Diputado propone crear el derecho al olvido penal en Panamá
- 19/07/2026 00:00
Un anteproyecto busca cancelar ciertos antecedentes y registros policiales de personas que cumplan sus condenas y reúnan requisitos. La iniciativa contempla penas de hasta tres años y excluye delitos
Un anteproyecto de ley presentado por el diputado Isaac Mosquera ante el pleno de la Asamblea Nacional propone crear una ley de segunda oportunidad y derecho al olvido penal, con el objetivo de establecer mecanismos de reinserción social y regular la cancelación de antecedentes y registros policiales.
La propuesta parte del principio de que una persona que cumplió íntegramente la pena impuesta por la justicia, reparó el daño cuando correspondía y durante un periodo determinado mantuvo una conducta ajustada a la ley debe tener la posibilidad de reconstruir su vida.
De acuerdo con la exposición de motivos, la permanencia indefinida de antecedentes o información penal puede generar consecuencias en el acceso al empleo, la educación, el crédito y la vivienda, aun cuando la persona ya haya cumplido con las obligaciones establecidas por la justicia.
El diputado sostuvo ante el pleno que mantener de forma permanente el peso de un antecedente puede convertirse en una consecuencia adicional a la pena impuesta por un juez.
La iniciativa plantea que el derecho al olvido penal no busca borrar la historia ni impedir que las autoridades judiciales accedan a la información cuando resulte necesario. El objetivo sería establecer un equilibrio entre el interés público de conservar determinados registros y el derecho de una persona a que un hecho del pasado no determine indefinidamente su futuro.
Según el anteproyecto, podrán acogerse a sus disposiciones las personas condenadas por delitos considerados de baja lesividad, siempre que hayan cumplido íntegramente la pena principal y las penas accesorias.
También se contempla a quienes hayan cumplido con las obligaciones derivadas de sanciones como días multa o trabajo comunitario.
La propuesta considera como delitos de baja lesividad aquellos sancionados con multas, días multa, trabajo comunitario o penas privativas de libertad que no superen los tres años.
El documento también incluye determinados casos de blanqueo de capitales cuando la cuantía no exceda los $100 mil y siempre que el hecho no tenga relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada.
La aplicación de la medida estaría sujeta a los requisitos y condiciones que establezca la eventual legislación.
El anteproyecto establece una lista de delitos que quedarían excluidos de los mecanismos de cancelación de antecedentes y registros contemplados en la propuesta.
Entre ellos aparecen el homicidio, femicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada y terrorismo.
También quedarían fuera los delitos contra niños, niñas y adolescentes.
La propuesta busca que el mecanismo se concentre en conductas consideradas de menor gravedad y que no esté disponible para delitos que, por su naturaleza, representan un mayor impacto para las víctimas y la sociedad.
La exposición de motivos sostiene que uno de los objetivos del derecho penal moderno es la resocialización de las personas.
Desde esta perspectiva, el anteproyecto plantea que la reinserción no debe limitarse al cumplimiento de una pena, sino que también debe permitir que una persona tenga oportunidades para reincorporarse a la sociedad.
El documento señala que la conservación indefinida de información penal puede convertirse en un obstáculo para quienes intentan acceder a un empleo o reconstruir su proyecto de vida.
La propuesta también plantea una diferencia entre la información que debe permanecer disponible para las autoridades competentes y aquella que puede generar consecuencias permanentes en la vida social y laboral de una persona.
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