El ‘gol legislativo’ que modifica las leyes de Patrimonio Histórico en Panamá y Colón
- 10/03/2026 00:00
El proyecto de Ley 80 amplía los beneficios fiscales del Casco Antiguo al corregimiento entero de Santa Ana y el Centro Histórico de Colón. Autoridades dicen que no planean desalojos, pero ya están los mecanismos para reubicar y compensar a los afectados
¿Desarrollo o gentrificación? El proyecto de Ley 80 que modifica los incentivos fiscales en sitios de patrimonio histórico y amplía el alcance de los mismos a todo el corregimiento de Santa Ana y el Centro Histórico de la Ciudad de Colón fue aprobado la semana pasada en tercer debate de la Asamblea Nacional como una especie de gol legislativo, sin la presencia de los diputados de la Coalición de Vamos, ni de las autoridades del Ministerio de Cultura que lo había propuesto en primer lugar. Ahora, solo espera la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para convertirse en ley de la República.
Esta iniciativa no es nueva. Fue presentada por primera vez a la Asamblea Nacional el 9 de septiembre de 2024 por el Ministerio de Cultura, apenas dos meses de iniciado el gobierno de Mulino.
Fue aprobada en primer debate el 2 de octubre, devuelta a primer debate en enero de 2025, enviado a subcomisiones para análisis en agosto y septiembre de 2025, suspendida, regresada a primer debate múltiples veces.
“Yo paralicé el proyecto inicialmente y lo metimos a una subcomisión y empezamos a discutir, a discutir, a discutir”, cuenta la diputada colonense Yamireliz Chong. “Me llamó la atención que en el artículo 24 decía que las personas tenían que desocupar los edificios una vez se aprobara el proyecto por el conjunto monumental, o sea, por el patrimonio histórico. Cuando el patrimonio histórico aprueba el proyecto, las personas tenían un año para desocupar el edificio y el Miviot se iba a encargar de reubicarlas, pero que ese lanzamiento de las personas no estaba condicionado a la obligación del Miviot de reubicarlos”, explicó.
Alrededor de 18 mil personas viven en el Centro Histórico de Colón y unas 13 mil en el corregimiento de Santa Ana. “¿Nosotros tenemos un censo de cuántas personas viven en ese lugar? ¿Tenemos un censo de a quiénes le pertenecen los edificios, los lotes baldíos, si son del gobierno, si son de una empresa privada, si son de una persona natural, cuántos están abandonados? Nada de esta información me la pudieron dar en ninguna de las reuniones de la subcomisión”. Se hicieron modificaciones al proyecto de ley y el texto aprobado deja clara la responsabilidad del Miviot de reubicar a las personas en caso de ser necesario.
En marzo de 2026, el proceso se aceleró vertiginosamente. El 3 de marzo fue aprobado en segundo debate y al día siguiente pasó el tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
¿La razón? Los diputados de la Coalición Vamos se retiraron del pleno como acción de protesta luego de no conseguir los votos para convocar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Mientras no estaban, el resto de los diputados aprobó en una sola tarde cinco proyectos de ley, incluyendo el proyecto de Ley 80.
Fue tan inesperado que la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, que había propuesto el proyecto de Ley en primer lugar, ni siquiera se encontraba en la Asamblea. Discutirlo, mucho menos aprobarlo, no era algo que estaba previsto para ese día.
Para el Ministerio de Cultura esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo y atraer inversiones a estas comunidades. El asesor de la ministra Herrera, Aaron Shocron, explicó que la ley de incentivos fiscales viene de 1997.
“No estamos introduciendo un nuevo producto de incentivos. Estamos extendiendo y ampliando a quienes va a poder apoyar este proyecto. El mismo venció en el año 2023 a finales en diciembre y nosotros lo estamos extendiendo hasta el 2033 para dar tiempo a nuevos inversionistas que puedan apoyar el desarrollo que se desea para el Casco Antiguo, el corregimiento de Santa Ana en su totalidad y el centro histórico del Casco Antiguo de Colón para que pueda replicar ese modelo que tuvimos en el Casco Antiguo en la ciudad de Panamá y podamos rescatar ese patrimonio histórico”, enfatizó Shocron. Detalló también los beneficios que recibirán los inversionistas. “Más que nada, estaríamos hablando de los préstamos que se tienen exclusivamente para restauración, construcción, para la compra de los inmuebles. Los bancos otorgarán financiamiento estable a las tasas otorgadas por un descuento no mayor al 3% de la tasa de referencia de hipoteca nacional. Las entidades bancarias durante la vigencia de este préstamo recibirán ese crédito fiscal que lo pueden aplicar al pago de sus impuestos sobre la renta por una suma equivalente a la diferencia entre ambos ingresos”, detalló.
Añadió que también se contemplan exoneraciones del impuesto sobre la renta y otros beneficios. “En el artículo 18 de esta ley se establece que los beneficios del Casco Antiguo ahora ampliado van a tener una exoneración de 10 años contados a partir de la obtención del permiso de ocupación, la exoneración del impuesto de bien inmueble, la exoneración de impuestos de transferencias, de impuestos de importación para equipos y materiales que sean utilizados para la construcción y no existan, que no se produzcan en cantidad y calidad suficiente dentro del país”, acotó.
Atraer inversión suena bonito en papel, pero en la práctica ¿qué pasa con los residentes de la comunidad cuando el dueño de las tierras decide vender para construir un hotel de lujo u otra infraestructura?
“Esto puede causar una gentrificación, esto puede causar que se encarezcan los costos de las viviendas en Colón. Y uno de los problemas mayores que nosotros tenemos en Colón es las viviendas. No tenemos dónde vivir. Hay personas que pueden pagar, pero no hay proyectos ni desarrollo habitacional. ¿Cómo nosotros garantizamos, por medio de este proyecto de ley, que las personas puedan seguir viviendo en el casco de Colón? Ellos son los que hacen la cultura colonense y que hacen Colón lo que es, un patrimonio vivo”, enfatizó la diputado Chong.
El Ministerio de Cultura asegura que no está planeando sacar a nadie de sus casas, pero los mecanismos de reubicación ya están contemplados en el proyecto de ley.
“El objetivo no es trasladar o desplazar a nadie de sus propiedades o de donde están ubicados actualmente”, señaló Shocron, el asesor de la ministra. “Es, digamos, poder reubicarlos y darles un objetivo del por qué se está haciendo esto. Nosotros introducimos el artículo 20, en el cual el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial garantizará los mecanismos de reubicación o solución habitacional para las personas afectadas por el desahucio o para las personas afectadas. Se tomará en cuenta principalmente las personas con vulnerabilidad por menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores. Y el Estado asignará los fondos correspondientes para dar el cumplimiento a lo establecido en este presente artículo”, concluyó.
Efraín Guerrero, del Movimiento Cultural Identidad, lleva décadas viviendo en Santa Ana. Ha visto los cambios que ha vivido la zona cuando se prioriza la inversión privada sobre el interés comunitario.
“Eso no solamente va afectando el derecho a la seguridad habitacional, va afectando los trabajos locales también en la zona, donde la propia comunidad, por ejemplo, el que vendía duro en sus casas, el que vendía fritura en una esquina de la calle, los bien cuidao’s”, explicó. “La Central está viendo un cambio urbano de fachadas, de inversión, donde lo primero que le sacaron fue la economía local, el que ganaba del día a día. Son personas de la comunidad que trabajan en estos sitios, que se están viendo gentrificados, que se están viendo con desplazamiento y eso va afectando entonces también la crisis de oportunidades en el lugar. Entonces las personas se desesperan y comienzan a haber robos, comienza a haber más delincuencia, comienzan a desesperarse porque ya no tienen una entrada”, lamentó.
Para Guerrero, es común que los políticos granjeen apoyo utilizando palabras como “revitalizar” y “desarrollo”. Pero en la práctica se sacrifica la economía y cultura local.
Otro punto clave, tanto en Panamá como en Colón, es la falta de títulos de propiedad. “Muchos de estos edificios, ya las personas han cancelado su deuda, pero no le entregan el título de propiedad. Entonces, si no te entregan el título de propiedad, es como si tú fueras dueño de nada. Entiendes? No puedes vender tu apartamento, no puedes hipotecarlo. Son cosas que hacen que las personas pierdan su interés por cuidar su barrio”, comentó Guerrero. El resultado son estructuras en mal estado, aguas sucias, basura y familias que no saben si la casa dónde viven es realmente suya.