Denuncian a magistrada de la CSJ por alquiler de Cadillac blindado
- 14/08/2025 00:00
La denuncia criminal fue presentada en la Secretaría de la Asamblea Nacional este miércoles por el abogado Alfredo Vallarino y la exdiputada Zulay Rodríguez El abogado Arturo Vallarino y la exdiputada Zulay Rodríguez presentaron este miércoles 13 de agosto una denuncia criminal contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, fraude en actos de contratación pública, corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.
“Tiene que ver principalmente con el tema de la contratación del famoso auto blindado. Hemos encontrado documentos que están dentro del sitio de contratación de la propia Corte Suprema de Justicia. Cualquiera lo puede ver en la página web”, explicó Vallarino.
En el portal de contrataciones públicas Panama Compra aparece una contratación por procedimiento excepcional por 70.620 dólares para el “Servicio de alquiler de vehículo tipo SUV blindado para el traslado de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia por el período de 30 días calendario, del 31 de enero al 1 de marzo de 2025”. La fecha de publicación del acto público es del 25 de febrero, casi 1 mes después de la fecha en que debía empezar el alquiler del vehículo. “Es decir, era imposible que más nadie participara porque yo estoy pidiendo el servicio hacia atrás. Eso es afectar a los otros competidores y es un fraude en la contratación pública”, afirmó Vallarino.
El 21 de abril de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una nota dirigida a la magistrada López rechazando la solicitud de autorización al procedimiento excepcional. “DEVOLVEMOS esta solicitud sin el trámite requerido, toda vez que no se evidencia dentro de la documentación sustentadora presentada, el cabal cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de conveniencia en materia de contrataciones públicas, que permitan a esta autoridad competente otorgar la autorización requerida, considerando que existen actualmente en el mercado otras ofertas de alquiler de vehículos con las características técnicas exigidas por la entidad a precios más accesibles y razonables, que representarían un mayor beneficio para el Estado”, señala el documento.
La denuncia también incluye el plan de compensación a jueces y magistrados, que califica como una jubilación especial. Apunta que es una facultad legislativa, por lo que la magistrada estaría cayendo en extralimitación de funciones.
El abogado Arturo Vallarino y la exdiputada Zulay Rodríguez presentaron este miércoles 13 de agosto una denuncia criminal contra la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, fraude en actos de contratación pública, corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.
“Tiene que ver principalmente con el tema de la contratación del famoso auto blindado. Hemos encontrado documentos que están dentro del sitio de contratación de la propia Corte Suprema de Justicia. Cualquiera lo puede ver en la página web”, explicó Vallarino.
En el portal de contrataciones públicas Panama Compra aparece una contratación por procedimiento excepcional por 70.620 dólares para el “Servicio de alquiler de vehículo tipo SUV blindado para el traslado de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia por el período de 30 días calendario, del 31 de enero al 1 de marzo de 2025”. La fecha de publicación del acto público es del 25 de febrero, casi 1 mes después de la fecha en que debía empezar el alquiler del vehículo. “Es decir, era imposible que más nadie participara porque yo estoy pidiendo el servicio hacia atrás. Eso es afectar a los otros competidores y es un fraude en la contratación pública”, afirmó Vallarino.
El 21 de abril de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una nota dirigida a la magistrada López rechazando la solicitud de autorización al procedimiento excepcional. “DEVOLVEMOS esta solicitud sin el trámite requerido, toda vez que no se evidencia dentro de la documentación sustentadora presentada, el cabal cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de conveniencia en materia de contrataciones públicas, que permitan a esta autoridad competente otorgar la autorización requerida, considerando que existen actualmente en el mercado otras ofertas de alquiler de vehículos con las características técnicas exigidas por la entidad a precios más accesibles y razonables, que representarían un mayor beneficio para el Estado”, señala el documento.
La denuncia también incluye el plan de compensación a jueces y magistrados, que califica como una jubilación especial. Apunta que es una facultad legislativa, por lo que la magistrada estaría cayendo en extralimitación de funciones.