Entre lo legal y lo ético: empresas cuestionadas en la mira por zarzos del MOP

La construcción de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé vuelve a situar bajo escrutinio los procesos de contratación pública, luego de que documentación oficial confirmara la participación de empresas bajo investigación o con señalamientos judiciales entre las invitadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ejecutar el proyecto.

La situación reabre el debate sobre los límites legales y los estándares de integridad aplicados en la selección de contratistas del Estado.

El experto en contrataciones públicas y abogado, Carlos Barsallo, lo resume: la ley protege la presunción de inocencia, por lo que una investigación no basta para excluir a una empresa.

Solo una condena firme o una inhabilitación judicial lo impediría. Sin embargo, advierte que el mensaje que deja esta realidad “no es positivo”, porque lo deseable sería evitar contratar con compañías que han cometido delitos o han sido vinculadas a ellos, explicó Barsallo a La Estrella de Panamá.

La Ley 22 de 2006 establece que las empresas condenadas por delitos contra la administración pública, la fe pública o el patrimonio no pueden contratar hasta por cinco años.

También contempla restricciones para quienes admiten delitos mediante acuerdos de colaboración, aunque con excepciones que abren zonas grises. Es precisamente en ese espacio entre lo legal y lo ético donde se instala la polémica.

Aunque el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, afirmó a La Estrella de Panamá que “todas las empresas están habilitadas para contratar”, según su respuesta enviada por mensaje de texto, entre las empresas invitadas por el MOP figura Desarrollo Inversiones y Equipos Patria, S.A., que enfrenta una querella ante el Ministerio Público por presunta falsificación de documentos.

Según la denuncia, la compañía habría usado sin autorización la hoja de vida y falsificado la firma de un ingeniero para respaldar una propuesta estatal. El profesional pidió investigar el caso, pero la entidad rechazó abrir un proceso administrativo alegando que la licitación ya estaba adjudicada, así lo revela La Estrella de Panamá en su investigación ‘Zarzos serán construídos por empresa investigada contra la fe pública’, publicada el 30 de marzo de 2026.

También aparece Civil y Logística S.A., beneficiaria de contratos públicos por decenas de millones de dólares en los últimos años. La empresa ha sido cuestionada por posibles conflictos de interés y por vínculos de sus suscriptores con estructuras offshore investigadas en el escándalo Lava Jato.

A la lista se suma Constructora MECO S.A., investigada en Panamá por el caso Blue Apple y en Costa Rica por el caso Cochinilla, ambos relacionados con presuntos sobornos para obtener contratos de infraestructura, como se detalla en la investigación: ‘Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio’, publicada el 16 de este mes en La Decana.

Esta misma empresa también fue parte de la contratación del Plan Maestro para el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, estudios, diseños y construcción y financiamiento para el mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz junto a Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA). La obra estuvo valorada en más de $7 millones, sin embargo, actualmente está siendo investigada por supuestos sobrecostos.

estas son parte de las empresas invitadas por el MOP de manera directa, es decir, mediante una contratación excepcional a construir los zarzos, hasta por medio millón cada uno, y bajo el pretexto de la urgencia, cuando la comunidad los solicitó desde hace 30 años, y tambien al inicio de la administración gubernamental.

De acuerdo a la ley actual de contrataciones públicas, ninguna de estas compañías está impedida de contratar. Sin embargo, analistas indican que las decisiones del ministerio deben tomar en cuenta los récords de las compañías que buscan contratar con el Estado.