Regulación de la práctica médica

En seguimiento a mi artículo previo sobre la praxis en salud, me refiero en esta ocasión al delicado tema de la regulación de la práctica médica, y cómo llevarla a cabo de la mejor manera. El dilema está en diseñar un sistema que regule sin asfixiar, que vigile sin desconfiar y que proteja sin convertirse en un obstáculo para la buena práctica clínica.

Antes de entrar de lleno a argumentar sobre el asunto, es obligatorio preguntarnos si ¿es necesaria la regulación de la práctica médica? La respuesta parece evidente: en una profesión que trabaja con la vida humana, la ausencia de normas sería tan peligrosa como inaceptable. Sin embargo, aceptando la necesidad de regular la práctica médica, la verdadera discusión se centra en cómo hacerlo. ¿Hasta dónde debe llegar el control del Estado, de los colegios médicos y de las instituciones de salud? ¿Cómo evitar que la regulación se convierta en simple burocracia que agobie a los profesionales, o peor aún, en un escudo corporativo que proteja a los propios médicos más que a los pacientes?

En ese contexto, no son pocos los que se oponen a una regulación estricta de la práctica médica, manifestando que el exceso de normas puede convertirse en un obstáculo más que en una solución. Subrayan que la medicina es, ante todo, un ejercicio de juicio clínico individual que no puede encajonarse en reglamentos rígidos sin perder eficacia y humanidad. Temen que los sistemas de recertificación y fiscalización terminen siendo meros trámites burocráticos que distraen al médico de su verdadera misión. Otros señalan que una regulación demasiado dura puede fomentar la medicina defensiva, donde los profesionales actúan más para evitar demandas que para buscar la mejor opción terapéutica.

En todo caso, la crítica parece no ser contra la idea de regular, sino contra la posibilidad de que la regulación se convierta en un freno a la innovación, la confianza y la relación directa entre médico y paciente.

Del otro lado, los defensores de la regulación sostienen que, sin un marco normativo claro, la medicina corre el riesgo de convertirse en un terreno sin control donde los pacientes quedan desprotegidos frente a la negligencia o la mala praxis. Por ende, la regulación no es un castigo sino una garantía de calidad, seguridad y confianza. Además, en contextos de creciente complejidad tecnológica y de tratamientos cada vez más especializados, contar con estándares comunes y mecanismos de supervisión es clave para reducir desigualdades y evitar abusos.

Desde esta perspectiva, la regulación no solo protege al paciente: también dignifica la profesión médica al establecer parámetros objetivos que reconocen y diferencian a quienes ejercen con responsabilidad, compromiso y excelencia.

Dicho lo anterior, parece evidente que la propuesta de regulación -aceptable para todos- debe equilibrar la protección del paciente con la autonomía profesional. Para ello, propongo -como marco de referencia fundamental- los siguientes cinco pilares sobre los que debe descansar la mejor regulación de la práctica médica.

Para comenzar, es obligatorio el licenciamiento y habilitación profesional. Constituye la puerta de entrada a la profesión. Implica requisitos académicos mínimos, titulación reconocida y autorización oficial para ejercer. Su ventaja es que asegura un estándar básico de competencias; su desafío, evitar que se convierta en una barrera burocrática innecesaria.

Para asegurar ese estándar básico de competencias, también es obligatoria la recertificación y educación continua. La medicina avanza a gran velocidad, por lo que el médico debe actualizarse de manera permanente. Los sistemas de recertificación periódica garantizan que el profesional se mantenga al día, aunque deben equilibrar exigencia y flexibilidad para no castigar a quienes trabajan en condiciones adversas.

Por su parte, los colegios profesionales, ministerios de salud y otras agencias regulatorias; deben asumir una efectiva supervisión y control de la práctica médica y la calidad de los servicios. El reto consiste en ejercer un control efectivo sin caer en burocracia o en conflictos de interés corporativos.

La responsabilidad profesional y sanciones deben estar claramente tipificadas y sancionadas, tanto en el ámbito ético como en el legal. Esto protege a los pacientes y refuerza la confianza social, pero requiere procedimientos transparentes, ágiles y justos para ambas partes.

Finalmente, subrayo la necesidad de garantizar la efectiva participación ciudadana y transparencia. Un sistema de regulación robusto no puede excluir a los pacientes. Canales de denuncia accesibles, rendición de cuentas y acceso público a la información sobre estándares médicos son claves para fortalecer la confianza y la legitimidad del sistema.

Estos cinco ejes constituyen un marco de referencia para comprender cómo se regula la práctica médica. Mientras algunos países tienen sistemas centralizados y estrictos, otros confían más en la autorregulación de los gremios médicos o en mecanismos flexibles de actualización profesional. En todo caso, Panamá debe aprovechar la experiencia internacional para encontrar -respondiendo a nuestras necesidades- un modelo panameño que equilibre control y autonomía, disciplina y confianza en el sistema de salud.