Demandan en la Corte reglamento de medidas cautelares de la Contraloría
- 12/10/2025 00:00
El reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial, autoriza a la Contraloría General de la República a tomar acciones inmediatas sobre bienes y recursos vinculados a posibles actos irregulares
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió una demanda de inconstitucionalidad presentada por Ángel L. Álvarez T., que busca declarar nula la Resolución No. 3126-2025-LEG/PJ, emitida el 23 de septiembre, por el contralor de la República.
El recurso fue asignado al magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes y cuestiona el reglamento que autoriza al contralor general de la República a dictar medidas cautelares reales y personales, incluyendo incautaciones y embargos, con el objetivo de proteger los intereses públicos.
El reglamento impugnado, publicado en la Gaceta Oficial, autoriza a la Contraloría General de la República a tomar acciones inmediatas sobre bienes y recursos vinculados a posibles actos irregulares.
Según el contralor Anel Flores, la norma ya se encuentra en ejecución y ha permitido emitir más de 40 órdenes de incautación, asegurando bienes valorados en más de $24 millones.
Flores defendió la legalidad del reglamento y subrayó que su aplicación busca acelerar la recuperación del patrimonio estatal y evitar que bienes producto de actos irregulares desaparezcan durante los prolongados procesos judiciales.
“Esta herramienta es indispensable para frenar la impunidad. Los panameños están cansados de ver cómo funcionarios con pocos recursos terminan con propiedades de lujo y autos costosos”, aseguró Flores.
El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco, también respaldó la medida, señalando que tiene fundamento legal en la Ley 32 de 1984 y la Ley 67 de 2008, que reconocen las medidas precautorias dentro de los procesos fiscales. Franco enfatizó que toda acción debe ser proporcional y basada en indicios comprobables, y recordó que los afectados pueden acudir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para solicitar la suspensión de las medidas.
En lo que va del año, la Contraloría ha remitido 134 auditorías al Tribunal de Cuentas, detectando irregularidades por 57 millones de balboas. Gracias a las medidas de incautación, se han asegurado bienes por más de 24 millones, un avance que Flores considera sin precedentes en la protección de los recursos públicos.
El contralor reiteró que estas acciones no afectan la inversión privada, sino que fortalecen la transparencia y la confianza en el país.
“Si los negocios se hacen bien, no hay nada que temer. Estas acciones se dirigen a quienes lucran con fondos públicos”, afirmó.
La Corte Suprema deberá ahora determinar si el reglamento vulnera principios constitucionales, como el debido proceso y la separación de poderes. Mientras el Pleno no emita su decisión, la Contraloría continuará aplicando las medidas bajo el principio de legalidad.