Aprehenden a exadministrador de la AMP por caso de presunto enriquecimiento
- 09/07/2026 00:00
Noriel Araúz fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al regresar de Paraguay. La investigación nació de una auditoría de la Contraloría que detectó una presunta lesión patrimonial de $1.3 millones
El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Antonio Araúz Villarreal, fue aprehendido este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al arribar al país en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
La diligencia fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), luego de que las autoridades confirmaran el ingreso del exfuncionario al país.
Fuentes oficiales informaron que la orden de aprehensión fue expedida el 4 de junio de 2026 como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, tras recibir un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.
Ese informe, remitido a la Fiscalía el 9 de abril de 2026, concluyó que existían indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado que habría ocasionado una posible lesión patrimonial al Estado por 1,319,984.42 dólares.
La investigación se sustenta en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría, la cual comparó los ingresos conocidos del exadministrador con los recursos económicos utilizados durante el período analizado.
Según la resolución emitida por la entidad fiscalizadora, Araúz registró inversiones, movimientos financieros, desembolsos y saldos bancarios por 2,355,670.77 dólares, mientras que los ingresos provenientes de fuentes identificadas ascendían a 1,035,686.35 dólares.
La diferencia entre ambas cifras, de 1,319,984.42 dólares, fue considerada por la Contraloría como un patrimonio cuyo origen no pudo ser sustentado con la información recabada durante la auditoría.
Con base en esos hallazgos, en marzo de este año la Contraloría ordenó medidas cautelares de secuestro sobre bienes del exfuncionario hasta por el monto de la presunta lesión patrimonial.
Las medidas alcanzaron bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, tarjetas de crédito y otros activos, con el propósito de garantizar una eventual recuperación de fondos en caso de que las autoridades determinen responsabilidades.
La investigación contra Araúz forma parte de una serie de expedientes remitidos por la Contraloría al Ministerio Público como resultado de auditorías practicadas entre 2025 y 2026.
La institución presentó siete denuncias penales relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en entidades públicas, juntas comunales, empresas contratistas y exfuncionarios de la pasada administración.
Entre los casos remitidos figuran auditorías al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), FCC Construcción, S.A. y la Junta Comunal de Ponuga, además de investigaciones contra otros exservidores públicos.
Estas actuaciones coinciden con una estrategia de fiscalización impulsada por la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, que en los últimos meses ordenaron medidas precautorias sobre bienes que superan los 18 millones de dólares mientras avanzan procesos administrativos, patrimoniales y penales.
Por otro lado, la Policía y el Ministerio Público aprehendieron este miércoles a 16 personas durante la operación Pandora, una investigación que apunta a una presunta red dedicada al fraude fiscal, el blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, con un perjuicio económico estimado en 40 millones de dólares.
Entre los aprehendidos figuran nueve funcionarios de la DGI, un exfuncionario y seis particulares, quienes son investigados por su presunta participación en un esquema que, según las autoridades, permitió realizar cesiones ilegales de créditos fiscales y eliminar obligaciones tributarias de contribuyentes mediante mecanismos irregulares.
Las capturas se efectuaron durante más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), comenzó en 2025 tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de créditos fiscales.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización estaría integrada por funcionarios de la DGI y particulares que presuntamente alteraban el trámite de cesiones de créditos fiscales para beneficiar de manera ilegal a determinados contribuyentes, causando una lesión patrimonial al Estado calculada en 40 millones de dólares.
Los investigados enfrentan señalamientos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
Como parte de las pesquisas, las autoridades identificaron un supuesto mecanismo de manipulación del sistema informático E-Tax 2.0.
Según la investigación, algunos funcionarios presuntamente reasignaban expedientes de forma irregular para acelerar la tramitación de cesiones de créditos fiscales, lo que facilitaba operaciones que ahora son objeto de investigación penal.
Las autoridades sostienen que estas maniobras permitieron procesar transacciones presuntamente fraudulentas que ocasionaron un millonario perjuicio a las finanzas públicas.