ANTAI admite que no puede investigar nepotismo dentro de la Asamblea Nacional
- 15/09/2026 12:31
Sheila de Arias atribuyó la restricción a un fallo judicial y señaló que corresponde a otras autoridades atender posibles irregularidades
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) no tiene competencia para investigar posibles casos de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional, reconoció su directora, Sheila de Arias, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto.
La funcionaria respondió así a los cuestionamientos del diputado independiente Luis Duke, quien denunció que en el Legislativo existen miembros que presuntamente mantienen nombrados a hermanos, madres, sobrinos y otros familiares.
“¿Qué pasa? Me gustaría saber si usted tiene alguna competencia para poder accionar con respecto a esto”, preguntó el diputado durante la sustentación del presupuesto de ANTAI para 2027.
“La respuesta es la que le di anteriormente: no alcanza mi competencia para la Asamblea Legislativa”, contestó De Arias.
La directora fundamentó su posición en el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que nadie puede ser juzgado sino por una autoridad competente y conforme a los trámites legales.
Previamente, De Arias había explicado que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de agosto de 2021 impide a ANTAI sancionar a la Asamblea por incumplimientos relacionados con la publicación de información bajo la Ley 6 de Transparencia.
Según relató, la institución intentó actuar contra el Legislativo por la falta de divulgación de información, pero la Corte determinó que no tenía competencia sobre otro órgano del Estado.
Ante la pregunta de Duke sobre quién puede fiscalizar a la Asamblea en estos casos, la directora respondió que corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
La funcionaria entregó al diputado una copia de la decisión para que analizara su alcance.
Aunque el fallo citado estaba relacionado con obligaciones de transparencia, De Arias utilizó el principio de competencia legal para explicar por qué la entidad tampoco puede iniciar investigaciones contra diputados por presunto nepotismo.
Durante su intervención, Duke aseguró que su intención no era atacar a la Asamblea, sino promover cambios que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Yo busco que esta Asamblea pueda cambiar, que pueda ser distinta y devolverle la confianza a la gente con hechos, no palabras”, expresó.
El diputado sostuvo que dentro del Legislativo se han observado presuntos nombramientos de familiares de diputados, pero no identificó durante esta intervención a los parlamentarios ni presentó casos específicos.
También relacionó la discusión con la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que incluye disposiciones para enfrentar el nepotismo y otras irregularidades administrativas.
Según Duke, la iniciativa se encuentra pendiente de sanción o veto presidencial.
“La institucionalidad se cuida con coherencia, fortaleciendo los procesos, siendo más transparentes y rindiendo cuentas”, afirmó.
De Arias explicó que la posibilidad de investigar faltas o delitos cometidos por altos funcionarios está distribuida entre diferentes instancias.
Indicó que ANTAI tampoco tiene competencia directa sobre el presidente de la República. En ese caso, señaló que la responsabilidad corresponde a la Asamblea Nacional.
Añadió que el pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia sobre miembros del Legislativo, ministros de Estado, procuradores, el contralor general y otras altas autoridades. Para viceministros, directores, gerentes de entidades autónomas y agentes diplomáticos mencionó a la Sala Segunda de lo Penal.
La directora también presentó un fallo del 2 de octubre de 2023, relacionado con una investigación preliminar que el entonces procurador de la Administración intentó iniciar contra el antiguo director de Descentralización por presuntas faltas éticas.
De acuerdo con su explicación, la Corte determinó que la Procuraduría no era la autoridad competente para desarrollar esa investigación. De Arias utilizó ese antecedente para insistir en que ninguna entidad puede abrir un proceso contra un funcionario si la ley no le concede expresamente esa facultad.
No. Su directora, Sheila de Arias, afirmó que la institución carece de competencia legal para investigar o sancionar a los diputados.