Caso Suntracs: conceden cuatro meses más para investigar presunto blanqueo de capitales

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, concedió una extensión de cuatro meses al plazo de investigación dentro de la causa compleja que se sigue contra varios dirigentes sindicales imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, delitos financieros y blanqueo de capitales.

La investigación guarda relación con el supuesto manejo irregular de fondos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), en perjuicio de trabajadores de la organización, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y del Banco de Desarrollo Agropecuario.

La decisión judicial se produjo tras una solicitud presentada por el Ministerio Público durante una audiencia celebrada este miércoles 3 de junio.

Al fundamentar su resolución, Martínez señaló que la ampliación del plazo cumple con lo establecido en los artículos No. 502 y No. 504 del Código Procesal Penal, y que resulta necesaria para garantizar una investigación objetiva, completa y desarrollada dentro de un plazo razonable.

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que aún mantiene pendientes varias diligencias investigativas consideradas esenciales para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las actuaciones que todavía deben completarse figura la obtención de información bancaria relacionada con 663 cheques, así como la extracción y evaluación de datos almacenados en 50 dispositivos electrónicos.

Además, los investigadores continúan revisando documentación vinculada con el caso, la cual forma parte de los elementos de convicción que buscan determinar la posible existencia de operaciones relacionadas con el presunto delito de blanqueo de capitales.

La causa fue declarada compleja el 21 de noviembre de 2025, fecha en la que un juez de garantías otorgó una primera extensión de seis meses para la realización de diligencias especializadas.

Durante la audiencia de este miércoles, los abogados de la defensa técnica particular manifestaron su oposición a la solicitud de ampliación presentada por el Ministerio Público.

Por la Fiscalía participó el fiscal Emeldo Márquez, mientras que los imputados estuvieron representados por los abogados César Ruiloba, Aida Jurado, Rubén Castro, Franklin Reyes y Miguel Rodríguez.

En representación de las presuntas víctimas comparecieron como querellantes Katherine Ostia y José Gabriel Cachafeiro, en nombre del Banco de Desarrollo Agropecuario.