DGI, ‘preponderante’ ante la defraudación fiscal: Procuraduría de la Administración
- 17/06/2025 23:00
Para que el Ministerio Público pueda investigar la defraudación fiscal se requiere del informe de la DGI. Un reporte de La Decana resaltó que la mayor brecha de incumplimiento fiscal está en las empresas con más de $8.000 millones. La DGI aún no responde qué hará al respecto “Preponderante”, así describió la Procuraduría de la Administración el rol de la Dirección General de Ingresos (DGI) para combatir la defraudación fiscal.
El pronunciamiento de la procuradora Grettel Villalaz de Allen con fecha del 13 de mayo, obedece a una consulta efectuada por el director de la DGI, Camilo Valdés.
Precisamente, La Estrella de Panamá detalló que la mayor brecha de incumplimiento fiscal se encuentra en las personas jurídicas (empresas) que aportan apenas el 36 % de lo recaudado del impuesto sobre la renta (ISR) mientras que las personas naturales o los asalariados un 64 %.
El reporte de La Decana, “Evasión e inequidad fiscal: el problema de las deterioradas finanzas públicas”, del 9 de junio, con base en el útimo “Boletín estadístico tributario”, detalló que solo en ISR las personas jurídicas tienen una brecha de incumplimiento de $8.797 millones, mientras que el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) otros $3.300 millones, según otra nota periodística de este diario.
“¿Cuál es la autoridad competente para representar y velar por los intereses del Tesoro Nacional dentro de los procesos penales por presunta defraudación fisca, así como en aquellos casos en los que la DGI interponga denuncia por la posible comisión de delitos que afecten los ingresos fiscales del Estado?”, preguntó Valdés a la Procuraduría de la Administración.
Ante ello, la institución contestó que los intereses representados en un posible proceso penal por presunta defraudación fiscal son los del Estado.
De acuerdo con el mandato constitucional, estos se representan por el Ministerio Público y dentro de los procesos penales por presunta defraudación fiscal y en aquellos en que la DGI interponga denuncia por la posible comisión de delitos que afecten los ingresos fiscales del Estado, explicó Villalaz de Allen.
Respecto a lo concerniente a la legitimidad para actuar como querellante dentro de los procesos penales por presunta defraudación fiscal se exige la existencia de un acto administrativo no definitivo proferido por la DGI.
“La DGI ejerce un rol preponderante para demostrar la comisión del supuesto delito de defraudación fiscal, por cuanto que debe generar el elemento probatorio (informe), contentivo de todos aquellos elementos necesarios para la defensa de los intereses nacionales, por conducto del Ministerio Público”, concluye el pronunciamiento de la procuradora.
Precisamente, La Estrella de Panamá le consultó a la DGI, desde hace 12 días -el pasado 6 de junio-, por las acciones contra la brecha de incumplimiento fiscal, pero a la fecha la DGI no ha contestado, a pesar de que se comprometió en hacerlo y es su deber por tratarse de asuntos de interés público.
La pregunta es parte de un cuestionario con otras cinco interrogantes, entre las que se pidió explicaciones respecto a que, según los datos oficiales, los sectores con mayores utilidades son los que menos aportan.
A su vez, el primer trimestre de 2025 el país tuvo un ahorro corriente negativo, lo que indica que los ingresos corrientes no son suficientes para sufragar los gastos corrientes, a pesar de que en ese periodo repuntó la actividad económica con 7,8 %, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y una de las razones es la evasión fiscal y la inequidad o incentivos fiscales.
Para el exdirector de la DGI Publio Cortés Carvajal, el problema con la recaudación es la evasión fiscal que existe con las personas jurídicas.
“Para mejorar la recaudación hay que combatir la gran evasión”, indicó Cortés, y para ello la DGI debe “meter el acelerador a la aplicación de auditorías implacables en materia de precios de transferencia”.
“La gran evasión que hacen las grandes empresas multinacionales involucran estructuras de triangulación con empresas vinculadas en el extranjero. No es justo que solamente se persiga a los más chicos o que le suban los impuestos al ciudadano de a pie, cuando la gran evasión de las empresas sofisticadas se deja intacta” acotó Cortés Carvajal.
“Preponderante”, así describió la Procuraduría de la Administración el rol de la Dirección General de Ingresos (DGI) para combatir la defraudación fiscal.
El pronunciamiento de la procuradora Grettel Villalaz de Allen con fecha del 13 de mayo, obedece a una consulta efectuada por el director de la DGI, Camilo Valdés.
Precisamente, La Estrella de Panamá detalló que la mayor brecha de incumplimiento fiscal se encuentra en las personas jurídicas (empresas) que aportan apenas el 36 % de lo recaudado del impuesto sobre la renta (ISR) mientras que las personas naturales o los asalariados un 64 %.
El reporte de La Decana, “Evasión e inequidad fiscal: el problema de las deterioradas finanzas públicas”, del 9 de junio, con base en el útimo “Boletín estadístico tributario”, detalló que solo en ISR las personas jurídicas tienen una brecha de incumplimiento de $8.797 millones, mientras que el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) otros $3.300 millones, según otra nota periodística de este diario.
“¿Cuál es la autoridad competente para representar y velar por los intereses del Tesoro Nacional dentro de los procesos penales por presunta defraudación fisca, así como en aquellos casos en los que la DGI interponga denuncia por la posible comisión de delitos que afecten los ingresos fiscales del Estado?”, preguntó Valdés a la Procuraduría de la Administración.
Ante ello, la institución contestó que los intereses representados en un posible proceso penal por presunta defraudación fiscal son los del Estado.
De acuerdo con el mandato constitucional, estos se representan por el Ministerio Público y dentro de los procesos penales por presunta defraudación fiscal y en aquellos en que la DGI interponga denuncia por la posible comisión de delitos que afecten los ingresos fiscales del Estado, explicó Villalaz de Allen.
Respecto a lo concerniente a la legitimidad para actuar como querellante dentro de los procesos penales por presunta defraudación fiscal se exige la existencia de un acto administrativo no definitivo proferido por la DGI.
“La DGI ejerce un rol preponderante para demostrar la comisión del supuesto delito de defraudación fiscal, por cuanto que debe generar el elemento probatorio (informe), contentivo de todos aquellos elementos necesarios para la defensa de los intereses nacionales, por conducto del Ministerio Público”, concluye el pronunciamiento de la procuradora.
Precisamente, La Estrella de Panamá le consultó a la DGI, desde hace 12 días -el pasado 6 de junio-, por las acciones contra la brecha de incumplimiento fiscal, pero a la fecha la DGI no ha contestado, a pesar de que se comprometió en hacerlo y es su deber por tratarse de asuntos de interés público.
La pregunta es parte de un cuestionario con otras cinco interrogantes, entre las que se pidió explicaciones respecto a que, según los datos oficiales, los sectores con mayores utilidades son los que menos aportan.
A su vez, el primer trimestre de 2025 el país tuvo un ahorro corriente negativo, lo que indica que los ingresos corrientes no son suficientes para sufragar los gastos corrientes, a pesar de que en ese periodo repuntó la actividad económica con 7,8 %, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y una de las razones es la evasión fiscal y la inequidad o incentivos fiscales.
Para el exdirector de la DGI Publio Cortés Carvajal, el problema con la recaudación es la evasión fiscal que existe con las personas jurídicas.
“Para mejorar la recaudación hay que combatir la gran evasión”, indicó Cortés, y para ello la DGI debe “meter el acelerador a la aplicación de auditorías implacables en materia de precios de transferencia”.
“La gran evasión que hacen las grandes empresas multinacionales involucran estructuras de triangulación con empresas vinculadas en el extranjero. No es justo que solamente se persiga a los más chicos o que le suban los impuestos al ciudadano de a pie, cuando la gran evasión de las empresas sofisticadas se deja intacta” acotó Cortés Carvajal.