ANTAI reporta 15 sanciones por conflictos de intereses familiares y económicos
- 15/09/2026 11:40
La entidad detectó situaciones vinculadas con alcaldes, primos y jefes de Recursos Humanos, según reveló durante su sustentación presupuestaria ante diputados
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha impuesto alrededor de 15 sanciones por conflictos de intereses, entre ellas casos relacionados con vínculos personales, familiares y económicos dentro de instituciones públicas.
La cifra fue revelada este martes durante la sustentación del presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Una representante de la oficina de Asesoría Legal de la institución explicó que algunos de los expedientes involucran a alcaldes que mantenían relaciones laborales con primos dentro de sus administraciones.
Aunque estos casos no necesariamente encajan en la definición legal de nepotismo debido al grado de consanguinidad establecido por la normativa vigente, pueden ser examinados y sancionados como posibles conflictos de intereses.
“Se han realizado alrededor de 15 sanciones por conflicto de interés”, indicó la funcionaria ante los diputados.
La entidad también identificó situaciones relacionadas con jefes de Recursos Humanos, en las que podían coincidir elementos de nepotismo y conflictos de intereses.
Según la explicación ofrecida durante la comparecencia, las investigaciones pueden comprender diferentes modalidades:
La aclaración surgió después de que el diputado Luis Duke preguntara cuántos casos había detectado la institución durante los años 2024, 2025 y 2026.
El diputado cuestionó inicialmente la efectividad del sistema de declaraciones juradas, luego de que la directora de la entidad, Sheila de Arias, reconociera que existen restricciones legales para cruzar la información presentada por los servidores públicos con bases de datos de otras instituciones.
La directora sostuvo que ANTAI necesita cambios legislativos para comprobar con mayor profundidad la información consignada en las declaraciones juradas de intereses particulares.
Explicó que la institución recibe estos documentos bajo el principio de buena fe, pero no siempre puede acceder a los registros necesarios para identificar relaciones empresariales, familiares o económicas.
Como ejemplo, aseguró que solicitó información a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, pero esa entidad respondió que no podía entregársela porque ANTAI carecía de la facultad legal requerida.
La funcionaria pidió a la Asamblea Nacional modificar la Ley 316, además de revisar la Ley 6 y la Ley 33, para modernizar las herramientas institucionales de transparencia, fiscalización y prevención de la corrupción.
La entidad informó, además, que entre 2024 y lo transcurrido de 2026 su Dirección de Conflictos de Intereses ha manejado 34 expedientes.
Porque la entidad reconoció que carece de facultades legales suficientes para verificar integralmente las declaraciones juradas de intereses.