Funcionarios de la Asamblea denuncian a Anel Flores por suspender salarios ‘sin sustento legal’
- 30/04/2026 11:47
Según el documento, la Contraloría General de la República ha colocado a estos funcionarios en un estado de ‘licencia sin sueldo’ bajo una supuesta figura de ‘investigación’.
Un grupo de seis funcionarios de la Asamblea Nacional presentó este miércoles 29 de abril una denuncia penal ante el Procuraduría General de la Nación contra el contralor general de la República, Anel Flores, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
Los denunciantes, identificados como Yaribeth Antaneda, Olmedo Rodríguez, Martita Cornejo, Marihan Torres, Abdel Salinas y Eric Cummings, laboran en el despacho de la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes.
Según el documento, la Contraloría General de la República ha colocado a estos funcionarios en un estado de “licencia sin sueldo” bajo una supuesta figura de “investigación”, lo que ha resultado en la suspensión de sus salarios y prestaciones laborales.
Puntos clave de la denuncia:
Falsedad ideológica: Los afectados sostienen que nunca solicitaron licencias sin sueldo, trámite que, según el reglamento de la Asamblea Nacional, debe ser pedido por el interesado con 30 días de anticipación y autorizado expresamente por el Presidente de la Asamblea.
Certificaciones oficiales: La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional certificó el 24 de abril de 2026 que ninguno de los seis funcionarios ha solicitado licencias, ni la institución les ha otorgado alguna.
Arbitrariedad: Los denunciantes argumentan que el Contralor ejecutó un acto para el cual no es competente al declarar una condición de licencia sin sueldo de forma unilateral, afectando el pago de sus quincenas desde finales de marzo y abril de 2026.
Respaldo legislativo: Una nota del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, fechada el 28 de abril de 2026, manifiesta que la institución no ha sido notificada de ninguna orden judicial o investigación administrativa que justifique la medida adoptada por la Contraloría.
La denuncia solicita que se investiguen los hechos ocurridos en la sede de la Contraloría (edificio Rubén Darío Carles) entre el 15 de marzo y el 28 de abril de 2026.
Además, que se impongan las sanciones correspondientes basadas en los artículos No. 355 (abuso de autoridad), No. 359 (usurpación de funciones) y No. 366 (falsificación de documentos) del Código Penal de Panamá.