Conato denuncia participación de Mitradel en ‘golpe sindical’ de directiva paralela

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) denunció este viernes lo que calificó como un “asalto a la institucionalidad democrática sindical”, luego de que un grupo encabezado por Ariano Pinzón y Boris Quesada se presentara en la sede del organismo alegando tener una resolución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que los acredita como presidente y secretario general de la organización.

Según los actuales dirigentes del Conato, la supuesta certificación fue comunicada únicamente a través de un mensaje de WhatsApp, sin que mediara notificación oficial ni documento autenticado por el Ministerio.

“No podemos acatar una directriz informal, sin respaldo legal ni validación institucional”, señalaron durante una conferencia de prensa.

Ante el hecho, el Conato convocó a una reunión extraordinaria del colegiado para definir los pasos a seguir y ha solicitado asesoría jurídica a distintos expertos en derecho laboral.

“Se trata de un acto totalmente ilegal, decidido en reuniones secretas y conspiratorias, al margen de nuestros estatutos y sin la representatividad de las organizaciones afiliadas”, advirtieron los voceros.

Los dirigentes sindicales anunciaron que interpondrán recursos legales contra los responsables y solicitarán al Mitradel una copia autenticada de la resolución que habría reconocido a la directiva paralela. “No descartamos acciones legales contra funcionarios que hayan avalado este atropello”, enfatizaron.

Guillermo Puga, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), sostuvo que la situación constituye una violación a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente los convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva.

“Vamos a defender el principio de libertad sindical a toda costa”, afirmó.

Los voceros también denunciaron que el grupo que tomó la sede del Conato cambió las cerraduras y les impidió el acceso al edificio, por lo que desconocen el estado de los equipos e insumos en el interior.

“No asumimos responsabilidad sobre lo que ocurra dentro. Fue una toma por la fuerza”, añadieron.

Para la profesora Nerva Reyes, integrante del Consejo, el hecho “responde a una decisión eminentemente política” con el objetivo de debilitar a las organizaciones sindicales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno.

Entre los temas que, según Reyes, podrían estar detrás de esta acción se mencionaron las próximas discusiones sobre el salario mínimo, la reapertura de la mina de Donoso, la construcción de embalses, el memorando de entendimiento entre el Gobierno y sectores empresariales, así como las reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Educación.

“Quieren intimidar y callar a las organizaciones que no se alinean con sus decisiones. Primero fue el Suntracs, luego la CGTP y ahora Conato. Mañana puede ser cualquier otro sindicato”, alertó.

Los dirigentes advirtieron que estas acciones podrían agravar la posición de Panamá ante la OIT, que ya ha incluido al país en la “lista corta” de naciones con violaciones a la libertad sindical.

“Panamá ya fue señalada por la OIT en 2010 y nuevamente este año. Con este golpe institucional, el país corre el riesgo de ser reincorporado en 2026 con sanciones más severas”, afirmó uno de los voceros, aludiendo a las consecuencias internacionales que podría acarrear esta crisis sindical.

El Conato reiteró que agotará todas las instancias legales, desde el Ministerio de Trabajo hasta los tribunales y organismos internacionales, si es necesario.

Mientras tanto, las organizaciones de base decidirán en asambleas las medidas que adoptarán para defender su representatividad.