Caso Pandora: MEF aparta funcionarios, congela créditos fiscales y ordena auditoría integral en la DGI

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este lunes una serie de medidas para reforzar los controles internos de la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de que la investigación de la denominada Operación Pandora revelara un presunto esquema de fraude fiscal que habría ocasionado una lesión patrimonial estimada en $40 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que la institución detectó “graves irregularidades” dentro de la DGI y aseguró que el Gobierno actuará para proteger los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la administración tributaria.

Entre las primeras decisiones adoptadas figura la separación de todos los funcionarios presuntamente relacionados con los hechos investigados y el congelamiento de los trámites correspondientes a créditos fiscales que se encuentran bajo sospecha.

Chapman explicó que el esquema investigado “comenzó hace muchos años”, logró infiltrarse dentro de la institución y eludir los controles existentes.

“No importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó el ministro en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Además, anunció que solicitó al contralor general de la República, Anel Bolo Flores, realizar una auditoría integral para establecer cómo operó el mecanismo, identificar las fallas en los controles internos y determinar las vulnerabilidades del sistema tributario.

El titular del MEF sostuvo que las investigaciones avanzan respetando el debido proceso y reiteró que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia.

“Las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso. Quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley”, expresó.

Chapman añadió que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades, corregir procesos y fortalecer los mecanismos de supervisión, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.

La Operación Pandora es una investigación desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada que apunta a una presunta red integrada por funcionarios de la DGI y particulares. Según la tesis del Ministerio Público, el grupo habría manipulado el sistema e-Tax para anular o modificar registros tributarios correspondientes a contribuyentes que ya habían pagado sus obligaciones fiscales. Esa alteración permitía que los pagos aparecieran como saldos disponibles y posteriormente fueran convertidos en créditos fiscales.

De acuerdo con las autoridades, esos créditos eran transferidos a sociedades intermediarias y luego comercializados o utilizados para cancelar obligaciones tributarias, generando un perjuicio estimado en $40 millones para el Estado.

Las auditorías del MEF también detectaron cambios en representantes legales de sociedades dentro del sistema tributario y modificaciones en direcciones de correo electrónico, con el fin de facilitar el control de los créditos generados.

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene 17 personas imputadas por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Entre los investigados figuran funcionarios y exfuncionarios de la DGI, abogados y representantes de sociedades que, según la Fiscalía, participaron en la creación, transferencia y comercialización de los créditos fiscales.

Las autoridades estiman que el número de personas vinculadas al caso podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

Uno de los principales señalados es el empresario José Miguel Jurado Rovira, directivo de dos sociedades que, de acuerdo con la investigación, recibieron más de $23 millones en créditos fiscales y cuyos movimientos financieros habrían permitido el ingreso de al menos $2.3 millones a cuentas personales.

Mientras tanto, el banco BAC International ha sostenido públicamente que adquirió créditos fiscales que aparecían certificados oficialmente en el sistema de la DGI y que las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de esa entidad, no por la institución bancaria. La audiencia de apelación de las medidas cautelares impuestas a varios de los imputados fue fijada para el próximo 3 de agosto ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Publio De Gracia Tejada, quien ejerció como titular de la entidad tributaria entre el 2 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024, hizo pública una cronología de hechos que confirma que las adulteraciones y modificaciones de datos en el sistema interno del fisco se detectaron formalmente desde 2022. A través de una declaración pública difundida este lunes 27 de julio en su cuenta de Instagram, De Gracia señaló que en 2022 la entidad recibió las primeras denuncias sobre alteración de datos de contribuyentes y personas señaladas, lo que motivó el inicio de revisiones administrativas e informes a los estamentos de seguridad.

Sin embargo, las irregularidades escalaron al año siguiente. A inicios de 2023, funcionarios de la propia DGI alertaron sobre resoluciones adulteradas para la adjudicación de incentivos fiscales. Tras una investigación interna, la entidad interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en abril de 2023 y notificó al contribuyente perjudicado.

Según de Gracia, el volumen de inconsistencias obligó a tomar medidas operativas extraordinarias durante la recta final del quinquenio pasado. En febrero de 2024, ante un atípico incremento en las solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales —unido a las advertencias de un grupo de profesionales tributarios—, la administración central ordenó la paralización total de estos trámites. Desde esa fecha, ningún expediente pudo aprobarse sin la fiscalización directa del despacho del director.

Un mes después, tal cuál como mediante la Resolución 201-1464 del 11 de marzo de 2024, la DGI reforzó las exigencias normativas: condicionó la aprobación de créditos a declaraciones juradas, documentación adicional y una resolución administrativa suplementaria. Además, la norma ordenó reevaluar todos los trámites presentados con anterioridad.