El crecimiento económico no alcanza a un sector de la niñez panameña

El 35% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16% en pobreza extrema, con una incidencia significativamente mayor en zonas rurales e indígenas. En las comarcas indígenas, el 83% de la infancia vive en pobreza y el 55% en pobreza extrema. Así lo reveló el estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Los resultados muestran que la pobreza afecta más a los niños más pequeños que viven en hogares numerosos y monoparentales liderados por mujeres, lo que refuerza la necesidad de priorizar intervenciones en la primera infancia, clave para el desarrollo de habilidades a lo largo de la vida”, señaló Unicef en su comunicado.

El estudio, denominado Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia, evidencia disparidades dentro de una misma provincia. En Veraguas, por ejemplo, la pobreza infantil en Santiago alcanza el 15,7%, mientras que en Santa Fe es del 78,7%.

A pesar de que los niveles de pobreza disminuyeron en los últimos 10 años —de 25,8% de pobreza general en 2013 a 21,7% en 2023—, se observa cierto grado de estancamiento, especialmente en la reducción de la pobreza extrema (de 10,6% en 2013 a 9,6% en 2023), señala el estudio.

La serie histórica permite apreciar cómo, a pesar del crecimiento económico en el país, se presentaron limitaciones para que dicha expansión impactara los niveles de pobreza, agrega el documento.

El informe revela que el programa Red de Oportunidades provocó las primeras caídas de la pobreza en los años 2006 y 2007. Posteriormente, se produjo otra reducción en los años 2009 y 2010, asociada al programa de Beca Universal (ahora conocido como PASE-U), que benefició al conjunto de los hogares con niños, niñas y adolescentes en las escuelas públicas de todo el país.

En esos mismos años, añade el informe, se lanzó el programa 120 a los 70, que también contribuyó a la reducción de la pobreza. Sin embargo, hoy en día dichos programas cuentan con cobertura limitada y presentan problemas de focalización que ralentizan su impacto en la disminución de la pobreza.

A partir de 2020 se observa una interrupción en la trayectoria descendente, asociada al impacto de la crisis provocada por la pandemia, seguida de una recuperación parcial en los años posteriores. Sin embargo, aun hacia 2024, los niveles de pobreza, según la línea de USD 8,3 del Banco Mundial, permanecen claramente por encima de los registrados para los umbrales más bajos. Esto, señala el informe, sugiere que, si bien una parte significativa de la población logró salir de situaciones de pobreza extrema, una proporción relevante continúa ubicada en franjas de ingresos cercanas a los umbrales internacionales más amplios.

“La pobreza afecta negativamente el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños y no se limita a la falta de ingresos. Se traduce en menos oportunidades, menor acceso a servicios de calidad y mayores barreras para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que crecen en pobreza”, señaló Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, citada en el comunicado del organismo internacional.

Agregó que Panamá necesita mejorar y proteger la inversión pública e incrementar la inversión privada en la niñez para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y desigualdad que hoy limitan el crecimiento del país.

El comunicado de Unicef también cita a Juan Pablo Uribe, director de División del Banco Mundial para Centroamérica y la República Dominicana, quien señaló que mejorar la focalización de las ayudas económicas es una inversión estratégica en capital humano. Asegurar que la niñez que más lo necesita reciba apoyos oportunos desde la primera infancia es clave para desarrollar las habilidades que sostendrán la productividad, el empleo y el crecimiento del país en el largo plazo.

Para la ministra de Mides, Beatriz Carles de Arango, el informe representa un insumo técnico de alto valor para fortalecer la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a la protección y el desarrollo integral de la niñez.

Destacó que la evidencia presentada permite comprender con precisión la magnitud de la pobreza infantil, así como las brechas territoriales y sociales que persisten, especialmente en zonas rurales e indígenas. Subrayó que esta información es fundamental para orientar los esfuerzos del Estado hacia una atención más focalizada, equitativa y efectiva, priorizando a las poblaciones más vulnerables.