CSJ empieza 2026 con nuevos magistrados y caso Odebrecht
- 02/01/2026 00:00
La Corte Suprema de Justicia tiene casos pendientes de alto perfil para 2026, como el Caso Odebrecht cuya audiencia está agendada para el 12 de enero. También hay casos como las demandas contra Panama Ports Company
El 2026 empieza con cambios importantes en el Órgano Judicial. Nuevos nombramientos, nueva junta directiva y casos de alto perfil aún por resolver.
Este viernes 2 de enero Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén asumen formalmente sus cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Agurto Ayala ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén estará en la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a Ángela Russo.
El mismo día que ambos asumen sus cargos, se escogerá la nueva directiva de la CSJ.
Un par de semanas después, la máxima corporación de justicia podría enfrentar una etapa clave en uno de los procesos más trascendentales de la historia jurídica panameña: el Caso Odebrecht.
La última audiencia estaba programada para el 11 de noviembre de 2025, pero fue pospuesta al 12 de enero de este nuevo año 2026.
La razón, de acuerdo al Órgano Judicial es que “no se ha podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia a uno de los imputados dentro del proceso penal seguido a varias personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales”.
Por este caso, que está en manos de la jueza Baloisa Marquínez, hay 25 personas acusadas, entre ellas el expresidente Juan Carlos Varela, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Debido a que los Martinelli Linares y Varela tienen fuero por ser parte del Parlamente Centroamericano (Parlacen), le corresponde a la CSJ el caso.
El expediente, de 2.855 tomos se lleva adelante bajo las normas del antiguo Sistema Inquisitivo debido a que se trata de una investigación iniciada en 2015.
En 2026, hay casos pendientes como la resolución de múltiples demandas por parte de víctimas de envenenamiento por dietilenglicol, así como las demandas presentadas por el contralor Anel Flores relacionadas al contrato entre el Estado y Panama Ports Company por inconstitucionalidad y nulidad.
Pero quizás la mayor presión sobre el Órgano Judicial estará enfocada en el tema minero. En 2023, tras 38 días de protestas masivas y cierres de calle a nivel nacional, la CSJ sentenció que el contrato entre el Estado y Minera Panamá era inconstitucional. El gobierno de turno de Laurentino Cortizo decretó también una moratoria minera.
Ahora, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha sido claro en su intención de reactivar el proyecto de cobre en Donoso. Aún se desconocen los términos que tendrá el nuevo contrato, si será una versión modificada del anterior (al que se le encontraron unos 25 puntos inconstitucionales) o una completamente nueva. Lo cierto es que la probabilidad de que el acuerdo entre la minera y el Estado sea demandado ante la Corte es alta, y le tocará a los magistrados decidir sobre este tema de interés nacional.