Denuncian ante la Antai al secretario general de la ATTT

Según la queja, familiares vinculados a la diputada Dana Castañeda tendrían decenas de cupos de taxis y buses. Archivo | La Estrella de Panamá
  • 12/05/2026 13:10

El escrito presentado de forma anónima advierte que el funcionario mantendría supuestas conexiones con gremios, sindicatos y empresas del transporte.

Una denuncia administrativa presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicita la separación de su cargo del secretario general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Justo Castañeda, mientras se investigan presuntos conflictos de intereses relacionados con el negocio del transporte público y selectivo en el país.

El escrito presentado de forma anónima advierte que el funcionario mantendría supuestas conexiones con gremios, sindicatos y empresas del transporte tradicional, pese a ocupar uno de los puestos clave dentro de la entidad encargada de supervisar, regular y fiscalizar ese mismo sector.

La denuncia señala que Castañeda aparece presuntamente relacionado con varias sociedades vinculadas al transporte en la provincia de Coclé, entre ellas Transportes San Carlos El Valle, S.A. (TRANSANVA), Transportistas Unidos de Aguadulce, Unión de Transporte La Pintada Panamá, S.A. y Central de Transportistas de Coclé, S.A., donde presuntamente ocupa cargos directivos y administrativos.

El documento también menciona una supuesta concentración de certificados de operación, conocidos como cupos de transporte, en estructuras ligadas al entorno familiar y gremial del secretario general.

Según la queja, familiares vinculados a la diputada Dana Castañeda tendrían decenas de cupos de taxis y buses, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Coclé controlaría aproximadamente 422 certificados de operación.

La acción administrativa vincula estos hechos con el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, una normativa que generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores ciudadanos, empresariales y operadores de plataformas digitales de transporte, y que finalmente fue derogada.

De acuerdo con el denunciante, dicho decreto establecía controles y requisitos que podían impactar directamente la operación de aplicaciones como Uber e inDrive, mientras que favorecía de manera indirecta al sistema tradicional de prestatarias y concesionarias.

Por todo ello, la queja solicita a la Antai iniciar una investigación formal y adoptar medidas preventivas que garanticen la transparencia e imparcialidad dentro de la ATTT durante el proceso.