Combatir la corrupción, ¿por qué el rechazo?

En un país donde la corrupción se ha convertido en una herida abierta que refleja impunidad, la Asamblea Nacional volvió a darle la espalda a una de las principales preocupaciones de nuestro pueblo. Con 13 votos en contra, los diputados rechazaron el proyecto de ley que buscaba proteger a los informantes de actos de corrupción, un paso inicial —pero fundamental— para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los panameños estamos cansados de que nos vean la cara, mientras un grupo de exfuncionarios, cómplices, socios y amigos se enriquecen con el dinero de todos. Este proyecto no era una ley simbólica ni mucho menos un capricho político. Era una herramienta concreta para amparar a quienes, desde dentro del sistema público o privado, se atreven a denunciar las irregularidades que tanto daño hacen al país. Personas que hoy, sin esa protección, enfrentan despidos, amenazas y persecuciones por el simple hecho de hacer lo correcto.

Pero una vez más, nuestra Asamblea ha quedado en deuda. Rechazar una ley que protege al denunciante no es un acto técnico ni jurídico: es un mensaje político. Es decirle al país que la transparencia no es prioridad y que el sistema seguirá cuidando a los suyos.

Algunos diputados intentaron justificar su voto alegando “problemas legales” en el proyecto. Un argumento que suena más a excusa que a razón. Si existían aspectos por corregir, el camino era enmendar, proponer, no rechazar. Lo que vimos fue un reflejo claro de cómo ciertos sectores del poder político aún temen la fiscalización y la voz ciudadana.

La corrupción es, según todas las encuestas, uno de los principales problemas que angustia a nuestro pueblo. No hay reforma económica, ni programa social, ni discurso patriótico que resista cuando la gente percibe que el sistema está hecho para proteger a los corruptos y castigar a los honestos.

En una analogía médica, lo ocurrido en el pleno no fue un simple episodio legislativo: fue un síntoma. Un síntoma de la grave enfermedad que hoy consume a nuestra sociedad, que es la corrupción. Y lo más doloroso es que quienes podrían contribuir a extirparla, prefieren recetar calmantes, aliviar el dolor momentáneo, en lugar de enfrentar la cirugía profunda que el país necesita para sanar de verdad.

Mientras la ciudadanía clamma por justicia, integridad y transparencia, los representantes del poder legislativo, que deberían liderar ese cambio, se atrincheran en la comodidad del hemiciclo y prefieren mantener las mismas condiciones que tantos rechazan.

Proteger a los informantes no es una concesión política. Nuestra Asamblea debería estar del lado de los valientes que se atreven a hablar, no de quienes se esconden detrás de tecnicismos para sostener el silencio cómplice.

Este rechazo no detendrá el anhelo ciudadano de luchar contra la corrupción. Invito a mis colegas diputados a reflexionar sobre este tema y a retomar las mejoras que el proyecto, y muchos panameños, exigen.

Porque, al final, no hay democracia posible sin verdad, ni verdad posible sin quienes se atreven a contarla.