Gobierno blinda bajo reserva licitaciones para compras de armas y una construcción

El Gabinete aprobó, en junio pasado, un paquete de resoluciones que permitirá al Ministerio de Seguridad Pública desarrollar varios procesos de contratación mediante un procedimiento excepcional de licitación reservada, en el que los pliegos de cargos permanecerán confidenciales y únicamente podrán ser consultados por las empresas que superen una fase previa de precalificación y suscriban acuerdos de confidencialidad.

Las resoluciones, fechadas el 9 de junio de 2026, autorizan este mecanismo para cuatro proyectos considerados estratégicos: la adquisición de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de seguridad pública; la compra de equipos y herramientas para unidades especializadas de la Policía Nacional; el suministro de municiones, agentes químicos e insumos para el servicio operativo de esas unidades; y el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración (SNM), que se levantará en la avenida Dulcidio González, en Curundú.

Los documentos establecen que las contrataciones se desarrollarán mediante procesos de precalificación de proponentes, un mecanismo que el Texto Único de la Ley 22 de 2006 permite utilizar de manera excepcional cuando se trata de proyectos de elevada cuantía o complejidad. En este caso, el Consejo de Gabinete también autorizó que los pliegos de cargos permanezcan bajo confidencialidad, conforme al artículo 39, numeral 13, de esa misma legislación.

De acuerdo con las resoluciones, los interesados deberán firmar un acuerdo de confidencialidad para obtener el código de acceso a los pliegos dentro del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, PanamaCompra.

El principal argumento del Ejecutivo es que un procedimiento ordinario obligaría a divulgar información sensible sobre las capacidades operativas de los estamentos de seguridad.

En el caso del equipamiento de protección para las unidades de seguridad pública, el documento establece que la publicación abierta de “especificaciones técnicas, cantidades y proveedores potenciales” expondría información sobre “el tipo, nivel y capacidad de protección” del equipo utilizado por las unidades policiales.

Añade que esa información “puede ser aprovechada por estructuras criminales organizadas para anticipar nuestras capacidades, adaptar sus tácticas y operar con ventaja frente a las fuerzas del orden”, por lo que considera indispensable preservar “la reserva táctica y logística de los equipos institucionales”.

Ese razonamiento se repite en las resoluciones relacionadas con armas, herramientas especializadas y municiones. En todos los casos, el Consejo de Gabinete sostiene que divulgar los detalles técnicos podría comprometer “la seguridad institucional”, “la integridad del personal policial” y “la efectividad de las capacidades operativas del Estado”.

Las resoluciones también indican que la declaratoria de confidencialidad responde a “criterios objetivos de seguridad nacional, interés público y protección institucional”, en estricto apego al marco legal vigente.

Entre las adquisiciones autorizadas figura el suministro de equipamiento de protección personal para unidades de seguridad pública.

El documento señala que la contratación busca dotar a los agentes de chalecos balísticos y equipos de protección antitrauma para evitar que “tengan que exponer gravemente la integridad física de sus unidades”, garantizar “la adquisición de indumentaria de seguridad certificada” y reducir el riesgo de “consecuencias fatales a la hora de enfrentamientos armados”.

Otra resolución autoriza la compra de equipos y herramientas para unidades especializadas de la Policía Nacional. El documento sostiene que la medida responde al crecimiento proyectado de los estamentos de seguridad y a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Según el texto oficial, “se hace necesario dotar de armas para incrementar la capacidad operativa de nuestra Fuerza Pública de Panamá”, equipos que serán destinados a reforzar los servicios activos en centros penitenciarios, unidades motorizadas y patrullaje comunitario.

En una tercera contratación, el Consejo de Gabinete autorizó la adquisición de municiones, agentes químicos e insumos para las unidades especiales de la Policía Nacional.

El documento reconoce que esos equipos “tienen un período de vida útil de cinco años” y admite que “nuestros inventarios no han sido abastecidos en los últimos seis años”, por lo que considera prioritaria la compra para evitar la obsolescencia de los insumos y garantizar el patrullaje diario y la formación de nuevos agentes policiales.

El esquema de confidencialidad también alcanzará la contratación para construir la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración.

El documento sostiene que el edificio actual, ubicado en Betania, fue construido originalmente para fines privados en 1998 y posteriormente adaptado para albergar las operaciones de la institución. Sin embargo, el incremento del flujo migratorio y el crecimiento de la entidad provocaron que las instalaciones resultaran insuficientes.

Las resoluciones indican que la infraestructura presenta “hacinamiento, falta de confort, riesgos de seguridad laboral y deficiencias logísticas”, además de limitaciones en los sistemas eléctricos, sanitarios y de accesibilidad, por lo que se plantea construir un edificio “moderno, funcional y sostenible” en Curundú.

El Consejo de Gabinete también resolvió mantener bajo reserva los pliegos de cargos de esta obra al considerar que divulgar información sobre la infraestructura podría exponer “la estructura física del edificio del Servicio Nacional de Migración, ubicación de documentos, controles tecnológicos e información”, elementos que, según el Ejecutivo, forman parte de la seguridad institucional.

La construcción de la nueva sede ya comenzó su trámite financiero. El pasado 5 de mayo, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito extraordinario de 8 millones de dólares para ejecutar la primera fase del proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas determinó que los recursos provendrán del fondo fiduciario del Servicio Nacional de Migración, aunque el desembolso todavía requiere la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.