones al ejercicio periodístico, amenazas legales y hostigamiento digital marcan el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en El Salvador se duplicaron entre 2023 y 2024, alcanzando un total de 789 casos, lo que representa un incremento del 154%, según un informe presentado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Durante 2023 se documentaron 311 agresiones, mientras que en 2024 se reportaron 478 casos adicionales, señaló Hugo Sánchez, relator de la Libertad de Expresión de la APES.
Sánchez destacó que la mayoría de estos incidentes ocurrieron durante el periodo electoral de febrero, cuando se celebraron elecciones presidenciales y legislativas.
“El periodismo en El Salvador ha sido blanco de ataques que van más allá de limitar el trabajo diario. Se trata de agresiones que ponen en riesgo la integridad física y, en algunos casos, la vida misma de los periodistas”, advirtió Sánchez durante la presentación del informe.
Entre las principales formas de agresión registradas este año se encuentran: Restricción al ejercicio periodístico: 254 casos (32,19%), Declaraciones estigmatizantes: 113 casos (14,32%), Bloqueo al acceso a la información: 93 casos (11,78%), Acoso digital: 82 casos (10,39%) e Intimidación directa: 53 casos (6,71%).
Además, se reportaron 13 casos de amenazas legales, lo que, según APES, refleja el uso del sistema judicial como mecanismo de presión o represalia contra periodistas.
La Estrella de Panamá conversó con algunos periodistas del país centroamericano para conocer la actual situación en los últimos meses. Gabriel Labrador, del diario digital El Faro, señaló que “la situación es dura para los periodistas de investigación” y los críticos del gobierno de Nayib Bukele en general.
“Desde 2019 ha habido un cierre de espacios para hacer fiscalización o exigir rendición de cuentas, un deterioro de la institucionalidad democrática, una destrucción de la institucionalidad que velaba por el acceso a la información pública, y por supuesto, un hostigamiento y ataque contra periodistas, activistas, abogados, médicos, organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan la labor estatal”, dijo a este medio.
Por otro lado, César Fagoaga, del medio Factum, explicó que han sucedido demasiados incidentes que afectan de forma directa la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas.
También destacó que en las últimas semanas y en mayo de este año, ha habido un éxodo de periodistas, en el que al menos 40 profesionales de la información han tenido que dejar El Salvador.
“Yo me atrevería a decir que la situación en El Salvador es de lo más de lo más oscura. [A colegas] les ha tocado salir del país por su trabajo por investigar y presentarle a la gente investigaciones que han mostrado el rostro más corrupto y criminal de la administración Bukele”, expresó.
Uno de los casos más conocidos de agresiones contra la prensa, es el de periodistas de El Faro, quienes tras publicar investigaciones en las que daban cuenta de cómo el gobierno de Bukele pactó con las pandillas y cómo se benefició electoralmente de eso, recibieron una una seguidilla de ataques y de amenazas información muy detallada que anunciaba que posiblemente los iban a detener justamente por hacer su trabajo, según relató Fagoaga a La Decana.
Además de periodistas, también han sido detenidos en presuntos casos fabricados abogados, como Ruth López y Enrique Anaya, críticos del gobierno, así como otros defensores de los derechos humanos del Salvador.
“Los casos están bajo reserva. Después de que ocurrieron estas detenciones, muchos estábamos convencidos de que esto era la apertura del momento de cacería para cualquiera que piense diferente en El Salvador. Y esto incluye evidentemente a los periodistas”, afirmó el periodista de Factum, concluyendo que el panorama es “nada alentador y solo creemos que va ir a peor”.
El presidente de la APES, Sergio Arauz, aseguró que los datos del informe coinciden con la realidad planteada por estos periodistas. “Probablemente el informe del próximo año tenga que titularse: ‘Hacer periodismo no es delito’, porque lo que vivimos hoy es un paso más hacia la criminalización de nuestra labor”.
“Los periodistas no somos delincuentes. Cumplimos una función vital para las democracias y las sociedades libres”, añadió Araúz.
La organización Reporteros sin Fronteras también se pronunció recientemente sobre la situación, advirtiendo que persisten los “ataques sistemáticos” contra medios críticos en El Salvador.
En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, el país figura en el puesto 135, acumulando una caída de 61 posiciones desde el año 2020.
Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en El Salvador se duplicaron entre 2023 y 2024, alcanzando un total de 789 casos, lo que representa un incremento del 154%, según un informe presentado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Durante 2023 se documentaron 311 agresiones, mientras que en 2024 se reportaron 478 casos adicionales, señaló Hugo Sánchez, relator de la Libertad de Expresión de la APES.
Sánchez destacó que la mayoría de estos incidentes ocurrieron durante el periodo electoral de febrero, cuando se celebraron elecciones presidenciales y legislativas.
“El periodismo en El Salvador ha sido blanco de ataques que van más allá de limitar el trabajo diario. Se trata de agresiones que ponen en riesgo la integridad física y, en algunos casos, la vida misma de los periodistas”, advirtió Sánchez durante la presentación del informe.
Entre las principales formas de agresión registradas este año se encuentran: Restricción al ejercicio periodístico: 254 casos (32,19%), Declaraciones estigmatizantes: 113 casos (14,32%), Bloqueo al acceso a la información: 93 casos (11,78%), Acoso digital: 82 casos (10,39%) e Intimidación directa: 53 casos (6,71%).
Además, se reportaron 13 casos de amenazas legales, lo que, según APES, refleja el uso del sistema judicial como mecanismo de presión o represalia contra periodistas.
La Estrella de Panamá conversó con algunos periodistas del país centroamericano para conocer la actual situación en los últimos meses. Gabriel Labrador, del diario digital El Faro, señaló que “la situación es dura para los periodistas de investigación” y los críticos del gobierno de Nayib Bukele en general.
“Desde 2019 ha habido un cierre de espacios para hacer fiscalización o exigir rendición de cuentas, un deterioro de la institucionalidad democrática, una destrucción de la institucionalidad que velaba por el acceso a la información pública, y por supuesto, un hostigamiento y ataque contra periodistas, activistas, abogados, médicos, organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan la labor estatal”, dijo a este medio.
Por otro lado, César Fagoaga, del medio Factum, explicó que han sucedido demasiados incidentes que afectan de forma directa la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas.
También destacó que en las últimas semanas y en mayo de este año, ha habido un éxodo de periodistas, en el que al menos 40 profesionales de la información han tenido que dejar El Salvador.
“Yo me atrevería a decir que la situación en El Salvador es de lo más de lo más oscura. [A colegas] les ha tocado salir del país por su trabajo por investigar y presentarle a la gente investigaciones que han mostrado el rostro más corrupto y criminal de la administración Bukele”, expresó.
Uno de los casos más conocidos de agresiones contra la prensa, es el de periodistas de El Faro, quienes tras publicar investigaciones en las que daban cuenta de cómo el gobierno de Bukele pactó con las pandillas y cómo se benefició electoralmente de eso, recibieron una una seguidilla de ataques y de amenazas información muy detallada que anunciaba que posiblemente los iban a detener justamente por hacer su trabajo, según relató Fagoaga a La Decana.
Además de periodistas, también han sido detenidos en presuntos casos fabricados abogados, como Ruth López y Enrique Anaya, críticos del gobierno, así como otros defensores de los derechos humanos del Salvador.
“Los casos están bajo reserva. Después de que ocurrieron estas detenciones, muchos estábamos convencidos de que esto era la apertura del momento de cacería para cualquiera que piense diferente en El Salvador. Y esto incluye evidentemente a los periodistas”, afirmó el periodista de Factum, concluyendo que el panorama es “nada alentador y solo creemos que va ir a peor”.
El presidente de la APES, Sergio Arauz, aseguró que los datos del informe coinciden con la realidad planteada por estos periodistas. “Probablemente el informe del próximo año tenga que titularse: ‘Hacer periodismo no es delito’, porque lo que vivimos hoy es un paso más hacia la criminalización de nuestra labor”.
“Los periodistas no somos delincuentes. Cumplimos una función vital para las democracias y las sociedades libres”, añadió Araúz.
La organización Reporteros sin Fronteras también se pronunció recientemente sobre la situación, advirtiendo que persisten los “ataques sistemáticos” contra medios críticos en El Salvador.
En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, el país figura en el puesto 135, acumulando una caída de 61 posiciones desde el año 2020.