Petro lidera encuentro con narcos presos en Medellín bajo aval del Gobierno
- 24/06/2025 17:28
Entre los asistentes estuvieron: alias El Indio, El Tigre, Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, El Saya, Albert y Juan 23, todos con antecedentes ampliamente conocidos Según reportó el diario colombiano El Tiempo, una escena inédita sacudió a Medellín el pasado sábado 21 de junio. En medio de un acto convocado por el presidente Gustavo Petro “por la paz urbana”, al menos nueve jefes criminales fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hasta La Alpujarra, corazón administrativo de la capital antioqueña.
La movilización, realizada con un fuerte dispositivo de seguridad del Inpec y un grupo de dragoneantes, permitió que reconocidos capos del Valle de Aburrá —herederos de ‘Don Berna’ en la estructura de ‘La Oficina de Envigado’— asistieran al evento como supuestos voceros de paz, pese a sus condenas por homicidio, concierto para delinquir y otros delitos de alto impacto.
El Tiempo confirmó que la solicitud para sacarlos del penal fue tramitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con varios días de antelación. Una fuente que presenció la actividad explicó al diario: “Los guardianes formaban un cuadrado alrededor de las sillas donde estaban sentados los voceros de la mesa. Los únicos que podían entrar y salir del lugar eran los abogados y asesores”.
Entre los asistentes estuvieron: alias El Indio, El Tigre, Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, El Saya, Albert y Juan 23, todos con antecedentes ampliamente conocidos.
No es la primera vez que algunos de estos individuos participan en actos públicos. En septiembre pasado, varios estuvieron presentes en una audiencia del Congreso sobre la actualización del Conpes 4031 relacionado con la Ley de Víctimas.
Juan Carlos Villamizar, abogado de los implicados, justificó su presencia: ”Estos señores se subieron a la tarima amparados en la Ley 2272 de 2022, que los reconoce como voceros en un diálogo de carácter sociojurídico, y por lo tanto les permite participar en este tipo de eventos. Es falso que estuvieran allí sin un marco jurídico”.
Pese a ello, aún no existe un soporte legal para su desmovilización, que —según Villamizar— es una condición indispensable para seguir en la mesa de negociación con el Gobierno.
El proceso de diálogo ocurre en el pabellón más restringido de la prisión de Itagüí, el mismo que fue inspeccionado en marzo pasado por el Inpec, que encontró whisky, celulares y personas sin estatus de reclusos interactuando con los internos. A raíz del hallazgo, fue retirada la directora del penal, Ana Sofía Hidalgo.
Durante el evento en Medellín, el presidente Petro les ofreció a los voceros beneficios legales si sus estructuras cesaban toda actividad criminal. No obstante, El Tiempo reveló en febrero que el proyecto de “Ley de Sometimiento 2.0” —que el Ejecutivo planea presentar en la próxima legislatura— no contempla incentivos para los ya sentenciados, sino que se enfocaría en rebajas para quienes aún estén en procesos judiciales sin condena.
Para que los condenados accedan a beneficios como amnistías o indultos, se requeriría una nueva ley similar a la que se utilizó en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicaron expertos al medio.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó: ”Actualmente, las posibilidades que tienen los condenados para reducir parte de su pena son el trabajo o el estudio en los centros penitenciarios. En algunos casos, también podrían acceder a la libertad condicional cuando han cumplido las tres quintas partes de la condena”.
Asimismo, recordó que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el presidente puede otorgar el perdón judicial, “en Colombia esa sigue siendo una competencia exclusiva de la justicia”.
Según reportó el diario colombiano El Tiempo, una escena inédita sacudió a Medellín el pasado sábado 21 de junio. En medio de un acto convocado por el presidente Gustavo Petro “por la paz urbana”, al menos nueve jefes criminales fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hasta La Alpujarra, corazón administrativo de la capital antioqueña.
La movilización, realizada con un fuerte dispositivo de seguridad del Inpec y un grupo de dragoneantes, permitió que reconocidos capos del Valle de Aburrá —herederos de ‘Don Berna’ en la estructura de ‘La Oficina de Envigado’— asistieran al evento como supuestos voceros de paz, pese a sus condenas por homicidio, concierto para delinquir y otros delitos de alto impacto.
El Tiempo confirmó que la solicitud para sacarlos del penal fue tramitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con varios días de antelación. Una fuente que presenció la actividad explicó al diario: “Los guardianes formaban un cuadrado alrededor de las sillas donde estaban sentados los voceros de la mesa. Los únicos que podían entrar y salir del lugar eran los abogados y asesores”.
Entre los asistentes estuvieron: alias El Indio, El Tigre, Douglas, Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, El Saya, Albert y Juan 23, todos con antecedentes ampliamente conocidos.
No es la primera vez que algunos de estos individuos participan en actos públicos. En septiembre pasado, varios estuvieron presentes en una audiencia del Congreso sobre la actualización del Conpes 4031 relacionado con la Ley de Víctimas.
Juan Carlos Villamizar, abogado de los implicados, justificó su presencia: ”Estos señores se subieron a la tarima amparados en la Ley 2272 de 2022, que los reconoce como voceros en un diálogo de carácter sociojurídico, y por lo tanto les permite participar en este tipo de eventos. Es falso que estuvieran allí sin un marco jurídico”.
Pese a ello, aún no existe un soporte legal para su desmovilización, que —según Villamizar— es una condición indispensable para seguir en la mesa de negociación con el Gobierno.
El proceso de diálogo ocurre en el pabellón más restringido de la prisión de Itagüí, el mismo que fue inspeccionado en marzo pasado por el Inpec, que encontró whisky, celulares y personas sin estatus de reclusos interactuando con los internos. A raíz del hallazgo, fue retirada la directora del penal, Ana Sofía Hidalgo.
Durante el evento en Medellín, el presidente Petro les ofreció a los voceros beneficios legales si sus estructuras cesaban toda actividad criminal. No obstante, El Tiempo reveló en febrero que el proyecto de “Ley de Sometimiento 2.0” —que el Ejecutivo planea presentar en la próxima legislatura— no contempla incentivos para los ya sentenciados, sino que se enfocaría en rebajas para quienes aún estén en procesos judiciales sin condena.
Para que los condenados accedan a beneficios como amnistías o indultos, se requeriría una nueva ley similar a la que se utilizó en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicaron expertos al medio.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó: ”Actualmente, las posibilidades que tienen los condenados para reducir parte de su pena son el trabajo o el estudio en los centros penitenciarios. En algunos casos, también podrían acceder a la libertad condicional cuando han cumplido las tres quintas partes de la condena”.
Asimismo, recordó que, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el presidente puede otorgar el perdón judicial, “en Colombia esa sigue siendo una competencia exclusiva de la justicia”.