Empresas piden cambios a licitación de $80 millones para limpieza de nueve hospitales

La licitación para contratar los servicios de limpieza y desinfección de nueve hospitales públicos por más de $80 millones enfrenta cuestionamientos de varias de las empresas interesadas en participar en el proceso, que consideran que algunos requisitos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) podrían limitar la competencia.

Las observaciones surgieron durante la reunión previa y de homologación del acto público convocado por la entidad, que reunió a 23 empresas interesadas en competir por un contrato valorado en $80,074,999.79 y con una vigencia de cinco años.

La contratación contempla la prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Regional Nicolás A. Solano, el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández, el Hospital San Miguel Arcángel, el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, el Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Guillermo Sánchez Borbón.

Aunque la homologación tenía como objetivo aclarar dudas sobre el pliego de cargos, la reunión terminó convirtiéndose en un espacio donde los potenciales proponentes plantearon objeciones a varios de los requisitos técnicos, financieros y administrativos que deberán cumplir para participar en el proceso.

La principal controversia giró en torno a la decisión del Minsa de realizar una adjudicación global para los nueve hospitales incluidos en la licitación.

Empresas como Eiger Business, Tempoaseo, Profesional Cleaners, Manuquinsa, Panamá Clean Services, JPM Enterprises, Smart Health, Clean & Pest Master y Gadinsa coincidieron en solicitar que la contratación se dividiera por renglones, permitiendo que cada hospital pudiera adjudicarse de manera independiente.

Los representantes del sector argumentaron que la modalidad global favorece a empresas con mayor capacidad financiera y operativa, mientras que una adjudicación por hospitales ampliaría la participación y fortalecería la competencia entre los oferentes.

Las empresas recordaron además que procesos anteriores desarrollados por el propio Ministerio de Salud para servicios similares fueron estructurados por renglones y no mediante una única adjudicación.

Frente a los cuestionamientos, la entidad defendió el modelo adoptado y explicó que la decisión fue tomada junto con el equipo técnico responsable del proceso tras analizar estudios de mercado. Según el ministerio, una contratación global permitiría reducir costos, estandarizar protocolos de limpieza, mejorar la supervisión y facilitar la administración integral del servicio.

A pesar de ello, el Minsa indicó que evaluará las solicitudes presentadas durante la homologación antes de tomar una decisión definitiva.

Otro de los reclamos recurrentes estuvo relacionado con el tiempo otorgado para preparar las propuestas.

Varias empresas solicitaron una extensión de entre 20 y 60 días adicionales para la presentación de ofertas, al considerar que el plazo establecido resulta insuficiente para una contratación de esta magnitud.

Los participantes sostuvieron que el contrato involucra nueve hospitales, cientos de trabajadores, equipos especializados, productos químicos, plataformas tecnológicas y múltiples requisitos financieros y administrativos que requieren un análisis detallado antes de estructurar una propuesta.

Algunas compañías señalaron que el cronograma fijado por la entidad corresponde al mínimo permitido por la legislación vigente y que la complejidad del proyecto amerita más tiempo para preparar ofertas competitivas.

Sin embargo, el ministerio respondió que la continuidad de los servicios hospitalarios constituye una prioridad debido al próximo vencimiento de los contratos actuales, aunque adelantó que analizará las solicitudes.

Los requisitos financieros también fueron objeto de cuestionamientos.

Representantes de varias empresas detectaron inconsistencias entre las referencias bancarias exigidas como requisito mínimo y los criterios de evaluación utilizados para otorgar puntajes dentro del proceso.

Las observaciones fueron planteadas por Eiger Business, Tempoaseo, JPM Enterprises, Gadinsa y BM Industries Health, que señalaron contradicciones entre los montos establecidos en distintas secciones del pliego.

Ante las consultas, la entidad reconoció la existencia de inconsistencias y confirmó que realizará correcciones mediante adenda.

También surgieron diferencias en torno a la carta de intención de financiamiento exigida a los participantes.

Mientras algunas empresas pidieron reducir el porcentaje requerido para acreditar respaldo financiero, otras defendieron mantenerlo e incluso elevarlo. El ministerio informó que revisará las distintas posiciones antes de emitir una decisión final.

Las exigencias relacionadas con la experiencia de los proponentes generaron algunas de las críticas más fuertes.

Varias compañías cuestionaron requisitos que obligan a demostrar experiencia específica en instalaciones hospitalarias y consideraron que algunas condiciones reducen el universo de potenciales participantes.

Entre las observaciones planteadas destacó la exigencia de acreditar experiencia en hospitales de gran tamaño, requisito que algunas empresas calificaron como restrictivo.

Los representantes empresariales sostuvieron que compañías con experiencia en aeropuertos, terminales de transporte, centros comerciales o edificios corporativos manejan operaciones complejas y altos flujos de personas, por lo que deberían poder competir en igualdad de condiciones.

Sin embargo, el Ministerio de Salud mantuvo su posición y argumentó que la limpieza hospitalaria requiere protocolos especializados relacionados con bioseguridad, control de infecciones y manejo de áreas críticas que justifican la necesidad de acreditar experiencia específica en instalaciones sanitarias.

La discusión también alcanzó los requisitos relacionados con las plataformas tecnológicas que deberán utilizar las empresas para supervisar la ejecución del contrato.

Varias compañías cuestionaron la exigencia de presentar certificaciones emitidas por clientes hospitalarios para validar el funcionamiento de estas herramientas.

Las empresas sostuvieron que el requisito limita la participación de proveedores con experiencia comprobada en otros sectores y favorece a quienes ya operan dentro del ámbito hospitalario.

Pese a los cuestionamientos, la entidad reiteró que las certificaciones deben estar vinculadas a instalaciones de salud debido a la naturaleza del servicio requerido.

Otro de los puntos que generó malestar fue la obligación de presentar contratos como evidencia de experiencia.

Representantes de varias empresas advirtieron que muchos de esos documentos contienen cláusulas de confidencialidad que impiden revelar información relacionada con clientes, montos contratados o condiciones comerciales.

Manuquinsa y Panamá Clean Services fueron algunas de las compañías que plantearon esta preocupación durante la homologación.

A pesar de los señalamientos, el ministerio mantuvo inicialmente el requisito, aunque indicó que evaluará los planteamientos recibidos.

Las condiciones establecidas para supervisores y personal clave también provocaron observaciones.

Varias empresas cuestionaron la obligación de acreditar experiencia mediante certificaciones o avales emitidos por clientes anteriores, al considerar que ello deja en manos de terceros la posibilidad de validar información laboral.

Los participantes solicitaron ampliar los mecanismos para demostrar experiencia y homologar los criterios establecidos en distintas secciones del pliego.

La entidad informó que algunos de estos aspectos serán revisados mediante futuras adendas.

Las empresas extranjeras tampoco quedaron al margen de las críticas.

Durante la homologación surgieron cuestionamientos relacionados con el Permiso Sanitario de Operaciones y otros requisitos regulatorios exigidos para participar en el proceso.

Algunos representantes solicitaron que determinadas certificaciones pudieran presentarse después de la adjudicación o mediante documentos equivalentes emitidos en sus países de origen.

El Ministerio de Salud rechazó modificar por el momento estos requisitos y defendió su obligatoriedad debido a que la contratación está directamente vinculada a servicios prestados dentro de instalaciones sanitarias.

La entidad recordó además que las compañías extranjeras tienen la posibilidad de participar mediante consorcios con empresas locales que cuenten con los permisos exigidos por la normativa panameña.

La homologación también dejó al descubierto inconsistencias que el propio ministerio reconoció y que deberán ser corregidas antes de la presentación de propuestas.

Entre ellas figuran diferencias relacionadas con la vigencia de la fianza de cumplimiento, requisitos financieros, criterios de experiencia y otros aspectos técnicos contenidos en el pliego.

La entidad adelantó que emitirá varias adendas para aclarar y corregir estos puntos.

No obstante, la observación más contundente de toda la jornada provino de Consulting Design Development and Engineering.

El representante de la empresa pidió la cancelación total del acto público al considerar que varios de los requisitos establecidos podrían afectar los principios de libre concurrencia y restringir la participación de potenciales oferentes.

La solicitud fue incorporada al acta oficial de homologación y será evaluada junto con el resto de las observaciones presentadas por los participantes.

Mientras el Ministerio de Salud analiza los cambios que realizará al pliego, la licitación continúa despertando el interés del sector privado. Las 23 empresas que acudieron a la homologación reflejan la importancia económica de una contratación que definirá quién tendrá a su cargo durante los próximos cinco años los servicios de limpieza y desinfección en nueve hospitales estratégicos de la red pública de salud.

Las adendas que publique la entidad en las próximas semanas serán determinantes para establecer si el ministerio mantiene el diseño original de la contratación o si incorpora parte de los cuestionamientos formulados por las empresas, que han puesto sobre la mesa un debate sobre competencia, requisitos de participación y transparencia en uno de los contratos de servicios más cuantiosos que actualmente impulsa el Estado.