Subsidios electorales, privilegios y reforma tributaria

Sin que exista urgencia alguna, pues las elecciones están a tres años y medio de distancia y hasta la apertura del proceso electoral median otros tres, en la denominada Comisión Nacional de Reformas Electorales, que los hechos han demostrado que es instrumento consagrado a que los partidos se acomoden a su antojo y conveniencia las normas que los favorecen, se siguen consumiendo días y recursos en la discusión del proyecto elaborado por los magistrados del Tribunal Electoral.

Por otro lado, en la Asamblea Nacional, que es la instancia en donde por mandato constitucional aterrizará el sancocho que finalmente salga de la susodicha Comisión de Reformas Electorales, actualmente enfrascada en discutir, para mermarlas, las competencias de la Fiscalía General Electoral, también ya se adelantan eventuales reformas electorales, por ahora mediante un proyecto de ley que pretende eliminar y reducir varios de los privilegios de que disfrutan los partidos políticos a los que, por cierto, también se deben incluir otros que benefician a los diputados y sus suplentes, como la importación exonerada de vehículos personales, cualquiera que sea su precio, que cada quinquenio, merman al erario otra buena cantidad de millones.

Como contrapartida para justificar el proyecto que reformaría varios artículos del Código Electoral, se propone aumentar el monto exonerado de los asalariados, elevándolo a 1,000 balboas mensuales. Objetivamente consideradas, ambas medidas son justas.

Por un lado, es más que evidente que los subsidios y los privilegios otorgados a los partidos son injustificables, pues, ni remotamente, cumplen con la función que les atribuye el artículo 138 de la Constitución y, además, las normas del Código Electoral que los imponen como una obligación el Estado, violan flagrantemente el artículo 141, de la misma Constitución.

Por el otro, siendo evidente el desfase que existe entre el progresivo e imparable aumento del costo de vida y el ingreso necesario para apenas cubrirlo, elevar el mínimo exento del ingreso personal de los asalariados es absolutamente necesario.

Si en dos aspectos pueden considerarse similares las reformas electorales y medidas como la propuesta para modificar el monto del mínimo exento del ingreso personal, esto es que ambas revelan la necesidad de abordar ambos temas con urgencia; pero sin improvisaciones.

En cuanto a las reformas electorales lo que convendría es que se suspendan los debates inocuos e inoportunos, por prematuros y, además, costosos, que injustificadamente se realizan en la denominada Comisión de las Reformas Electorales. En su lugar, convendría que se abriera un espacio razonable para auscultar las aspiraciones de la ciudadanía y para tratar de concertar aproximaciones entre las fuerzas políticamente organizadas. Las experiencias del pasado, por los choques que se suscitaron cuando tocó a la Asamblea considerar el proyecto presentado por el Tribunal Electoral, aconsejan tratar de reordenar el proceso que, como demostraría cualquier sondeo de opinión no es, ni de lejos, una prioridad nacional.

Por otra parte, es un hecho comprobado que nuestra legislación tributaria es un maremágnum, que comenzó a generarse desde hace más de seis décadas. Posiblemente no existe en el mundo un caso similar de improvisaciones e inconsistencias. En lugar de abordar, con seriedad y planificadamente, un necesaria “reforma integral” del sistema, lo que hemos acumulado son “parches tras parches”, producto de la capacidad de algunos grupos de presión para acomodarse beneficios y prebendas.

Hace 60 o más años, tanto Panamá como la mayoría de los países latinoamericanos, fueron analizados en el que se conoció como el Programa Conjunto OEA-BID-CEPAL. En nuestro caso, se nos dedicó un volumen de casi 300 páginas, titulado “Estudio Fiscal de Panamá”. Es fácil apostar que la mayoría de los responsables en los gobiernos de analizar sus recomendaciones y, especialmente, los actuales ni siquiera lo han leído.

Una reforma fiscal integral es asignatura largamente pendiente en nuestro país. La iniciativa que, por justa, debe ser aprobada, de elevar la exoneración de la renta personal, debiera ser el estímulo para comenzar a compensar esa mora.

En varios países, como es el caso de España, se ha instituido como una instancia útil a ese propósito un “Consejo de Política Fiscal”, con la función de estudiar la materia y hacer las recomendaciones apropiadas. Imitar ese ejemplo, sería saludable.