Petro rechaza contrato electoral ligado a Thomas Greg & Sons y cuestiona legitimidad de comicios de 2026
- 09/07/2025 11:19
La Registraduría avanza en la adjudicación del proceso, mientras observadores destacan apertura en la licitación y el presidente insiste en presiones políticas y conflictos de interés Este miércoles 10 de julio, la Registraduría Nacional prevé adjudicar un contrato valorado en 2 billones de pesos para la logística electoral de los próximos procesos: consejos de juventudes en 2025, y las elecciones legislativas y presidenciales en 2026. Según reveló El Tiempo, la única unión temporal habilitada para asumir esta responsabilidad incluye a Thomas Greg & Sons, empresa duramente criticada por el presidente Gustavo Petro.
Durante los últimos días, Petro ha intensificado sus señalamientos contra esta firma, a la que también busca desvincular del contrato de fabricación de pasaportes. En redes sociales ha planteado dudas sobre su reiterada presencia en contrataciones públicas y ha vinculado su participación con amenazas a la institucionalidad electoral: “La toma de Thomas and Gregg (sic) de los procesos electorales es el mayor peligro a la democracia colombiana”, afirmó en un trino de 2024, al compartir la recomendación de la Secretaría de Transparencia de suspender una licitación donde participaba esta empresa.
El martes volvió a cargar contra ella: “Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg (sic), en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia”.
Según documentó El Tiempo, Thomas Greg & Sons ha sido parte de al menos 22 contratos para procesos electorales en la última década, incluyendo las locales de 2011 y las presidenciales de 2022, en las que Petro resultó electo. Aun así, el presidente aseguró: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, mezclando sus críticas sobre el contrato de pasaportes con las futuras votaciones.
Históricamente, esta empresa ha formado uniones temporales con Carvajal Tecnología y Prosegur bajo la marca Disproel. Aunque esta vez no va acompañada de esas firmas, lidera la propuesta de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, única habilitada tras el cierre de la licitación.
La MOE (Misión de Observación Electoral), citada por El Tiempo, advirtió en 2021 sobre posibles ventajas estructurales: “La concentración de los contratos de la Registraduría en manos de unas pocas empresas puede deberse a un diseño de los pliegos de condiciones que no están basados en los estudios del sector y que contienen requisitos habilitantes desproporcionados”.
Aun así, aclaró que esto no implica fallas en la ejecución por parte de Thomas Greg.
Juan Carlos Galindo, exregistrador, defendió el papel de la empresa: “La Registraduría hace 40 años viene contratando los distintos servicios para las elecciones con distintas uniones temporales, de las que hace parte Thomas Greg. Hay varias empresas, no solo ellos”.
Agregó que: “No es solo comprar unos computadores e imprimir. Son unas acciones que tienen unas múltiples acciones que exigen una experiencia y un conocimiento importante. Thomas y las otras empresas han demostrado que tienen el conocimiento y la experiencia”.
También afirmó que la compañía ha cumplido con altos estándares: “Lo que exige la Registraduría es buscar los mejores estándares de calidad y conocimiento, Thomas ha demostrado que tiene esa experiencia y ha cumplido en los distintos contratos de la Registraduría”.
Galindo rechazó los ataques del presidente: “Se trata de deslegitimar las elecciones sin ningún soporte, lo que es absolutamente censurable. Las entidades internacionales que han venido a mirar las elecciones han destacado las fortalezas. Un proceso de Estado donde intervienen muchas autoridades, no solo la Registraduría”.
Carlos Ariel Sánchez, también exregistrador, coincidió: “Los contratos se ejecutaron y liquidaron debidamente. Por lo demás después de 8 años, no supe nada distinto de la liquidación satisfactoria de los contratos”.
Petro ha usado el error en el escrutinio de las elecciones legislativas de 2014 —que afectó al partido Mira— como argumento contra la adjudicación. No obstante, Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó a El Tiempo que Thomas Greg no fue responsable directo del fallo. La compañía a cargo de la transmisión fue ASD, también incluida en la nueva propuesta.
“Las responsabilidades son individuales en cuanto a que cada una de las empresas se encarga de una labor y en el Consejo de Estado no se encontró acción ilícita por parte de esta”, aclaró.
Tras esa crisis, el Consejo de Estado ordenó a la Registraduría adquirir un software propio, que fue comprado en 2022 a la empresa española Indra y está ahora bajo control del CNE. La contratación actual no incluye ese componente.
Este lunes, organizaciones ciudadanas se reunieron con la Registraduría para revisar el proceso. La MOE destacó a El Tiempo que la convocatoria fue amplia: “Se invitaron a las empresas nacionales y extranjeras. Se presentaron Smartmatic y Toppan Security. Los primeros requisitos importantes fueron que no se restringió a las empresas colombianas. Si se puede hacer UT con empresas extranjeras, se amplió la posibilidad de contratación”.
También señalaron que esta vez se incluyeron requisitos logísticos que abrían el espectro a nuevos actores. Sin embargo, expresaron inquietud por la concentración de 16 funciones en un solo contrato.
La Registraduría respondió: “Tener un solo contratista mitiga el riesgo de coordinación de los distintos sujetos que deben coordinar las acciones del contrato. Tener un mayor control, vigilancia y diálogo técnico con la Unión Temporal”.
Este miércoles 10 de julio, la Registraduría Nacional prevé adjudicar un contrato valorado en 2 billones de pesos para la logística electoral de los próximos procesos: consejos de juventudes en 2025, y las elecciones legislativas y presidenciales en 2026. Según reveló El Tiempo, la única unión temporal habilitada para asumir esta responsabilidad incluye a Thomas Greg & Sons, empresa duramente criticada por el presidente Gustavo Petro.
Durante los últimos días, Petro ha intensificado sus señalamientos contra esta firma, a la que también busca desvincular del contrato de fabricación de pasaportes. En redes sociales ha planteado dudas sobre su reiterada presencia en contrataciones públicas y ha vinculado su participación con amenazas a la institucionalidad electoral: “La toma de Thomas and Gregg (sic) de los procesos electorales es el mayor peligro a la democracia colombiana”, afirmó en un trino de 2024, al compartir la recomendación de la Secretaría de Transparencia de suspender una licitación donde participaba esta empresa.
El martes volvió a cargar contra ella: “Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg (sic), en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia”.
Según documentó El Tiempo, Thomas Greg & Sons ha sido parte de al menos 22 contratos para procesos electorales en la última década, incluyendo las locales de 2011 y las presidenciales de 2022, en las que Petro resultó electo. Aun así, el presidente aseguró: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, mezclando sus críticas sobre el contrato de pasaportes con las futuras votaciones.
Históricamente, esta empresa ha formado uniones temporales con Carvajal Tecnología y Prosegur bajo la marca Disproel. Aunque esta vez no va acompañada de esas firmas, lidera la propuesta de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, única habilitada tras el cierre de la licitación.
La MOE (Misión de Observación Electoral), citada por El Tiempo, advirtió en 2021 sobre posibles ventajas estructurales: “La concentración de los contratos de la Registraduría en manos de unas pocas empresas puede deberse a un diseño de los pliegos de condiciones que no están basados en los estudios del sector y que contienen requisitos habilitantes desproporcionados”.
Aun así, aclaró que esto no implica fallas en la ejecución por parte de Thomas Greg.
Juan Carlos Galindo, exregistrador, defendió el papel de la empresa: “La Registraduría hace 40 años viene contratando los distintos servicios para las elecciones con distintas uniones temporales, de las que hace parte Thomas Greg. Hay varias empresas, no solo ellos”.
Agregó que: “No es solo comprar unos computadores e imprimir. Son unas acciones que tienen unas múltiples acciones que exigen una experiencia y un conocimiento importante. Thomas y las otras empresas han demostrado que tienen el conocimiento y la experiencia”.
También afirmó que la compañía ha cumplido con altos estándares: “Lo que exige la Registraduría es buscar los mejores estándares de calidad y conocimiento, Thomas ha demostrado que tiene esa experiencia y ha cumplido en los distintos contratos de la Registraduría”.
Galindo rechazó los ataques del presidente: “Se trata de deslegitimar las elecciones sin ningún soporte, lo que es absolutamente censurable. Las entidades internacionales que han venido a mirar las elecciones han destacado las fortalezas. Un proceso de Estado donde intervienen muchas autoridades, no solo la Registraduría”.
Carlos Ariel Sánchez, también exregistrador, coincidió: “Los contratos se ejecutaron y liquidaron debidamente. Por lo demás después de 8 años, no supe nada distinto de la liquidación satisfactoria de los contratos”.
Petro ha usado el error en el escrutinio de las elecciones legislativas de 2014 —que afectó al partido Mira— como argumento contra la adjudicación. No obstante, Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó a El Tiempo que Thomas Greg no fue responsable directo del fallo. La compañía a cargo de la transmisión fue ASD, también incluida en la nueva propuesta.
“Las responsabilidades son individuales en cuanto a que cada una de las empresas se encarga de una labor y en el Consejo de Estado no se encontró acción ilícita por parte de esta”, aclaró.
Tras esa crisis, el Consejo de Estado ordenó a la Registraduría adquirir un software propio, que fue comprado en 2022 a la empresa española Indra y está ahora bajo control del CNE. La contratación actual no incluye ese componente.
Este lunes, organizaciones ciudadanas se reunieron con la Registraduría para revisar el proceso. La MOE destacó a El Tiempo que la convocatoria fue amplia: “Se invitaron a las empresas nacionales y extranjeras. Se presentaron Smartmatic y Toppan Security. Los primeros requisitos importantes fueron que no se restringió a las empresas colombianas. Si se puede hacer UT con empresas extranjeras, se amplió la posibilidad de contratación”.
También señalaron que esta vez se incluyeron requisitos logísticos que abrían el espectro a nuevos actores. Sin embargo, expresaron inquietud por la concentración de 16 funciones en un solo contrato.
La Registraduría respondió: “Tener un solo contratista mitiga el riesgo de coordinación de los distintos sujetos que deben coordinar las acciones del contrato. Tener un mayor control, vigilancia y diálogo técnico con la Unión Temporal”.