Fiscalía: ‘proyectos nacieron con sobrecostos’ en caso de Patrimonio Histórico

El juicio el caso de Patrimonio Histórico y la ampliación de la Vía Domingo Díaz continuó este miércoles 4 de marzo en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez fue el turno de la defensa de llamar a sus testigos y peritos.

Entre ellos estuvo el exjefe de administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Ruiz, que ha firmado un acuerdo de colaboración y un acuerdo de pena con el Ministerio Público. También dieron testimonio el exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Óscar Ramírez, y la exdirectora general de Auditoría de la Contraloría General de la República, Margot Fuentes.

La piedra angular del caso es un informe pericial realizado por la Contraloría que señala una lesión patrimonial de más de 100 millones de dólares. La estrategia de la defensa fue desmeritar el informe y al perito que lo realizó, Aristides Hernández.

“Lo que ha quedado evidenciado es que el testigo Aristides Hernández faltó a la verdad”, manifestó el abogado del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, que es uno de los imputados. “Esta afirmación que él hace en su auditoría es totalmente falaz, alejada de la realidad, y eso constituye, bajo la gravedad del juramento que él se encontraba, una posible violación a la ley penal, porque está afirmando hechos que han quedado demostrados que son hechos falsos. Es decir, el testigo clave de la Fiscalía, este perito, va a quedar totalmente descalificado y posiblemente investigado”, concluyó. Miranda detalló que Hernández habría utilizado información no confirmada, que no le fue entregada de manera formal sino en conversaciones casuales.

Para el abogado defensor, se demostró que el informe no tiene sustento documental y que el perito lo comenzó a hacer antes de empezar a trabajar en la Contraloría. “Todo es apreciación de él. Él estima que un valor, un porcentaje X que hizo Louis Berger y que debía ser otro que él estimaba porque decía que esos eran los precios del mercado. Pero no presentó ninguna evidencia de qué precios del mercado, cómo llegó a esa conclusión. Él analizó una consultoría que tampoco estaba autorizado para hacer. Él tenía que analizar los precios razonables que había fijado el Estado. Y la ley de contrataciones públicas dice que el precio en una licitación la fija la institución”, explicó.

La teoría del caso de la Fiscalía se centra alrededor de proyectos de construcción realizados por empresas como Odebrecht, FCC y MECO en Ciudad de Panamá, por los que se habrían producido sobrecostos millonarios en acuerdo con funcionarios del MOP.

“La Fiscalía ha basado los casos con relación a los proyectos de reordenamiento, en que la Contraloría General de la República, a través de una auditoría, determinó que cinco proyectos de ese marco o de ese plan metodológico que se denominó al interno del Ministerio de Obras Públicas como reordenamiento vial, nacieron con un sobreprecio”, explicó la fiscal Jenisbeth Malek. “Obviamente, la defensa, por su parte, ha tratado de desacreditar o que la juez desestime ese informe de Contraloría que estableció el sobreprecio”, acotó.

Se trataría, de acuerdo a las fiscales encargadas del caso, de un esquema que conecta cinco proyectos de infraestructura. “Son cinco proyectos. Los cinco proyectos que estaban dentro de ese plan metodológico que se denominaba Reordenamiento Vial, era Avenida Domingo Díaz, era lo que le denominamos Vía Brasil Tramo 1 o Tramo 2, también era la construcción de Cinta Costera 3 y la parte de Patrimonio Histórico”, detalló Malek. “Dentro de los imputados figuran exfuncionarios públicos que estaban relacionados con el Ministerio de Obras Públicas”.

La fiscal se refirió también al testimonio del perito, detallando dónde se encontraban los sobrecostos.

“El sobreprecio lo determina la Contraloría a través de un análisis económico que se realizó de aquellos elementos, en esos costos indirectos. Quedó claro en el día de ayer, cuando el perito ratificaba de Contraloría, que él no encontró cuestionamientos contra aquellos costos directos, es decir, aquellos elementos que guardan relación con la construcción de los proyectos de forma directa, sino en aquellos elementos como el financiamiento que generaban algunos porcentajes más elevados. En eso es que ha basado, y así lo explicó el perito de Contraloría”, detalló.

Este jueves no habrá sesión en este juicio. Se reanudará el viernes a las 9 de la mañana con la presentación de otros cinco testigos llamados por la defensa.

Después, vendrá la fase de presentación de alegatos, primero por el Ministerio Público y la parte querellante, luego por la defensa de cada uno de los imputados que tendrán 1 hora para plantear sus argumentos ante la jueza Águeda Rentería.

Este caso inició en 2017, y al igual que el juicio Odebrecht se lleva adelanta bajo el Sistema Inquisitivo Mixto, que se caracteriza por dar más tiempo a los procesos.

Los nueve imputados son Suárez, el exfuncionario encargado de los contratos del MOP, Jorge Ruiz, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. Todos están siendo imputados por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.