Huelga de PedidosYa en Panamá reabre debate sobre tarifas, plataformas y vacío legal

El paro de motorizados de PedidosYa, iniciado el 13 de abril, no solo ha interrumpido entregas y alterado la rutina de restaurantes y consumidores. También ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión de fondo: qué tipo de relación existe realmente entre las plataformas digitales y quienes sostienen, sobre dos ruedas, buena parte de la economía del ‘delivery’ en Panamá.

Densy Iván Cárdenas, vocero de la Asociación de Motorizados, resumió el origen del conflicto en una frase: “Es sencillo”. Según explicó a La Estrella de Panamá, el detonante fue la intención de la empresa de extender un método de pago por kilometraje que, a juicio del gremio, reduce sus ingresos y desconoce la realidad operativa de la capital.

Cárdenas recordó que, en una etapa anterior, los repartidores recibían $3.25 por pedido sin importar la distancia. Tras una protesta previa, esa tarifa quedó en $2.50. Ahora, asegura, la plataforma busca generalizar un esquema cuya base arranca en cifras mucho menores y varía según el trayecto. Para los motorizados, el problema no es únicamente cuánto se paga, sino cómo se calcula.

“Ese método no funciona en la ciudad de Panamá por lo pequeña que es, o sea, está muy sectorizada”, sostuvo. En su lectura, el modelo por kilometraje puede parecer lógico en mercados de gran escala, pero no en una ciudad donde muchos trayectos son cortos, el tráfico encarece el tiempo de trabajo y los costos de operación recaen íntegramente sobre el repartidor.

La inconformidad no se limita al monto por entrega. El vocero describió un sistema que, según dijo, impone horarios, penalizaciones y controles que estrechan el margen de autonomía del motorizado. Aunque insiste en que no desean ser tratados como empleados, sí reclaman condiciones más equilibradas dentro de una relación que la plataforma presenta como de servicios profesionales.

“Yo quiero seguir prestando mis servicios profesionales, pero que mantengamos el contrato. Ellos violentan el contrato”, afirmó.

El desgaste económico es uno de los ejes de la protesta. Cárdenas aseguró que hace unos años un repartidor de tiempo completo podía generar entre $500 y $700 por semana. Hoy, dijo, esa cifra ronda los $400, mientras que quienes trabajan medio tiempo pueden quedar cerca de $250. La diferencia, según su testimonio, se agrava cuando se suman gasolina, mantenimiento de la moto, seguros y el riesgo propio de circular a diario por la ciudad.

A ello se suma el desgaste humano. El vocero sostuvo que la empresa apuesta al cansancio del gremio: esperar a que la necesidad obligue a los repartidores a volver a conectarse. Describió casos de motorizados con compromisos familiares urgentes, incluidos hogares con recién nacidos, que aun así se han mantenido fuera de la plataforma desde el inicio del paro.

Pese a ello, los voceros decidieron continuar. En una reunión reciente, según contó, 12 de 18 representantes votaron a favor de mantener la paralización y seis se opusieron. No fijaron una fecha para regresar. La experiencia previa, dijo, les recuerda que una negociación puede extenderse por semanas.

Mientras los motorizados buscan respaldo, la respuesta institucional ha sido limitada. De acuerdo con Cárdenas, se enviaron cartas al Ministerio de Gobierno, al despacho de la primera dama y a la Cámara de Comercio para solicitar mediación y promover una mesa de diálogo con la empresa. Hasta el momento de su declaración, no habían recibido contestación.

El caso se complica por la naturaleza jurídica del vínculo. Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, enmarcó la disputa dentro de la gig economy, un modelo en el que personas independientes ofrecen servicios mediante plataformas tecnológicas. Desde esa óptica, la aplicación no sería un empleador tradicional, sino un intermediario entre proveedor y consumidor.

Icaza explicó que, en este tipo de ecosistemas, las tarifas suelen definirse por algoritmos dinámicos o por acuerdos entre las partes, y que el prestador de servicios acepta los términos y condiciones de la plataforma al incorporarse. Por ello, considera que no se trata de un conflicto laboral clásico, sino de un acuerdo entre privados.

“Lo que correspondería aquí no es tanto que el Estado intervenga de manera directa”, señaló, al sugerir que cualquier reclamo debería examinarse por la vía civil y a la luz del contrato aceptado por los motorizados.

Esa visión choca con la percepción de los repartidores, que sienten que la empresa puede modificar unilateralmente reglas esenciales sin una verdadera instancia de negociación. Allí aparece el vacío: no son empleados en sentido formal, pero tampoco parecen contar con suficiente poder para discutir en igualdad de condiciones con una plataforma de gran escala.

Los efectos ya se sienten fuera del conflicto directo. Restaurantes, comercios y marcas que dependen del reparto a domicilio han empezado a resentir retrasos, agrupación de pedidos y caída en la calidad del servicio final. En productos sensibles, como helados o alimentos de consumo inmediato, la afectación es todavía más visible.

Keene’s fue uno de los negocios que decidió hacerlo público. En un mensaje difundido en redes sociales, informó que pausaría temporalmente su operación en la plataforma al considerar que la experiencia no estaba alineada con el estándar que desea ofrecer a sus clientes. Mientras tanto, optó por redirigir pedidos a otras vías, como llamadas directas, motorizados privados y plataformas alternas.

La huelga de PedidosYa termina así convertida en algo más que una disputa por tarifas. Es un síntoma de un mercado digital que creció con rapidez, amplió opciones para usuarios y comercios, pero cuya arquitectura laboral sigue sin resolverse del todo. En esa zona gris conviven independencia, dependencia económica, flexibilidad, presión algorítmica y ausencia de reglas claras.

Por ahora, el pulso continúa. Los motorizados sostienen que no buscan tumbar el modelo, sino hacerlo más equitativo. Del otro lado, persiste una lógica de plataforma que se asume como mera intermediaria. Entre ambos, quedan los comercios, los clientes y una pregunta cada vez más urgente para Panamá: cómo regular la economía digital sin asfixiarla, pero sin dejar desprotegidos a quienes la hacen posible.