Del Estado intervencionista al Estado gendarme

Durante las últimas décadas, América Latina ha vivido un vaivén constante entre dos modelos de organización estatal: el Estado intervencionista, omnipresente en la economía, y el Estado gendarme, limitado a garantizar el orden, la justicia y la libertad. Hoy, ante el agotamiento de estructuras burocráticas ineficientes y el peso de un aparato público hipertrofiado, se hace necesario repensar el papel del Estado y devolverlo a su función natural: ser un facilitador, no un protagonista del desarrollo económico.

El modelo intervencionista surgió como respuesta a los desequilibrios del mercado, bajo la premisa de que el Estado debía “corregir” las fallas del sistema económico y proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, sin embargo, esta visión ha derivado en una administración pública sobredimensionada, con empresas estatales deficitarias, subsidios insostenibles y una burocracia que muchas veces actúa como un obstáculo más que como un motor de desarrollo.

El intervencionismo, al pretender sustituir al mercado, termina desnaturalizando el rol del Estado. Este deja de ser garante del bien común para convertirse en actor económico, compitiendo con el sector privado, distorsionando precios, generando ineficiencias y, en muchos casos, fomentando el clientelismo político. El resultado es una estructura que consume recursos en lugar de generarlos.

Frente a esta realidad, cobra vigencia la idea del Estado gendarme, concepto propio del liberalismo clásico del siglo XIX. En este modelo, el Estado no busca dirigir la economía ni participar en ella, sino asegurar las condiciones básicas para que el individuo y la iniciativa privada prosperen. Su función se concentra en tres pilares esenciales:

1. Seguridad y orden público: proteger l vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.

2. Justicia: garantizar el cumplimiento de las leyes, la igualdad ante ellas y la resolución imparcial de conflictos.

3. Infraestructura institucional: crear un marco jurídico y administrativo predecible, transparente y estable, que permita al mercado operar con eficiencia y confianza.

En otras palabras, el Estado gendarme no interviene, sino que arbitra. No produce, sino que facilita la producción. No regula en exceso, sino que crea reglas claras. La riqueza surge del trabajo y la innovación de los ciudadanos, no de la expansión del gasto público.

Volver al Estado gendarme no significa desatender las necesidades sociales ni r nunciar a la justicia distributiva. Significa redefinir las prioridades y recuperar la eficiencia de la administración pública. El Estado debe ser un facilitador del desarrollo, centrado en la provisión de servicios esenciales -educación, salud, justicia, seguridad-y en la generación de condiciones que atraigan inversión, estimulen la competencia y promuevan la productividad.

En este marco, la función pública debe transformarse: menos control, más coordinación; menos papeleo, más resultados; menos burocracia, más tecnología y transparencia. Solo así el ciudadano podrá percibir al Estado no como un obstáculo, sino como un aliado.

Panamá, como muchos países de la región, enfrenta hoy el desafío de equilibrar las demandas sociales con la sostenibilidad económica. La respuesta no está en seguir ampliando intervención estatal, sino en reconstruir un Estado moderno, austero y eficiente, que proteja derechos, imponga justicia y garantice libertad económica.

Volver al Estado gendarme no es un retroceso ideológico, sino un paso hacia la madurez institucional. Es entender que el verdadero desarrollo surge de la libertad individual, de la iniciativa privada y de la confianza en las reglas del juego. Un Estado que vigila, ordena y facilita -pero no sustituye ni compite- es la base de una sociedad más libre, más productiva y sobre todo, más justa. Ya empezamos.