Caso Odebrecht: Fiscalía pide condenar a Aaron Mizrachi por blanqueo de capitales
- 24/06/2026 20:07
La defensa pidió la absolución del empresario y presentó incidentes de prescripción y falta de competencia, que serán resueltos al momento de dictarse la sentencia.
La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria contra el empresario Aaron Mizrachi durante la audiencia ordinaria celebrada este martes ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, dentro del proceso por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Odebrecht.
Mizrachi había permanecido al margen del juicio principal desarrollado entre enero y febrero de este año, en el que fueron procesadas 21 personas, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli y varios de sus exministros.
Su comparecencia ante el tribunal se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocara, en última instancia, un amparo de garantías constitucionales que había favorecido al empresario y que mantenía suspendida su participación en el proceso.
Durante la audiencia, la defensa presentó una perito contable, quien fue interrogada tanto por el abogado defensor Arturo Saurí como por representantes del Ministerio Público y de la querella.
Además, el abogado Basilio González interpuso dos incidentes: uno por prescripción de la acción penal y otro por falta de competencia del tribunal para conocer el caso. Ambos recursos serán resueltos por la jueza al momento de dictar sentencia.
Al concluir la diligencia, la jueza Baloísa Marquínez dispuso acumular la situación jurídica de Mizrachi al resto de los procesados en el expediente Odebrecht, por lo que se emitirá una sola sentencia para todos los imputados.
La investigación por este caso se inició en diciembre de 2016, tras revelarse un esquema de pago de sobornos atribuido a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos y proyectos estatales en Panamá.
El caso Odebrecht se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción investigados en el país, debido a la presunta distribución de millonarios pagos ilícitos a funcionarios públicos y particulares vinculados con la aprobación y ejecución de obras de infraestructura.