Gasto de $330.000 en armamento y cero respuestas; expertos piden balance

En el primer trimestre de 2025, el Ministerio de Seguridad (Minseg) ya habría desembolsado cerca de $330.000 en armas y equipos similares, lo que representa más de un tercio del presupuesto total asignado a este sector para todo el año. Así lo revelan los registros presupuestarios oficiales de la entidad, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en una estrategia de seguridad centrada en el armamento.

Para este año, el Minseg cuenta con una asignación de $967.775 destinada exclusivamente a este tipo de adquisiciones, mientras que el año pasado $1,5 millones fueron aprobados con el mismo fin. De estos, unos $1.476.338 fueron ejecutados en la compra de armas

Todos estos datos provienen de la partida 370 del presupuesto del Ministerio de Seguridad, la cual, según las clasificaciones oficiales del gasto público, abarca la adquisición de armas y equipos considerados activos fijos, al estar catalogados como materiales y artículos destinados a la seguridad pública e institucional y entregados a este medio en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Esto se suma a la importación de 5.040 armas, entre pistolas de calibre 9x19 milímetros y escopetas de calibre 12 reveladas por La Estrella de Panamá en el reporte “Más armas para el Estado: importaciones del Ministerio de Seguridad aumentan un 100%”, del 14 de julio pasado, basado en un informe de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública para el Tratado sobre Comercio de Armas.

Este incremento contrasta con el discurso oficial del gobierno, que asegura estar promoviendo un modelo de seguridad basado en la disuasión del armamento no letal y haber solicitado el pasado 18 de junio casi $1 millón para la compra de 400 pistolas eléctricas tipo taser, como alternativa a las armas de fuego.

Mientras que en septiembre de 2024 se adquirieron de 12 subfusiles calibre 9 mm, cinco fusiles de asalto y un rifle de francotirador calibre 308. Estas decisiones han sido duramente cuestionadas por organizaciones civiles y expertos en seguridad.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga, miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional durante el periodo legislativo pasado, expresó su rechazo ante el gasto en armamento, en lugar de atender las necesidades sociales más urgentes.

“No puedo estar de acuerdo con las ansias de militarizar el país. Rechazo que se siga aumentando la compra de armas mientras miles de panameños siguen sin agua potable, sin empleo digno, con escuelas en mal estado y calles destruidas”, dijo Zúñiga a La Estrella de Panamá.

El diputado líder de la bancada Vamos también manifestó que la seguridad del país no puede basarse únicamente en la represión y el armamento, y abogó por un modelo integral que invierta en prevención, educación de calidad, generación de empleo y servicios básicos.

En este sentido, Rosaria Correa Pulice, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Panamá, argumentó que aunque las armas son necesarias para que el Minseg cumpla el rol de proteger a la población contra el crimen organizado, la inversión en armas de fuego no garantiza una política pública de seguridad correcta.

“Lo que no puede pasar es que en la ponderación del gasto público se descuide fortalecer el presupuesto de sectores como salud o educación. Tiene que haber un balance”, explicó a este medio.

Correa también dijo que el Estado debe explicar por qué ocurre el aumento en la compra de armas, en qué serán utilizadas específicamente, y procurar su debido uso respetando los estándares internacionales a los que Panamá se ha alineado, como el Protocolo de Armas de Fuego de las Naciones Unidas, el cual regula la fabricación, el comercio y la posesión de armas de fuego.

A nivel regional, Panamá figura entre los países con mayor importación de armamento institucional en América Latina, superando a la República Dominicana, El Salvador y Jamaica, y solo siendo equiparado por Costa Rica.

La exprocuradora de la nación Ana Matilde Gómez también se refirió al tema durante el programa radial Noticias 180 minutos, del periodista Álvaro Alvarado, al cuestionar la transparencia de las adquisiciones realizadas durante el último año.

“Cuando hay ausencia de información oficial, siempre se llenan los vacíos con las especulaciones, pero eso solamente lo puede mitigar la propia comunicación oficial, no hay otra manera”, y resaltó la importancia de las explicaciones pertinentes y rendición de cuentas de las autoridades.

En repetidas ocasiones, desde la semana pasada, La Decana ha intentado establecer contacto con el Ministerio de Seguridad y el ministro Frank Ábrego para conocer más sobre estas importaciones. Sin embargo, hasta el momento la autoridad no ha contestado a qué se debe el aumento, o la utilización que se daría a las armas, registrado en el reporte del Tratado sobre Comercio de Armas, pese a los cuestionarios y solicitudes de entrevista.