Apelaciones del Caso Pandora serán resueltas mañana jueves

Este martes 4 de agosto culminó la audiencia de apelación a 15 de los imputados en la Operación Pandora. El Ministerio Público, liderado por el fiscal superior Emeldo Márquez, solicitó que se cambiara las medidas de depósito domiciliario que mantienen Lupo González y Karen Pittí a detención provisional.

La audiencia se celebró en la sede del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en Plaza Fortuna. El magistrado Frank Torres presidió el tribunal, acompañado de los magistrados Carlos Barragán y Greta Marchosky.

Este fue el segundo día de la audiencia. El lunes, 5 imputados presentaron sus respectivas apelaciones a la imposición de la medida cautelar de detención provisional que mantienen, mientras que 8 desistieron de este recurso. Ahora, los magistrados deberán evaluar los argumentos de ambos partes, tanto abogados defensores como fiscales, para determinar si se mantienen o cambian las medidas aplicadas. Al finalizar la audiencia de este martes, comunicaron que anunciarán su decisión definitiva el próximo jueves 6 de agosto a las 2 de la tarde.

Fueron 15 las personas que participaron en esta audiencia de apelación, entre ellas exfuncionarias de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares vinculados con sociedades canasta que habrían sido usadas, de acuerdo a la Fiscalía, para mover millones de dólares en créditos fiscales ilegítimos. De acuerdo al Ministerio Público, por este caso se mantienen un total de 21 personas imputadas, por diversos delitos como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad de documentos y corrupción de funcionarios públicos.

Según la Fiscalía, los imputados forman parte de una estructura criminal que operaba en distintos niveles. En el escalón más bajo se encontraban funcionarios de la DGI, principalmente analistas cuyos nombres de usuario fueron utilizados para procesar trámites que dieron lugar a la acreditación ilegítima de 42.4 millones de dólares en créditos fiscales.

Personas como Adolfo Quintero y Carlos Ferguson cobraban comisiones por la venta de los créditos a un banco de la plaza local. De esta forma, los créditos fiscales se habrían convertido en dinero real, que luego pasaba a través de sociedades en las que varios imputados eran beneficiarios y a sus cuentas personales, según la teoría del Ministerio Público.

El resto del dinero continuaría derramándose hacia abajo, finalmente llegando a manos de Eduardo Silvestre, exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, quién de acuerdo a su propio testimonio lo daría a Betsy Rodríguez, una funcionaria que laboraba en la sede de La Chorrera, para que lo repartiera al resto de los funcionarios en efectivo. Esta sería la ruta de la coima que busca corroborar la fiscalía.

El principal insumo usado en la investigación es la documentación entregada por el propio Silvestre, así cómo su testimonio.

En ella, se detallan 61 operaciones procesadas en la DGI. La mayoría de ellas fue procesada por el usuario de Rodríguez, quien procesó 28 documentos por un valor de 27.2 millones de dólares. Le siguen el propio Silvestre con 7 documentos por un total de 8.8 millones de dólares; Irene Cumbrera con 3.1 millones de dólares; Lupo González con 1.2 millones de dólares y Elodia De León con 1.1 millones de dólares. Las funcionarias que procesaron la menor cantidad de fondos fueron Vielka Sáez, que procesó 3 documentos por 475 mil dólares; Dayra López que procesó 1 documento por 182 mil dólares y finalmente Margie Caballero, que procesó 1 documento por 50 mil dólares.

Sáez declaró ante el tribunal que no tenía conocimiento de ninguna estructura criminal hasta el momento que fue aprehendida. “Nosotras recibíamos las solicitudes y las procesábamos”, relató.

Estos montos no corresponden al dinero que habrían recibido los funcionarios, sino al valor de los créditos fiscales que se habrían acreditado de forma ilegítima. Sumándolos se llega a los más de 40 millones de dólares que estima el Ministerio Público es el monto de la lesión patrimonial encontrada hasta el momento.

Además, se investiga a otras funcionarias como Catherine Aguirre, cuyo usuario fue utilizada para cambiar la dirección de correo registrada de representantes legales de empresas cuyos créditos habrían sido cancelados ilegítimamente para que todos llegaran a una sola persona y facilitar la cesión de los créditos fiscales a las sociedades intermediarias.

También están analistas como Juana Chong, que es señalada por presuntamente autorizar trámites de los créditos fiscales ilegítimos y presuntamente cambiar números RUC para gestionar la cesión.

En chats presentados durante la investigación, Chong es llamada “hija de un pendejo con una moga” y su defensa alega que no sabía que estaba siendo utilizada. Durante la audiencia tomó la palabra y se dirigió directamente al tribunal. “Tengo décadas trabajando en la institución. Yo no aprobaba, ya todo venía aprobado por parte del analista”, aseguró.

¿Cuánto dinero le tocó a cada funcionaria?

No se han presentado registros de transferencias a muchas de ellas, pero el argumento de la Fiscalía es que se les pagó en efectivo y por eso no hay rastro visible. Las únicas transferencias que se registran son pagos de Yappy por unos cuántos dólares.

El Ministerio Público niega que se hayan celebrado hasta el momento acuerdos de colaboración o de pena en este caso. No se ha aprehendido hasta el momento a ningún representante del banco que firmó los contratos para la compra de créditos fiscales.