Proyecto de viviendas usadas genera críticas por impuesto del 3%

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) advirtió sobre contradicciones económicas en el proyecto de ley 252, que busca incentivar la compra de viviendas usadas, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían encarecer el acceso en lugar de facilitarlo.

En un análisis remitido a la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el gremio respaldó la intención de extender el régimen de interés preferencial al mercado de segunda mano, pero cuestionó el aumento del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2 % al 3 % para propiedades de hasta $300,000.

Según el documento, la propuesta legislativa surge como respuesta a la dificultad creciente de acceder a viviendas asequibles, especialmente entre los jóvenes, y al crecimiento urbano hacia las periferias. Sin embargo, Berliza Arosemena, fiscal de la junta directiva de Acobir, remitió a este medio el documento donde sostiene que el diseño actual del proyecto contiene “medidas que se contraponen entre sí”.

Uno de los principales señalamientos se centra en el impacto del ITBI. El gremio advierte que “incrementar la carga impositiva en el momento de la transacción es una medida contraproducente”, ya que podría desincentivar tanto a compradores como a vendedores, afectando el dinamismo del mercado de viviendas usadas.

El análisis también destaca que, aunque el impuesto suele recaer sobre el vendedor, en la práctica este costo se traslada al comprador, elevando el precio final de la propiedad. Esto, según Acobir, incrementa la barrera de entrada para quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Otro punto crítico es el efecto combinado de los incentivos propuestos. La iniciativa plantea un subsidio del 2 % sobre la tasa de interés por hasta 10 años y la exoneración del impuesto de inmueble para viviendas principales de hasta $300,000. No obstante, el gremio advierte que estos beneficios podrían verse anulados por el aumento del ITBI.

“El beneficio que el comprador obtiene a través de una tasa de interés más baja durante 10 años se ve neutralizado por el aumento inmediato de los gastos de transferencia”, señala el documento, al calificar como “ilusorio” el ahorro proyectado si el costo inicial de adquisición se incrementa.

Acobir también cuestionó el alcance del beneficio en términos de equidad. Según el análisis, una persona con capacidad para adquirir una vivienda de hasta $300,000 no necesariamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad que justifique subsidios estatales, lo que podría desviar el objetivo de atender a sectores con mayores dificultades de acceso.

El gremio advierte que elevar el tope del beneficio desde $180,000 —establecido en regímenes anteriores— hasta $300,000 podría favorecer segmentos de ingresos medios-altos, alejándose del concepto de vivienda accesible.

En su conclusión, Acobir reiteró que la extensión del interés preferencial a viviendas usadas puede ser una medida positiva para la sostenibilidad urbana, pero insistió en que el aumento del impuesto de transferencia contradice ese objetivo.

“Para que el incentivo sea real y efectivo para la población, es imperativo mantener o reducir los costos de transferencia en lugar de incrementarlos”, subraya el documento firmado Arosemena fiscal de la directiva de Acobir.