Desalojo en Río Abajo: 623 comercios denuncian falta de información ante ensanche de Vía España

La Asociación Nacional de Pequeños Productores y Expositores (ANAPE), ubicada en calle 12 de Río Abajo, denunció incertidumbre jurídica y falta de comunicación oficial tras recibir una notificación informal que les exige desalojar sus puestos antes del 30 de marzo por el proyecto de ampliación de la Vía España.

José Luis Ábrego Romero, presidente de ANAPE, aseguró que la advertencia llegó mediante una volante atribuida a un consorcio, en la que se informa que todos los comercios ubicados en el área intervenida deben retirarse para dar paso a una ampliación de 20 metros a cada lado de la vía.

“Han pasado tres semanas y no hemos recibido ninguna comunicación formal del Ministerio de Obras Públicas ni de otra autoridad competente. No hay contrato, no hay pliego de cargos, no hay explicación técnica sobre cómo se desarrollará el proyecto ni qué pasará con nosotros”, afirmó Ábrego.

ANAPE agrupa a 17 pequeños productores dedicados a la venta de legumbres, frutas, verduras, plantas y artesanías. La organización, sin fines de lucro, opera desde hace 46 años en el sector. Según Ábrego, varios comerciantes tienen hasta 50 años desarrollando sus actividades económicas en el área.

La preocupación se amplía más allá de la asociación. De acuerdo con un censo levantado por los propios comerciantes, alrededor de 623 negocios podrían verse afectados por el ensanche vial. Esto implicaría la pérdida directa e indirecta de cientos de empleos.

“Cada comercio genera entre cuatro y cinco plazas de trabajo. Si se clausuran, hablamos de un impacto significativo en la tasa de desempleo. Son familias que pagan impuestos y dependen exclusivamente de estos ingresos”, sostuvo el dirigente.

La vereda afroantillana de Río Abajo, reconocida por la venta de platillos tradicionales que preservan las raíces afrodescendientes en la capital, también estaría comprometida. Comerciantes advierten que el proyecto podría alterar un espacio con valor cultural e histórico para la comunidad.

“Esto es producto de lo que en Panamá se ha hecho costumbre: legalizar lo ilegal. Aquí hay familias que pagan impuestos y ahora simplemente se les dice que se van”, expresó uno de los afectados.

El proyecto de ampliación de carriles exclusivos para Mi Bus en la Vía España forma parte del plan gubernamental de rescate de obras inconclusas para optimizar la movilidad urbana en Ciudad de Panamá. La iniciativa contempla la intervención de aproximadamente 5.4 a 6 kilómetros de vía.

El diseño incluye carriles centrales exclusivos para el metrobús bajo el esquema BRT, mantenimiento de carriles para vehículos particulares, construcción de 10 estaciones, adecuación de 17 intersecciones semaforizadas, soterramiento de cables, reubicación de alcantarillado y mejoras en espacios peatonales.

En febrero de 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto fue retomado tras superar procesos legales y licitaciones previas. La inversión busca modernizar el corredor y priorizar el transporte público.

Sin embargo, los comerciantes cuestionan la planificación y la falta de socialización del proyecto con los sectores impactados. Aseguran que no se ha planteado ningún esquema de indemnización, reubicación o compensación.

Ante la ausencia de respuestas oficiales, ANAPE evalúa interponer acciones legales amparadas en la normativa vigente. “Vamos a tomar las medidas que la ley nos permita. Exigimos respeto a nuestro derecho al trabajo y a la propiedad privada”, señaló Ábrego.

Los afectados también cuestionan la participación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), al considerar que el impacto laboral debería activar mecanismos de protección y asesoría.

Con un plazo que vence el 30 de marzo, la tensión aumenta en Río Abajo. Mientras el proyecto de ampliación de la Vía España avanza como prioridad de movilidad para la ciudad, cientos de comerciantes esperan claridad sobre su futuro económico y jurídico.