Caso Ávila y 28 años de la ‘muerta-viva’: un proceso que vuelve a sacudir los tribunales del país
- 07/04/2026 00:00
Después de 28 años, el caso Ávila se resquebraja desde su base: la justicia reconoce a Marisol Barría como víctima, pero no puede probar su muerte. En medio de una audiencia suspendida, emerge la pregunta que sacude todo el proceso: ¿cómo sostener una condena por homicidio cuando la víctima está viva?
Afuera del tribunal, la escena era de resistencia. Carteles improvisados, rostros tensos y consignas que se repetían como un eco: “¡Justicia!” Familiares de los hermanos Ávila llegaron desde temprano este 6 de abril de 2026 para acompañar una audiencia que, sabían, podía marcar un antes y un después. Dentro, sin embargo, el acceso fue restringido a los medios. La diligencia comenzó entre las 2:00 y 2:20 de la tarde y se extendió hasta cerca de las 3:45 o 3:50 p.m., dejando más preguntas que respuestas, pero también una definición clave.
Por primera vez en este proceso, tanto la jueza de cumplimiento como el Ministerio Público confirmaron de forma categórica que la víctima del caso es Marisol Barría. La afirmación, lejos de cerrar el debate, lo intensifica: no existe certificación oficial de su muerte.
El abogado defensor, Eliecer Plicett, lo resumió al salir de la audiencia: “Se ha acreditado de manera firme que la víctima es Marisol Barría. Pero también ha quedado claro que no se ha podido probar que esté muerta”.
El caso de los hermanos Ávila se remonta a 1997, cuando se denunció la desaparición de Marisol Angelina Barría Rodríguez. La investigación derivó en un proceso penal que concluyó en 2009 con la condena de César y Eloy Ávila por homicidio.
Durante años, la narrativa oficial sostuvo que Barría había sido asesinada. Sin embargo, el expediente arrastraba inconsistencias: pruebas débiles, dudas sobre la identidad del cuerpo exhumado y cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación.
El caso dio un vuelco inesperado el 14 de diciembre de 2022, cuando Barría se presentó ante el Tribunal Electoral para renovar su cédula. Su aparición encendió las alarmas de un proceso que, hasta ese momento, se sustentaba en su supuesta muerte.
Cuatro años después, el 7 de enero de 2026, el Tribunal Electoral confirmó oficialmente que Barría está viva. Ese hecho, que por sí solo desmonta el eje central de la condena, es ahora el punto de partida de la estrategia legal de la defensa.
La audiencia de este lunes tenía como objetivo avanzar en un recurso de revisión que podría abrir la puerta a la anulación de la sentencia. Sin embargo, el proceso quedó suspendido por una razón médica.
La jueza ordenó la evaluación de César Ávila por parte de Medicina Legal, debido a su condición de salud —padece diabetes—, lo que impidió entrar al fondo del caso. La diligencia se retomará una vez se cuente con ese informe, previsto para este mismo mes.
Aun así, la jornada dejó definiciones relevantes. Según explicó Plicett, el Ministerio Público presentó un acta de inspección realizada el 30 de marzo de 2026 en el Tribunal Electoral, en la que no se pudo acreditar la defunción de Barría.
“Si no hay certificación de muerte, la pregunta es evidente”, planteó el abogado. “¿Cómo se sostiene una condena por homicidio?”
Mientras el proceso avanza en los tribunales, la historia de los Ávila se cuenta también desde el desgaste humano. Han pasado 28 años desde las detenciones iniciales, marcadas —según la familia— por limitaciones económicas, falta de defensa efectiva y ausencia de pruebas concluyentes.
Antes de la audiencia, Marisol Labarca, exesposa de César Ávila, tomó la palabra frente a los medios. Su testimonio fue directo y emocional.
“Ya son 28 años, muy largos años... pedimos que se pongan la mano en el corazón”, dijo.
Relató cómo la familia ha tenido que sostenerse en medio de la precariedad, sin recursos para enfrentar el proceso en igualdad de condiciones. También describió el deterioro de salud de los detenidos: César Ávila con complicaciones por diabetes y su hermano con problemas de presión arterial.
“Han perdido su trabajo, han perdido sus años”, insistió.
El reconocimiento de Barría como víctima dentro del expediente tiene implicaciones profundas. No solo confirma que la condena se basó en la supuesta muerte de una persona identificada, sino que refuerza la contradicción central del caso: esa persona no figura como fallecida.
Para la defensa, esto configura un escenario “atípico” que cumple con las causales para un recurso de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es claro: dejar sin efecto la sentencia condenatoria.
Plicett ha insistido en que este proceso no se resolverá en una sola audiencia. “Esto es un escalón en una escalera”, dijo. Un camino que, según la defensa, apenas comienza.
En las próximas semanas se realizará la evaluación médico-legal de César Ávila. A partir de ese resultado, se reanudará la audiencia y se definirá si procede una medida distinta a la detención, como un depósito domiciliario.
En paralelo, la defensa avanzará con el recurso de revisión ante la Sala Penal, considerado el mecanismo clave para revertir la condena.
Afuera del tribunal, mientras tanto, la familia sigue esperando. Entre pancartas y consignas, su mensaje se mantiene intacto: que el caso no termine como empezó.
Porque, en el centro de todo, persiste una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca: ¿cómo sostener una condena por homicidio cuando la víctima está viva?