Educación en pausa: aulas cerradas y baja ejecución marcan a Panamá y El Salvador

Desde octubre de 2023, más de 160 niños del Centro Escolar Caserío Potrerillos, en el departamento de Cabañas, en la zona central de El Salvador, estudian en incertidumbre. Una promesa de una renovación acelerada de su escuela se ha transformado en un estancamiento de obras que está golpeando directamente el aprendizaje de los estudiantes.

“Esa no es forma de estudiar. Están todos los niños de Parvularia 4 hasta Noveno grado, recibiendo clases en pasillos. No se pueden concentrar porque se distraen con las clases del otro lado”, cuenta Laura, una mujer adulta mayor que llega a dejar a su nieto todos los días a la nueva casa, que con apenas tres cuartos disponibles, alberga a decenas de niños hacinados de distintas edades y niveles educativos.

Desde la calle polvosa que rodea la escuela improvisada, se escuchan las voces de cinco maestros de parvularia y educación básica. La concentración en estas aulas es un reto tanto para el cuerpo docente como para los niños, que estudiaban hasta hace algunos meses en una escuela amplia, con su propia cancha de fútbol y juegos recreativos.

“Yo estudié en una escuela humilde. Siempre quise que mis nietos tuvieran un espacio más digno, y la escuela que teníamos estaba bien. Solo requería algunos arreglos... pero ahora, ¿cómo van a aprender? Si han pasado en incertidumbre” cuestiona Laura.

Agripina, otra madre de familia, reconoce que el cierre de la escuela en la comunidad también ha afectado a su familia. Una de sus hijas decidió dejar de ir a esta escuela y viajar hasta la cabecera departamental de Cabañas, Ilobasco, para asistir a un instituto público. La más jóven de ambas decidió seguir en la escuela, pero su rendimiento ha caído desde que la escuela cerró.

“Hubo un momento en que nos dieron computadoras, pero la señal de internet es mala. Cuando pusieron internet en la escuela las cosas iban mejorando, pero después la cerraron y quedamos peor que antes. Llevamos casi tres años sin escuela y tuvimos que ponernos en acción”, señala.

Laura dice que esta decisión también cuesta más dinero a los padres y madres de familia de la comunidad, quienes acordaron entregar donativos al vecino que ha prestado su casa para que los niños no sigan perdiendo días de estudio.

La intervención en el Centro Escolar Caserío Potrerillos todavía ha sido anunciada dentro del proyecto Dos Escuelas por Día, insignia de la renovación de infraestructura del Gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, los obreros enviados por el Ministerio de Educación derribaron puertas, ventanas y paredes de la institución en 2023, y luego se retiraron, dejando la escuela en ruinas.

Hasta el 15 de abril de 2026, la parvularia -recién intervenida por la organización Plan Internacional- y la escuela, que había recibido mantenimiento y mejoras por parte de padres de familia, permanecen vacías, sin alumnos y sin personal ejecutando trabajos.

Lo que ocurre en este municipio salvadoreño responde a una decisión administrativa que interrumpió el acceso físico a la escuela. A más de mil kilómetros de distancia, en Panamá, la interrupción tiene otra causa, pero efectos similares.

Desde la pandemia, el calendario escolar panameño ha sido atravesado por cierres y paralizaciones. Tras el confinamiento de 2020 y 2021, los estudiantes regresaron a aulas que pronto volverían a vaciarse; mientras padres y madres de familia cuestionan la calidad de la educación que reciben sus hijos.

“Antes no pasaban al segundo grado si no sabían leer. ¿Con las tablas? a nosotros siempre nos ponían a aprenderlas al revés y al derecho y se explicaba lo que quiere decir tantas veces ese número... eso es lo que quiere decir dos por cuatro. Pero ahora no, porque te la ponen como papagayo a aprendértela de memoria, así que el que no memoriza, se friega”. Este es el relato de la señora Berta Ochoa, una abuela de 93 años que a su edad aún enseña a los bisnietos y tataranietos sus técnicas de como aprenderse las tablas de multiplicar sin apelar a la memoria.

Berta se cuestiona cómo es posible que haya niños que estén en tercer grado y no sepan leer o no comprendan lo que leen, alega que en su tiempo con la lectura de novelas obligatoria el estudiante era evaluado en lectura comprensiva.

La reseña de esta señora casi centenaria no está muy alejada de lo que piensan estudiantes de educación media en Panamá, para este trabajo realizamos un sondeo a un grupo de estudiantes de escuela pública, una de las preguntas realizada fue: ¿Qué te gustaría que cambiara en el sistema educativo de Panamá?, el cuestionario dio luces de que la conformidad no es el denominador de esta generación de estudiantes.

“Casi todo. Principalmente en el sistema que se maneja al momento de enseñar a los demás, es demasiado tradicional y aburrido, lo que causa que al momento de aprender se sienta más una obligación molesta, olvidando todo en poco tiempo. Mejoren la calidad y métodos de enseñanzas”. Respuestas como esta se repitieron entre los encuestados.

“Hay profesores o docentes que nos ponen cosas muy tontas por así decirlo, y a la hora de pasar de grado nos terminamos estrellando con un docente que espera que sepamos cosas que no sabemos”, respondió otro estudiante.

Estos estudiantes abordados de 10, 11 y 12 grado, iniciaron sus estudios secundarios entre 2022 y 2024 y la primaria en 2019 y 2021, son “la generación de la pandemia”, como popularmente se les denomina a los estudiantes que atravesaron el 2020 y 2021 el cierre sistemático de las aulas por el confinamiento del COVID-19.

¿Qué sucedió en esos años en Panamá? Cuando en 2020 se anunció el cierre del país a consecuencia de la llegada de los primeros casos, los estudiantes se quedaron en casa sin recibir atención educativa por más de 90 días. Luego se implementó el uso de herramientas tecnológicas para dar clases en la modalidad virtual, donde había acceso a internet, y así recibieron clases en 2020 y 2021.

En 2022, cuando regresaron a las aulas presenciales surgió una huelga docente que les quitó dos meses de clases, esta vez por el aumento del precio del combustible.

En 2023, otra huelga docente por el contrato entre Minera Panamá y el Estado les arrebató 60 días más de estudio, los docentes se sumaron a las protestas que finalizaron solo cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero.

En 2024, fue un año electoral, inicio de un nuevo Gobierno y el año pudo completarse con regularidad. Pero la historia se repitió en 2025, otros 70 días más de huelga, en esta ocasión por las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social.

El Salvador, 6,029.976 millones de habitantes. Panamá, 4,119,470 millones de habitantes. Aunque poseen historias y contextos distintos, Panamá y El Salvador comparten una misma región y enfrentan retos sociales similares que marcan su presente. Por ejemplo, en ambos países, ir a la escuela no garantiza aprender. Esa es la conclusión que emerge tras semanas de entrevistas, análisis de datos y revisión de políticas públicas.

El común denominador en ambos casos es que la asignación de recursos no garantiza esa promesa de los gobiernos de la educación como motor de desarrollo, pues cuentan con sistemas que arrastran fallas estructurales que impactan directamente los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).

A pesar de la inversión estatal, que en ambos países superan los mil millones de dólares anuales, los resultados siguen siendo bajos. La evidencia apunta a un problema más profundo: no es cuánto se invierte, sino cómo se ejecuta.

En América Latina y el Caribe, el gasto promedio en educación está por el orden del 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la mitad de los países de la región no alcanza el nivel recomendado por la UNESCO, que plantea destinar al menos entre 4 y 6% del PIB a la educación.

Según el estudio ERCE Pospandemia, del organismo internacional, en el año 2019, Panamá realizó una inversión del 3.1% del PIB, un porcentaje inferior a la media regional de los países evaluados (4.3 %). Esta inversión aumentó en 2020 al 4.3% en el marco de la pandemia, para luego descender al 3.7 % en 2021 y al 3.4 % en 2022.

El panorama cambió en el año 2022 en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que prometió aumentos graduales para el sector educativo: 5.5% del PIB en 2023, 6% en 2024 y 7% desde 2024 en adelante, todo establecido en la Ley 362 de 2023.

A pesar de que pareciera ser un escenario óptimo, para el diputado panameño Jorge Bloise, Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la crisis del sistema educativo panameño no se resuelve con la asignación de un mayor presupuesto, pues los resultados evidencian una brecha que se refleja con mayor crudeza en áreas rurales e indígenas, donde hay un bajo desempeño de los estudiantes y persisten infraestructuras precarias como las escuelas rancho, como se le conoce a los centros educativos construidos con materiales precarios, generalmente madera, zinc, palma, penca o piso de tierra, que surgen en comunidades rurales donde no existe infraestructura escolar formal.

“Tenemos que poder elevar la educación como un bien público y es lo que queremos lograr con las reformas a la ley, para que un tema tan importante no dependa de los vaivenes políticos y de los cambios de gobierno cada 5 años”, destacó Bloise.

En el caso de El Salvador, el presupuesto que el gobierno asignó en 2026 al Ministerio de Educación (MINED) representa cerca del 4.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que se aleja de la promesa de elevar el gasto en Educación hasta el 6 % del PIB.

En 2026 se aprobó un presupuesto de $1,682.3 millones, un aumento de $142 millones respecto a lo aprobado para el 2025, año en que El Salvador atravesó su mayor recorte a inversión pública y gasto social, con $120 millones menos destinados a proyectos de salud y educación.

Ese año, la situación de las escuelas y la deserción de alumnos se profundizó con un recorte de $30 millones, según sindicatos docentes. Estos recortes presupuestarios fueron implementados por el gobierno como parte de un esfuerzo para reducir el gasto público, necesario para cumplir con los términos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite al país acceder a préstamos multimillonarios.

Además de los recortes a programas educativos, los sindicatos de maestros también indican que hay una disparidad constante entre lo que el Gobierno planifica y lo que realmente ejecuta.

Por ejemplo, en 2023 se asignaron $1,502 millones de presupuesto, de los cuales solo se ejecutaron $1,165 millones, según datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

El caso más crítico es la infraestructura. La línea de este rubro en la reforma “Mi Nueva Escuela”, financiada en parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), muestra niveles de ejecución extremadamente menores al 10 % desde el año 2024.

En contraste, otras áreas como formación docente e innovación tecnológica presentan sobreejecución, superando incluso el 200% en algunos años, sin que se haya transparentado cómo se invirtieron estos fondos.

Históricamente, la mayor proporción de los recursos del Ministerio de Educación se ha destinado al pago de salarios. De hecho, en los últimos siete años, el promedio de esta partida ha superado el 70 % del presupuesto total.

Esto, sin embargo, no se traduce en mejoras salariales para los docentes. El gobierno salvadoreño suma ya cuatro años de no ajustar el salario de los maestros: el último ajuste se llevó a cabo en el 2022, donde obtuvieron un aumento del 10.8 %, según la Ley de Salarios.

Entre 2002 y 2019, los incrementos solían hacerse cada dos o tres años, según contempla el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. La remuneración se fija en un período no mayor a los tres años, y se otorga teniendo en cuenta el cargo del maestro.

“La educación en este país está en crisis porque los elementos, los factores indispensables para este proceso no están siendo atendidos adecuadamente. Si el sector docente no se atiende, el sistema educativo no funciona”, aseguró Paz Zetino, directivo de la organización gremial de docentes Bases Magisteriales.

Los docentes también han denunciado intentos por eliminar el escalafón, un sistema de ascensos y aumentos salariales basado en la antigüedad y méritos que está regulado por ley. A pesar de intentos gubernamentales por suspenderlo en 2025, tras protestas, se acordó la continuidad de este derecho laboral para más de 11,000 maestros.

A esto se suman fallas operativas en otros programas escolares, indican docentes. Previo a las vacaciones de Semana Santa, más del 40% de instituciones educativas no habían recibido los paquetes escolares, advirtió el secretario general del Sindicato de Docentes de Una Educación para Todos (Sindopets), Carlos Olano. Hasta el cierre de esta investigación, el 15 abril de 2026, un 20 % de escuelas seguía sin recibir los paquetes escolares, un conjunto de insumos educativos gratuitos que el Estado entrega a estudiantes del sistema público para garantizar que puedan asistir a clases sin barreras económicas y evitar la deserción escolar.

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