Washington estrecha el cerco al chavismo y pide cooperación directa a Delcy Rodríguez

a administración del presidente estadounidense Donald Trump sigue apretando las tuercas sobre el liderazgo interino de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez. Según informó el diario español ABC este sábado 21 de febrero, la Casa Blanca conminó a la líder chavista a cooperar con las pesquisas de la Justicia estadounidense sobre diversos integrantes que forman o formaron parte de la estructura del régimen chavista, los cuales están inmersos en distintos casos que investigan delitos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.

Los integrantes del chavismo de los que Estados Unidos desea cooperación judicial por parte del Estado venezolano serían el hijo del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra; el empresario y exfuncionario chavista Álex Saab (presuntamente detenido); el empresario Raúl Gorrín (presuntamente detenido); Samark López Bello (detenido); el exministro de Petróleo Tareck El Aissami (detenido); Walter Gavidia (hijo de Cilia Flores); y Pedro Luis Martín-Olivares, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con lo descrito por una fuente del corresponsal en Washington del diario ABC, David Alandete, la petición de Estados Unidos no solo se limita a facilitar interrogatorios, sino también a permitir un acceso expedito a documentación, trazabilidad financiera y, si es posible, la habilitación de fórmulas de entrega o traslado de los acusados. Se trata de una condición delicada, ya que, a priori, existe en Venezuela una prohibición constitucional que impide la extradición de sus nacionales.

La justicia estadounidense cree asimismo que los datos que podrían poseer los señalados serían vitales para reconstruir el circuito de contratos, lavado de dinero y protección política que Washington atribuye al régimen anterior liderado hasta el 3 de enero por Maduro, quien fue capturado en Caracas ese mismo día en la operación “Determinación Absoluta”, ejecutada por el Ejército de Estados Unidos. No obstante, algunas piezas de la estructura del régimen de Maduro siguen en pie, como el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, acusado también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico.

Desde la operación militar estadounidense del 3 de enero, Padrino enfrenta el descontento de un número significativo de miembros del Ejército venezolano por la inacción que, a su juicio, derivó en la captura de Maduro, según reveló el pasado lunes el diario español El País.

En lo que se refiere a la cooperación judicial con Estados Unidos, el liderazgo interino de Delcy Rodríguez plantea un plan de tres fases.

El primer paso consistiría en facilitar entrevistas, interrogatorios, registros administrativos y documentación sensible. En esta primera fase, según Alandete, se enmarcarían las detenciones de los empresarios Álex Saab —quien hasta hace un mes fue apartado de sus tareas como ministro de Industria— y Raúl Gorrín.

La segunda etapa consistiría, en cambio, en permitir que equipos estadounidenses participen o supervisen parte del trabajo de verificación, sin que el Ejecutivo de Delcy Rodríguez lo reconozca públicamente.

La tercera fase contemplaría fórmulas de traslado o entrega sin emplear la palabra “extradición”, y no sería implementada hasta considerar su viabilidad política.

Las medidas distintas a la extradición serían expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y la entrega de documentación relevante para los casos que se investigan. La misma fuente del diario ABC señala, en este sentido, que se tiene pensado priorizar los objetivos judiciales mediante la revisión de diversos factores como la nacionalidad, el historial de viajes y la posición dentro del aparato del régimen venezolano.

No obstante, la principal prioridad para Washington sería Álex Saab —detenido en 2020 en Cabo Verde e indultado en 2023 por la administración de Joe Biden— ya que, según el Departamento de Justicia, el empresario barranquillero sería una pieza fundamental para dilucidar cómo se movía el dinero dentro del esquema de corrupción del madurismo al ocupar diversos cargos del Ejecutivo venezolano como exministro, intermediario de productos y enlace directo con el núcleo político del régimen de Maduro.

Según ABC, el Departamento de Justicia estadounidense realiza una investigación adicional contra Saab relacionada con una presunta conspiración de sobornos vinculada a la importación de alimentos —centralizados en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción destinadas a familias con bajos recursos— con sobreprecios.

Por su lado, Gorrín también fue puesto bajo la lupa de los fiscales estadounidenses por presuntamente idear un esquema de sobornos para obtener acceso privilegiado a las operaciones del control de cambios, con el objetivo de lavar dinero mediante circuitos financieros y sociedades fantasma.

No obstante, el hijo del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro Guerra, es otra de las figuras acusadas por los estadounidenses. En este caso, se trataría de su inclusión en el expediente que investiga al núcleo duro del poder del madurismo por una conspiración vinculada a narcóticos y armas.

Seguidamente aparece el hermanastro de Maduro, Walter Gavidia, quien está sancionado por el Tesoro estadounidense por su presunto rol en una trama de sobornos asociada a contratos públicos. Una pieza que Washington considera clave para aclarar el papel de los testaferros y de las sociedades fantasma, las cuales cobraron auge tras el programa de importaciones y el reparto discrecional de adjudicaciones públicas.

En lo que se refiere a Tareck El Aissami y Samark López Bello —señalados por narcotráfico y por ser su operador financiero, respectivamente—, Washington cree que podría obtener la colaboración expedita de Caracas, ya que ambos se encuentran actualmente en prisión por corrupción en la industria petrolera desde 2024, lo que permitiría realizar entrevistas y solicitar información relevante.

Otro de los señalados en la lista es el exresponsable de inteligencia económica Pedro Luis Martín-Olivares, a quien Washington identifica como uno de los artífices de la cobertura institucional de rutas y de la protección de cargamentos.