Carrizo recurre a la Corte para frenar secuestro de bienes
- 24/12/2025 11:31
El exvicepresidente José Gabriel Carrizo presentó un amparo ante la CSJ para suspender la medida de secuestro aplicada por la Contraloría sobre sus propiedades
El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo de garantías constitucionales con el objetivo de detener el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias, dispuesto por la Contraloría General de la República a través de la Resolución No. 3757-2025-LEG/PJ, emitida el 22 de octubre de 2025.
La acción, tramitada por el abogado Pedro Meilán Núñez, argumenta que la medida constituye una afrenta a derechos fundamentales. El recurso presentado por la defensa del exvicepresidente Carrizo en la Corte es como Tribunal de Instancia y de apelación.
El recurso de amparo presentado por Carrizo, el pasado lunes 22 de diciembre, se tramita en el despacho de la magistrada María Eugenia López Arias. En este caso, la Contraloría figura como autoridad demandada, y el accionante sostiene que la aplicación del reglamento y la medida precautoria de secuestro de bienes violan garantías constitucionales.
La medida precautoria aplicada por el contralor, Anel Flores, surge en el marco de un proceso de investigación por un presunto enriquecimiento injustificado superior a $1,3 millones, derivado del periodo en que Carrizo ejerció de vicepresidente y ministro de la Presidencia entre 2019 y 2024. La resolución ordena el secuestro de fincas, cuentas bancarias, depósitos, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad y vehículos, así como la retención de cualquier crédito o cuenta por cobrar contra el Tesoro Nacional o entidades estatales.
Paralelamente, un conjunto de firmas y abogados, entre ellos Orobio & Orobio, Meilán y Asociados, y los juristas Roberto Moreno Obando, Adecio Mojica Peña, Leonardo Paul Aparicio y Roberto Antonio Morán de León, promovieron ante la CSJ una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ, mediante la cual la Contraloría aprobó el Reglamento de Medidas Precautorias.
El expediente, radicado bajo el número 158389-2025 en el despacho del magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, cuestiona la constitucionalidad del reglamento que faculta al contralor para suspender pagos, secuestrar bienes y adoptar otras medidas precautorias sin intervención judicial, incluso antes de una sentencia definitiva, con ejecución inmediata y sin que la interposición de recursos suspenda la medida.
El reglamento, aprobado el 23 de septiembre de 2025, desarrolla lo previsto en el artículo 29 de la Ley 32 de 1984, modificado por la Ley 351 de 2022, y establece un procedimiento administrativo para adoptar medidas cautelares ante irregularidades graves detectadas en auditorías sobre fondos públicos. Entre las medidas habilitadas figuran la suspensión de pagos con cargo al Tesoro Nacional, el secuestro de bienes muebles e inmuebles de personas vinculadas a irregularidades y otras acciones necesarias para resguardar el patrimonio estatal.
El caso ha generado un intenso debate político y jurídico. Desde la perspectiva de la Contraloría, las medidas son un instrumento legítimo de protección del patrimonio público, fundamentado en competencias constitucionales y legales, y en la necesidad de prevenir la dilapidación de recursos estatales antes de la culminación de la investigación.