Docentes mantendrán la huelga pese al inicio del segundo trimestre
- 20/06/2025 23:00
Educadores mantienen huelga indefinida tras ocho semanas de paro, mientras el Gobierno y el sector empresarial llaman al diálogo frente a un sistema educativo en crisis Luego de ocho semanas de huelga indefinida, los gremios docentes de Panamá reiteraron su rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), y confirmaron que no regresarán a las aulas mientras esta norma siga vigente. A pesar de los esfuerzos del sector empresarial por abrir un canal de diálogo, el paro se mantiene, sumando nuevos apoyos entre padres de familia y estudiantes.
Este jueves 20 de junio, representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), encabezados por su presidente Gabriel Diez, se reunieron con los líderes del movimiento docente en un encuentro moderado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. La cita se produjo tras varios intentos fallidos del sector privado por entablar conversaciones con los educadores.
Gabriel Diez calificó la reunión como “exitosa” y destacó dos acuerdos fundamentales: la necesidad de rechazar la violencia y la voluntad de seguir dialogando para buscar soluciones integrales a los problemas del país, más allá del conflicto en torno a la ley de la CSS. “Hablar del regreso de una ley que ya murió es difícil. El gobierno ha planteado que no es una opción, pero acordamos identificar las objeciones existentes y buscar medidas”, dijo Diez.
Sin embargo, poco después del encuentro, los gremios docentes confirmaron que mantendrán la huelga. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, advirtió que “este problema no se resolverá si se genera más violencia contra los manifestantes”. Señaló además que el gobierno del presidente José Raúl Mulino está utilizando políticamente a la Policía Nacional y al Ministerio Público contra los protestantes.
Ábrego hizo referencia a los hechos violentos ocurridos la noche del 19 de junio en Changuinola, Bocas del Toro, donde individuos encapuchados irrumpieron en el aeropuerto local, sustrajeron vehículos y saquearon oficinas. También causaron destrozos en el estadio Calvin Byron, dañando el sistema de iluminación y señalización. “No hay necesidad de vivir lo que ocurrió en Bocas del Toro. Es innecesario e injustificable”, afirmó Diez al respecto.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se refirió al impacto del paro durante una conferencia de prensa el 19 de junio. “El daño es incalculable hoy y hacia futuro con la educación que se ha afectado producto de esos malhorados paros”, afirmó.
Según indicó, la ministra de Educación, Lucy Molinar, le informó que el 30% de las escuelas del país continúan paralizadas. “Yo valoraré el próximo lunes la situación con ella para adoptar segundas decisiones. Lo que menos quiero es seguir afectando esto y que estos señores, a quienes la Ley 462 no toca ni le quita un solo privilegio, entiendan que por razones politiqueras e ideológicas no van a afectar este país más de lo que ya han hecho”, aseguró.
El Ministerio de Educación insiste en el retorno a clases. La viceministra académica, Agnes De León, recordó que el segundo trimestre escolar comenzará este lunes 23 de junio e instó a los docentes a retomar sus labores. Garantizó que “no se les destituirá” a quienes regresen a las aulas.
De León indicó que cerca de 300,000 estudiantes, en su mayoría de secundaria, han sido afectados por la suspensión de clases. Los de sexto año son los más perjudicados, ya que no han podido cumplir con sus horas de labor social ni prepararse adecuadamente para las pruebas de ingreso a las universidades. “El calendario 2025 no será modificado, pero estamos trabajando en un plan de recuperación con guías disponibles en la web del ministerio”, explicó.
Edwin Gordón, director general de Meduca, advirtió que tomarán medidas contra quienes no se reincorporen: “El docente que no venga a trabajar, tomaremos acciones para no afectar a nuestros estudiantes”. Aseguró que el ministerio cuenta con una base de datos de 24,000 aspirantes que han manifestado su deseo de trabajar en el sistema educativo público.
A pesar de la presión institucional, los educadores insisten en que solo mediante el diálogo y la derogación efectiva de la Ley 462 podrá alcanzarse una solución. Mientras tanto, miles de estudiantes y sus familias siguen esperando el regreso a clases.
Luego de ocho semanas de huelga indefinida, los gremios docentes de Panamá reiteraron su rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), y confirmaron que no regresarán a las aulas mientras esta norma siga vigente. A pesar de los esfuerzos del sector empresarial por abrir un canal de diálogo, el paro se mantiene, sumando nuevos apoyos entre padres de familia y estudiantes.
Este jueves 20 de junio, representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), encabezados por su presidente Gabriel Diez, se reunieron con los líderes del movimiento docente en un encuentro moderado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. La cita se produjo tras varios intentos fallidos del sector privado por entablar conversaciones con los educadores.
Gabriel Diez calificó la reunión como “exitosa” y destacó dos acuerdos fundamentales: la necesidad de rechazar la violencia y la voluntad de seguir dialogando para buscar soluciones integrales a los problemas del país, más allá del conflicto en torno a la ley de la CSS. “Hablar del regreso de una ley que ya murió es difícil. El gobierno ha planteado que no es una opción, pero acordamos identificar las objeciones existentes y buscar medidas”, dijo Diez.
Sin embargo, poco después del encuentro, los gremios docentes confirmaron que mantendrán la huelga. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, advirtió que “este problema no se resolverá si se genera más violencia contra los manifestantes”. Señaló además que el gobierno del presidente José Raúl Mulino está utilizando políticamente a la Policía Nacional y al Ministerio Público contra los protestantes.
Ábrego hizo referencia a los hechos violentos ocurridos la noche del 19 de junio en Changuinola, Bocas del Toro, donde individuos encapuchados irrumpieron en el aeropuerto local, sustrajeron vehículos y saquearon oficinas. También causaron destrozos en el estadio Calvin Byron, dañando el sistema de iluminación y señalización. “No hay necesidad de vivir lo que ocurrió en Bocas del Toro. Es innecesario e injustificable”, afirmó Diez al respecto.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se refirió al impacto del paro durante una conferencia de prensa el 19 de junio. “El daño es incalculable hoy y hacia futuro con la educación que se ha afectado producto de esos malhorados paros”, afirmó.
Según indicó, la ministra de Educación, Lucy Molinar, le informó que el 30% de las escuelas del país continúan paralizadas. “Yo valoraré el próximo lunes la situación con ella para adoptar segundas decisiones. Lo que menos quiero es seguir afectando esto y que estos señores, a quienes la Ley 462 no toca ni le quita un solo privilegio, entiendan que por razones politiqueras e ideológicas no van a afectar este país más de lo que ya han hecho”, aseguró.
El Ministerio de Educación insiste en el retorno a clases. La viceministra académica, Agnes De León, recordó que el segundo trimestre escolar comenzará este lunes 23 de junio e instó a los docentes a retomar sus labores. Garantizó que “no se les destituirá” a quienes regresen a las aulas.
De León indicó que cerca de 300,000 estudiantes, en su mayoría de secundaria, han sido afectados por la suspensión de clases. Los de sexto año son los más perjudicados, ya que no han podido cumplir con sus horas de labor social ni prepararse adecuadamente para las pruebas de ingreso a las universidades. “El calendario 2025 no será modificado, pero estamos trabajando en un plan de recuperación con guías disponibles en la web del ministerio”, explicó.
Edwin Gordón, director general de Meduca, advirtió que tomarán medidas contra quienes no se reincorporen: “El docente que no venga a trabajar, tomaremos acciones para no afectar a nuestros estudiantes”. Aseguró que el ministerio cuenta con una base de datos de 24,000 aspirantes que han manifestado su deseo de trabajar en el sistema educativo público.
A pesar de la presión institucional, los educadores insisten en que solo mediante el diálogo y la derogación efectiva de la Ley 462 podrá alcanzarse una solución. Mientras tanto, miles de estudiantes y sus familias siguen esperando el regreso a clases.