Exservidores del IRHE reclaman montos de indemnización pendientes

A más de un mes de presentar las primeras solicitudes formales de certificación individualizada de deuda, los exservidores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) denunciaron que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) no ha emitido respuesta a los expedientes ingresados el pasado 11 de septiembre.

Explicaron que el atraso administrativo superó el plazo legal de 30 días calendarios. Ante esta situación, la dirigencia del gremio congeló temporalmente la entrega de un paquete adicional con aproximadamente 100 nuevas solicitudes preparadas, con el fin de evitar que los documentos se acumulen en las oficinas estatales sin una contestación oficial.

Alfredo González, dirigente de los exservidores del IRHE, explicó a La Estrella de Panamá que el grupo gestionó una petición de reunión con el secretario general del Mitradel para conocer las causas de este estancamiento administrativo en los trámites presentados a través de instrumentos de poder legal.

“Allí hemos estado solicitando los documentos desglosados de nuestro presupuesto para efecto de tener los montos de los desgloses de pagos que se nos han hecho a través del proceso de liquidación del IRHE. Esa solicitud ya la presentamos el día 11 de septiembre. A la fecha ya han pasado más de los 30 días calendarios”, precisó González al detallar las gestiones realizadas ante la institución.

La iniciativa de acudir al Mitradel surgió como una gestión paralela impulsada por la dirigencia del gremio mediante el abogado Roberto Donado. La medida busca que cada exservidor o sus herederos obtengan certificaciones del estado de su deuda laboral de forma directa, ante la falta de desglose individual en la mesa de negociación extrajudicial que sostiene el Ejecutivo desde mediados de 2024 con el abogado Roberto Will Guerrero y el asesor presidencial Eloy Álvarez, detalló el extrabajador.

Para viabilizar este reclamo, un primer grupo de 32 exservidores sufragó el pago de $15 en timbres y sellos distribuidos entre el Mitradel, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la falta de respuesta frena la incorporación de los nuevos bloques.

“Tenemos aquí aproximadamente 100 solicitudes nuevas que hay que introducir, pero no hemos querido hacerlo porque no nos han dado respuesta de las primeras 32 solicitudes que incluimos. No queremos que se nos acumulen ahí sin una respuesta”, advirtió el vocero gremial ante el incumplimiento de los plazos administrativos establecidos por ley.

Durante la jornada del pasado 8 de octubre en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, unos 30 exservidores firmaron sus formularios de poder y otros 20 nuevos afectados iniciaron el proceso para unirse al movimiento.

El conflicto de las indemnizaciones del IRHE se remonta a octubre de 1998, cuando las autoridades aplicaron un decreto ejecutivo para regular la liquidación del personal tras la privatización de la empresa estatal, omitiendo los parámetros fijados en la Ley 6 de 1997.

A lo largo de 27 años de reclamos, más de 600 exservidores han fallecido sin cobrar los montos adeudados. Además de la indemnización por privatización, la dirigencia exige que el Estado liquide otros compromisos pendientes históricos acumulados con la clase trabajadora.

“Debemos renovar nuestro espíritu de lucha y valentía para reclamar lo justo, lo que es nuestro: el pago de las indemnizaciones pendientes que el Estado panameño nos debe a nosotros los del IRHE, el pago de los décimos del 89, 90 y 91, que muchos llaman décimos de guerra, y la devolución del excedente del impuesto de la renta...”, recordó el dirigente del movimiento.

Las estimaciones preliminares ubican la cuantía del pasivo laboral entre $124 millones y $240 millones debido al recargo por mora del 10% anual sobre los compromisos no saldados.

Ante el estancamiento de las respuestas en el Mitradel y el agotamiento de las vías de diálogo extrajudicial, la agrupación adelantó que intensificará y retomará con mayor fuerza sus reclamos legales, fundamentándose en precedentes judiciales y en la exigencia de transparencia institucional.