Gobierno falló al nombrar a Castañeda, aseguran plataformas de transporte

La crisis en el sector transporte continúa escalando luego de la salida temporal de Justo Castañeda como secretario general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), una medida que, lejos de calmar las aguas, ha intensificado el debate sobre la imparcialidad del Estado en medio de la fallida regulación de plataformas digitales como Uber e InDrive.

Representantes de este sector aseguran que el nombre de Justo Castañeda ha quedado en el centro del debate luego de los señalamientos sobre su relación con estructuras del transporte selectivo y colectivo, así como la concentración de certificados de operación en su entorno familiar, que alcanzaba decenas de cupos en distintas modalidades, según registros previos, lo que cuestiona su imparcialidad en la regulación de la competencia de Uber e InDrive.

A esto se suma su presunta influencia en el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, una norma que buscaba obligar a plataformas como Uber e inDrive a operar bajo el esquema de “taxi de lujo” y que fue finalmente derogada por el presidente José Raúl Mulino tras una ola de rechazo ciudadano y político.

Los lideres de las apps de transporte cuestionaron que el Gobierno cometió un error al designar a Castañeda sin antes verificar posibles conflictos de interés, señalando sus vínculos con el sistema tradicional de cupos de taxis y la concentración de certificados de operación en su entorno familiar.

Omar Jaén, dirigente de conductores de plataformas digitales aseguró que las autoridades fallaron al nombrar a Justo Castañedas como secretario general de la Autoridad del Tránsito sin antes investigar si formaba parte del sector que debía regular, porque ahora que surge la regulación de las plataformas digitales de transporte queda en evidencia un claro conflicto de interés.

“Cada vez que una persona es adscrita a una junta directiva o como director de una entidad autónoma como el Tránsito se le da la oportunidad de que presente su hoja de vida para que si aparece algún punto que cree un conflicto de intereses tenga la oportunidad de rechazar el nombramiento o renunciar a la actividad con la que choca o riñe su nombramiento”, precisó.

Explicó que cuando una persona es nombrada en un puesto y lo acepta se sobre entiende que cumplió con estos lineamientos y no se convertirá en juez y parte de alguna actividad que debe regular

Para Jaén, el caso de Castañeda pone en evidencia porque las autoridades deben ser muy prístinas a la hora de seleccionar los directivos de entidades para evitar precisamente que se den cuestionamientos a la hora de hacer una regulación o tomar una decisión que afecte a un sector

Destacó que cuando se reunieron con Castañeda no tenían idea de los intereses que el mismo tenía en el transporte selectivo pero ahora que lo saben tienen un criterio más formado para evitar que la directiva sea cuestionada por conflicto de intereses.

“Simplemente parece que alguien no hizo la tarea de investigar a Castañeda para que no hubiera conflicto de intereses”, recalcó Jaen.

El conductor explicó que una de las cosas que pretenden con la regulación es formar parte de la junta directiva del Tránsito para no ser sorprendidos como paso con el Decreto Ejecutivo No. 10 que pretendía regular las plataformas digitales de transporte.

Además con esta también buscan evitar que se den nombramientos de personas en puestos claves que pudieran tener conflicto de intereses por formar parte importante del sector que deben regular, ya sean taxis, buses o colegiales.

El caso ha reavivado críticas al modelo de concesiones en el transporte, señalado por concentrar poder económico, distorsionar la competencia y frenar la modernización del sector.

El exdirector de la ATTT, Ovigildo Herrera, lanzó una crítica directa al sistema. “Hace años lo tienen secuestrado y al director que intenta frenarlos lo destituyen”, afirmó, aludiendo a intereses históricos que, según él, controlan la actividad.

Por su parte, el diputado Neftalí Zamora dijo estar en contra del sistema de las concesionarias y que una familia, una empresa, un político o incluso un diputado sea el dueño del monopolio del transporte público en un área específica, porque este era un machete de los transportistas y los mismos deberian ejercer su labor sin tener que pagar cupos, cuebtas de zarpe u otro gasto adicional solo por querer prestar el servicio de transporte a su comunidad.

Mientras el Gobierno propone instalar una mesa técnica para revisar la regulación, persisten dudas sobre su transparencia y la influencia de actores cuestionados. Sectores empresariales como la Cámara de Comercio advierten que enviar a Castañeda de vacaciones es una medida insuficiente, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la credibilidad institucional y el futuro de la movilidad en Panamá.