Decreto Uber Panamá 2026 vs 2017: qué cambia en la regulación del transporte por apps
- 17/04/2026 16:42
Nueva normativa modifica control del servicio, limita funciones de plataformas y obliga a conductores a integrarse al sistema formal bajo supervisión estatal
La firma del Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 reconfigura el modelo de operación de plataformas como Uber en Panamá y marca una ruptura con el esquema establecido en 2017 durante la administración de Juan Carlos Varela.
Aunque ambos decretos reconocen el uso de tecnologías digitales en el transporte, sus enfoques regulatorios difieren de forma sustancial.
El Decreto 331 de 2017 surgió como respuesta a la irrupción de plataformas digitales en el país. Su objetivo fue legalizar el servicio bajo la figura de transporte selectivo de lujo, permitiendo que aplicaciones como Uber operaran dentro de un marco formal.
Este decreto estableció requisitos para conductores —como licencia tipo E1, historial policivo limpio y condiciones mínimas del vehículo—, pero mantuvo en manos de las plataformas aspectos clave del negocio, como la fijación de tarifas y la asignación de servicios.
En la práctica, el modelo de 2017 permitió una operación con amplia autonomía empresarial, donde las plataformas eran el eje del sistema.
Sin embargo, el decreto enfrentó cuestionamientos legales. La Corte Suprema de Justicia anuló artículos relevantes, generando vacíos regulatorios que mantuvieron tensiones entre plataformas y el transporte tradicional.
El nuevo Decreto 10 de 2026 introduce un cambio estructural. El servicio pasa a ser regulado directamente por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y se establece que los conductores deben operar bajo una organización de transporte autorizada, conocida como prestataria.
Además, redefine el rol de las plataformas digitales, limitándolas a la intermediación tecnológica, mientras que la prestación del servicio recae en actores formalmente regulados.
El decreto también exige que los conductores cuenten con certificados de operación, pólizas de seguro, antecedentes verificados y vehículos con condiciones específicas, incluyendo antigüedad máxima y estándares de seguridad.
Otro elemento clave es que el Estado asume la regulación de tarifas dentro del esquema de transporte público, un aspecto que antes estaba en manos de las plataformas.
La diferencia entre ambos decretos refleja dos modelos regulatorios. El de 2017 priorizaba la adaptación al mercado digital, permitiendo que la innovación tecnológica liderara el servicio. El de 2026, en cambio, busca integrar las plataformas al sistema tradicional de transporte, bajo control estatal y reglas uniformes.
Para el Gobierno, este cambio responde a la necesidad de corregir vacíos legales y garantizar seguridad jurídica. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha señalado que el nuevo decreto cumple con el mandato de la Corte Suprema tras la inconstitucionalidad parcial del anterior.
Sin embargo, desde el sector de conductores surgen críticas. Omar Jaén, conductor de Uber, considera que el cambio traslada el poder sin resolver los problemas de fondo. “Ahora tenemos que rendir cuentas a la plataforma, a la prestataria y al Estado”, afirmó.
El paso de un modelo flexible a uno regulado abre interrogantes sobre su impacto en los ingresos de los conductores, la competitividad del servicio y la permanencia de las plataformas en el país.
Lo que sí está claro es que Panamá abandona el esquema que priorizaba la autonomía digital para adoptar uno de mayor intervención estatal, alineado con la estructura del transporte público tradicional.