Arranca audiencia de apelación en el Caso Pandora

Este lunes 3 de agosto, a las 8:30 de la mañana, se celebrará la audiencia de apelación para 16 de los imputados en la Operación Pandora en la sede del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ubicado en Plaza Fortuna.

El 8 de julio de este año se realizaron operativos y allanamientos que resultaron con la aprehensión de 16 personas, entre ellas funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados y empresarios. Al día siguiente iniciaron una serie de audiencias de control de garantías que culminaron con la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y decreto de medidas cautelares.

Estas audiencias se extendieron por dos días, desde el viernes 9 de agosto al sábado 10. En ellas, el Ministerio Público presentó los elementos que vinculaban a cada uno de los sujetos y justificó las medidas que consideraron necesarias mientras avanzaba la investigación. De los 16 imputados, 13 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que a otros 3 se les dictaminó detención domiciliaria.

La audiencia de este lunes es para resolver las apelaciones presentadas a estas medidas por algunos de los abogados defensores.

De acuerdo a la Fiscalía, los imputados forman parte de una estructura criminal a través de la cuál se habrían gestionado al menos 40 millones en créditos fiscales ilegítimos.

La operación, según los fiscales, operaba en múltiples niveles. Funcionarios de la DGI habrían aceptado el pago de coimas para modificar información dentro de la plataforma tributaria e-tax, suspendiendo operaciones antiguas y generando boletas de pago y créditos fiscales. Una funcionaria se habría encargado de cambiar los correos electrónicos registrados para las empresas involucradas, haciendo que todo pasar por una nueva persona.

Los créditos fiscales eran entonces acreditados a nombre de una serie de sociedades intermediarias, llamadas en la investigación como “sociedades canasta”. En este punto se estratificaba el movimiento de los créditos para dificultar su trazabilidad transfiriéndolo entre sociedades. Finalmente, se firmaban contratos con un banco de la plaza local, el cual pagaba en dinero real por los créditos fiscales. Estos fondos eran entonces transferidos a distintas sociedades en las que personas imputadas eran beneficiarios finales, así como a sus cuentas personales. De allí también se sacaría el dinero para pagar las coimas.